Por Ricardo Wong D.
Fundación PROMAR
Llevamos dos contratos mineros declarados inconstitucionales, confeccionados por equipos de negociadores gubernamentales de dos administraciones distintas, con los mejores, prestigiosos y reconocidos bufetes de abogados.
Es obvio que las negociaciones fueron muy buenas, los contratos fueron muy bien hechos; revisados y aprobados por dos distintas asambleas de diputados para convertirlos en leyes de la república y así quedar blindados ante cualquier disidente. Por la importancia para las partes, la minería debe tener prioridad sobre otras leyes y sectores económicos del país. Supongo que tanta discriminación con el resto de país no podía verse por los negociadores por estar concentrados en lo importante, ser un solo equipo con un solo fin, sacar el máximo beneficio posible, sin importar ni proteger los bienes e intereses de todos los panameños.
También es claro que el poder político y económico marcó ambas negociaciones, el alinear el poder del ejecutivo con la asamblea es bien conocido por todos, creo que las influencias prevalecieron y no me puedo imaginar las celebraciones realizadas por los equipos negociadores en ambas ocasiones en que fue aprobado su “contrato” con éxito.
No sé si la historia aplicará el título de traidores a algunos negociadores o si la ciudadanía los tiene presentes. Esos dos contratos fueron escritos en contra del país y no hubo el menor intento de defendernos, todas las administraciones gubernamentales han tenido numerosos miembros con conflicto de interés con el tema minero y esta no se escapa. Tampoco tengo claro si algunos piensan que estamos en un juego en que llevamos dos strikes y llegó la hora del ponche o viene un home run. ¿Nos encontramos en una situación que no sabemos las reglas que jugamos? Lo anterior, realmente es un desastre. Pero las reglas son claras y no las queremos cumplir, lo peor es que se persiste en aparentar de legal un contrato y validar a un “socio” desleal.
Lo cierto es que la inconstitucionalidad declarada por la corte dejó por fuera otros aspectos lesivos a los intereses que tenemos como nación de las que no se habla. Lo anterior me recuerda las debilidades mencionadas en la Evaluación de Marco de Políticas Minera de Panamá del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en la que se concluye que Panamá no tiene la institucionalidad para manejar la minería. Y es real que Panamá no la tiene con lo sucedido. Ahora nuestros magos quieren crear una institucionalidad con una varita mágica, este acto de magia resuelve ¿nuestro futuro o el de ellos?
El gobierno nuevamente nos falla en varios aspectos. Continúa negociando a espaldas de los ciudadanos, esto no es una negociación entre privados como se quiere manejar. Los minerales son recursos no renovables, bienes de la nación que requieren un manejo especial que no hemos discutido como sociedad. La auditoría de la mina debe ser integral lo cual abarca cosas que van más allá de los compromisos del estudio de impacto ambiental y debe tener un análisis de las instituciones del gobierno en todo lo sucedido. El mentirnos al decir que tendremos una auditoría integral cuando los términos dicen otra cosa, es incorrecto e indigno de los funcionarios de gobierno. Por favor, corrijan y seamos serios. Los ciudadanos no tienen interés de jugar parando goles. La auditoría debe cubrir todos los aspectos que nos puedan servir para cualquier futuro arbitraje que deba enfrentar la nación. ¿o no?
Esperamos que la Presidencia como el ministro de Comercio e Industrias sepan que el borrador de Autoridad Nacional Minera no es la solución que la mayoría de los panameños deseamos y que puede producir protestas como las realizadas en el 2023 y que ningún sector quiere.
La mejor publicidad que puede tener el país para traer inversiones es tener una competencia abierta y un fuerte y efectivo combate a la corrupción, con una ciudadanía empoderada, participativa y comprometida en solicitar rendición de cuentas, transparencia y vigilante de la cosa pública.
