El modelo de acumulación de riquezas que genera desigualdad y exclusión, ha terminado por mostrar a los panameños un escenario con una cruda realidad: una clase en la que los ricos mueren de indigestión y otra de pobres que se extinguen por hambre. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo refleja cada año en informes que advierten una marginalidad infame.
Los abismos sociales han crecido, haciendo que el poder económico dominante someta al Estado panameño y le impida tender la mano a la industria local y al sector productivo rural. Por encima de todo, esas elites opresoras orquestaron leyes para favorecer al capital financiero y despojar al país de los bienes territoriales en las áreas del Canal de Panamá, en perjuicio del patrimonio nacional.
En ese proceso de sometimiento, la Justicia, la Seguridad y el Cuerpo Legislativo quedaron bajo la férula del capital financiero, coaligado con corporaciones multinacionales que fomentan la corrupción, el saqueo de recursos y el entreguismo de gobernantes. El modelo depredador desmontó el proyecto Torrijista e intenta impedir el fuerte resurgimiento de la conciencia colectiva.
Pese a ello, los excesos, los desmanes y la pérdida del rubor político frente a escándalos de corrupción, han permitido a organizaciones sociales percatare de que ese mismo modelo, presumiblemente responsable del auge económico comercial, arrastra a Panamá hacia un despeñadero. Es evidente que un país donde se asalta al Estado y se roba a los pobres, la lucha organizada es un imperativo.
La unidad de acción entre movimientos y sectores progresistas debe ser la vía para encarar a los representantes del modelo excluyente. Se requiere que esas mismas fuerzas tengan la capacidad de definir y articular un programa mínimo coherente y diseñar alternativas para recuperar el camino perdido, y garantizar la plena soberanía, la dignidad, la justicia social y el fin del clientelismo político.
El reto está planteado: ¡Hay que despejar el camino, sin dobleces!
