Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El Canal de Panamá, principal bastión histórico y recurso económico de la nación, inicia una nueva etapa bajo la conducción de una dama con gran experiencia en el manejo de ese símbolo de la nacionalidad panameña.
La nueva administración comienza con la conmemoración de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977, cuyo espíritu de neutralidad es la mayor garantía de que ningún poder extranjero pretenda dominarlo a través de la la fuerza o la amenaza.
Para sostener la neutralidad de la vía interoceánica, los panameños deben respetar ese principio y derrotar a quienes hacen exactamente lo contrario en perjuicio del ejercicio soberano de Panamá.
Desde su reversión a este país en 1999, el Canal en manos panameñas ha entregado más de 28.266 millones de dólares al Tesoro Nacional, consolidándose así como uno de los principales sustentos económicos del Estado panameño.
Bajo la administración estadounidense (1904–1999), Panamá recibió apenas 255 millones de dólares. La diferencia en ingresos es abismal y confirma la justicia de la lucha nacionalista para poder recuperar esa portentosa obra de ingeniería, por la que transitan barcos de todas las banderas del mundo.
No obstante, es difícil señalar con precisión cuáles han sido los beneficios tangibles que esa fabulosa suma transferida ha significado para el desarrollo nacional. Por ese motivo, urge un diagnóstico profundo y la necesidad de legislar sobre su distribución, para que que los aportes del Canal ayuden a solucionar progresivamente los problemas medulares de la población.
En esta fecha, no debía haber en Panamá ningún panameño pobre o excluido. Ese fue el ideal que inspiró la lucha por la soberanía y la completa descolonización del territorio canalero, en el pasado repleto de bases extranjeras.
La toma de posesión de la administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, no sólo es histórica, sino también un compromiso de enfrentar retos cruciales: la escasez de agua dulce y los fenómenos climáticos, la competencia de diversos proyectos alternativos a la ruta, la modernización institucional y la eficiencia operativa de la vía acuática.
Pero, sobre todo, habrá que preguntarse si la administradora resistirá las presiones de Estados Unidos para que se supedite a los dictados de la Doctrina Donroe. Sin duda, el cargo asumido representa la oportunidad de promover el mayor uso de los fondos que produce el Canal, en procura de los beneficios económicos generados anualmente.
El futuro de Panamá depende de que ese bastión de soberanía se traduzca en bienestar efectivo para el pueblo. La defensa del Canal no es únicamente un acto de memoria histórica, sino un compromiso presente con la justicia social y el desarrollo nacional.
Asimismo, la juventud panameña debe estar preparada para frenar los actos de malabarismo que intenten socavar este importante bastión histórico y nacionalista, que tantas vidas costó en las gestas patrióticas y soberanas del siglo XX.
