Por Abdiel De León
El día viernes 19 de Octubre del 2012, será recordado como uno de los episodios de la historia de luto y gran oscuridad para la provincia de Colón.
Aquella vez, fue ASESINADO en medio de fuertes protestas el niño Josué Bethancourt Vega y otras personas en la provincia colonense. Las acciones de lucha popular fueron generadas contra la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón.
El presidente Ricardo Martinelli, el ministro José Raúl Mulino, Bartolomé Agüero, Frank Ábrego y otros ESTÁN ACUSADOS DE SER LOS RESPONSABLES por los asesinatos en casas y calles de Colón y como han regido la administración del Estado.
Aparte de Josué, se registraron otras muertes por disparos de armas de fuego, en las que fueron señaladas claramente a la fuerzas policiales movilizadas desde Panamá y otras provincias, además de la utilización de los militares de SENAFRONT y SENAN. Víctimas de las balas de la intervención de esas fuerzas armadas, fueron también: Yamileth Navarro, Jin Dixon Andreve, Irasema Ramos, Mohamed Cañate y una numerosa cantidad de heridos y violentas detenciones.
Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino apadrinaron la Agresividad como llegaron las unidades represivas de la Policía Nacional, el SENAN y el SENAFRONT contra los colonenses.
Pero, lo más indignante fue la actitud de burla y arrogancia que demostró al finalizar el ”tercer debate”, el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Sergio Gálvez, al indicar sarcásticamente, en medio de la violencia: ”¡Vayan a llorar al cementerio!”. Lo dijo moviendo los brazos, con ademanes de triunfo; cuando ya se conocían los nombres de los primeros muertos, por los graves enfrentamientos de manifestantes y la Policía, mientras se multiplicaban las movilizaciones en distintos puntos de las calles de Colón, con el rechazo radical a la medida impositiva del gobierno de Ricardo Martinelli y su partido político CD.
La historia registra esos hechos lamentables para el país
Con la aprobación en tiempo récord y la sanción del anteproyecto de Ley 529 (en menos de 96 horas), propició una nueva situación de indignación que se fue regando en todo Panamá, sobre todo en la ”Ciudad Atlántica”.
La mencionada ley, sancionada como Ley 72 del 19 de octubre de 2012, fue impuesta como Norma de la República, 5 horas después de la aprobación por los diputados y la sanción del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, antes de realizar una gira a Japón y a Vietnam.
Esa actuación dispuso la venta de todos los terrenos de la zona franca, ubicada en la costa de Colón, a orillas del Canal Interoceánico. El gobierno de turno justificó esa venta a razón de la creación de un fideicomiso con el 35% de las utilidades de la venta.
(La Zona Libre de Colón genera a empresarios ganancias superiores a los 20.000 millones de dólares anuales, en una empobrecida provincia hecha ruinas).
Luego de 76 horas de protestas, se agudizó la situación por las decenas de barricadas en las diferentes calles y barriadas.
Las Fuerzas Policiales y militares redoblaron la seguridad e iniciaron una fuerte ofensiva, pero por la indignación y las intensas protestas obligaron a las autoridades a declarar un “Toque de Queda”, que inició a las 16:00 (hora local).
El Ministerio de Seguridad ordenó el patrullaje aéreo, mediante helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), donde desplegó un contingente de centenares de efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) para imponer la mano dura y la fuerza.
Los decesos aumentaron
A tempranas horas de la noche, se informó en un parte médico oficial y parcial, que un menor de nueve años de edad murió por impacto de bala, y que había decenas de heridos.
La Fuerza Pública emitió, por su parte, un boletín policial de 3 policías heridos de bala, 5 oficiales heridos por objetos contundentes y decenas de detenidos.
Mientras tanto, la Cruz Roja Panameña montó guardia permanente en el tratamiento y movilización de heridos a la sala de emergencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, único hospital público de la ciudad.
La solidaridad se hizo presente
La diligencia de la Comarca del Occidente de Panamá lanzó un ultimátum de tres días al gobierno nacional, para derogar la Ley 72, de lo contrario saldrían a las calles para protestar por los colonenses. Los Ngäbes y los Buglés son indígenas de las áreas en Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro. Ellos también protestaron enérgicamente y lograron evitar la explotación masiva minera e hidroeléctrica en las zonas comarcales y no comarcales.
De igual forma, se pronunció el colectivo de gremios y organizaciones populares aglutinados en el Frente Nacional en Defensa por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), que ya habían realizado acciones desde las bases estudiantiles, obreras y de otros espacios populares.
Martinelli escribió en su cuenta de Twitter, desde Japón, que derogaría la venta de terrenos, pero aumentaría al 100% el alquiler, y que el dinero iría al pueblo de Colón. Al contrario del comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, no dice que se derogaría la ley ni la venta.
Los medios informaron sobre cuatro muertos en siete días de conflicto, pero fuentes médicas y testigos presenciales de los hechos hablaron de más de siete personas fallecidas y centenares de heridos y detenidos por las Fuerzas represivas.
