¿Quién define lo legal?

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¿Quién define lo legal?

Jesús A. López Aguilar
Psicólogo

Se defiende lo legal, así dicen muchos que han salido desde varios sectores a pronunciarse acerca del tema de Mossack Fonseca.

¿Quién define lo legal y lo ilegal? Pues, los intereses concretos. Ya lo declaraba Marx en su clásica obra sobre la Filosofía del Derecho de Hegel. El Derecho, como área del desempeño humano, siempre está mediatizado por los intereses concretos de aquellos que tienen la fuerza y la influencia para decidir lo legal y lo ilegal, así como esos mismos fijan lo que consideran moral o inmoral, de acuerdo a sus intereses propios.

En ambos sentidos, hay un dejo de subjetividad, debido a que en ambos casos lo moral o lo inmoral también lo definen quienes tienen la potestad para hacerlo. La moral no es una, ni es universal. Dependiendo de las circunstancias sociales, históricas, científicas, asimismo se define todo lo demás, lo que los marxistas conocen como la Superestructura social. Lo cual incluye la moral definida para dicha sociedad, y la nuestra es una moral llena de laxitud y extremada flexibilidad con personas como estas.

Luego, al no estar inmerso en un debate de la búsqueda constante de la objetividad, al igual que perseguir la verdad, el Derecho no es una ciencia, sino un mecanismo de control y regulación de la sociedad, de acuerdo a las querencias de algunos sectores. Aquí me adentro un poco en uno de mis campos de formación profesional y filosófica, que es la Epistemología. Aunque algunos abogados mediáticos nos hablen de la supuesta “ciencia del Derecho”, que no existe.

Por ello, todos han visto cómo se teje una madeja de argumentos que hablan de la legalidad y la ilegalidad de lo que hacían en Mossack Fonseca. Claro, que cuando uno tiene el poder en la mano hace lo que desea sin reparos. Y las leyes se confeccionan de acuerdo a las necesidades de esos mismos sectores. Fíjense cuántas veces se reformó, por un simple ejemplo, la Ley de contrataciones públicas en el gobierno de Martinelli. O lo que aconteció en el PAN (hoy DAS), para hacer legal la División de Materia, así como muchas otras actuaciones que se hicieron al “amparo de la Ley”.

Por esa razón, el debate, a mi juicio, no va por esa vía. Más bien, se debe encaminar por la senda de lo que la nación requiere para terminar con situaciones que nos afectan, porque se ha hecho legal la trampa en Panamá. Así la ATTT declara que los “busitos piratas”, ˗˗trampas de muerte˗˗, son “legales” porque les dan una autorización. Esos mismos individuos salen a chantajear al gobierno con paros y otras medidas, si no les dan permiso a otros que llegaron después. Hay montones de ejemplos acerca de ello. Es legal el sistema, pero está diseñado para favorecer la comisión de miles de trampas, que en un mundo cada vez más globalizado, más aquejado por las crisis económicas, se hacen difíciles de sostener.

De allí, la persecución en contra de ese sector privilegiado del país, cuyos pingües ingresos a ninguno de nosotros permean.

Hay que tener los sentidos abiertos y la mente alerta para que no nos confundan, en medio de un problema que debe ser resuelto cuanto antes, y dejar una posición clara sobre los demás países que tienen sus propios paraísos fiscales y acusan a Panamá. Nuevamente, el detonante ha sido la corrupción estatal que impera de una u otra forma en territorio panameño.

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