Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Delegados al Primer Encuentro Nacional de Abogados exigieron hoy al gobierno del presidente José Raúl Mulino el respeto a las garantías constitucionales y el cese inmediato de la represión policial aplicada a los movimientos sociales y comunidades en rebeldía.
El jurista Arturo Trelles señaló que los tres grandes temas que han movilizado a la población son el intento dr reabrir la mina de Cobre Panamá, en el distrito de Donoso, las reformas introducidas en la Caja de Seguro Social (CSS)y los memorandos de Entendimiento firmados con Estados Unidos, que lesionan la soberanía de este país el Tratado de Neutralidad del Canal interoceánico.
Resaltó que el Primer Encuentro Nacional de Abogados apunta a la unidad popular para la recuperación del vulnerado Estado de Derecho y el ejercicio de la soberanía plena de Panamá sobre su territorio, en el contexto de amenazas globales originadas en Washington.
Al respecto, la docente Universitaria Anayansi Turner planteó que el Estado de Derecho, es decir, el principio de la gobernanza, ha sido sustituido por la arbitrariedad, el abuso de poder y el incumplimiento de la Constitución y las leyes vigentes que amparan la protesta social y la libertad de expresión.
”Las garantías fundamentales están siendo violadas sistemáticamente en Panamá”, puntualizó Turner al describir el manejo abyecto del sistema judicial en el gobierno de Mulino, en el que se destacan los allanamientos de morada, los arrestos y el congelamiento de cuentas bancarias en perjuicio de dirigentes sindicales que defienden la ”sagrada soberanía nacional” del neocolonialismo.
Por su parte, el especialista en Derecho Laboral Rolando Murgas Torraza, afirmó que, en la práctica, rn este país, ”hay un desmantelamiento del Estado de Derecho, que es pieza fundamental en cualquier sistema democrático”.
Adujo que en la actual administración de Mulino ”se está sacrificando la independencia de los órganos del Estado y se impone el ejercicio arbitrario del gobierno”, lo que es fácilmente demostrable a través de los intensivos ataques policiales con gases en contra de pacíficas aldeas indígenas.
”Se está llevando (el gobierno) la Constitución por delante”, acotó la jurista y promotora de un sistema judicial sin manipulaciones de influyentes grupos de poder económico y político.
Murgas Torraza aclaró que aunque Panamá es signatario del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, incumple ese compromiso. Previó que debido a ese incumplimiento, este país podría ser declarado el primer violador del mundo de ese convenio fundamental.
Asimismo, sostuvo que los dirigentes sindicales detenidos a través de actos arbitrarios o sometidos a procesos extrajudiciales deben ser considerados ”presos políticos”, debido a que son víctimas de un sistema injusto, corrupto e inhumano implantado.
En el encuentro de juristas participaron lideres de las comarcas indígenas Emberá y Guna Yala, quienes han salido a las calles para exigir la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la vida humana y el cese de la brutal represión policial.
