Responsabilidad canalera intransferible. Editorial del martes 17 de septiembre

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La clave para que sigan funcionando las viejas esclusas del Canal de Panamá abierto a la navegación mundial el 15 de agosto de 1914, ha sido el mantenimiento en áreas esenciales. Por ello, sorprende que una mampara relativamente nueva instalada en el tercer juego de esclusas haya colapsado en medio del asombro de trabajadores calificados que laboran en la vía acuática.

El incidente descrito fue denunciado por la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, que solicitó una “investigación exhaustiva”, por parte de expertos, con el objetivo de determinar el alcance de lo ocurrido. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desmintió que se hubiese registrado un derrumbe en las esclusas construidas por el consorcio Grupo Unidos por el Panamá (GUPC).

Ante la difusión de fotos desastrosas en las redes sociales, la ACP respondió a través de un comunicado que “la afectación a la guía ocurrió como resultado de un efecto imprevisto durante pruebas de inspección al nicho de una de las compuertas”, y que esas revisiones “están establecidas en el contrato de construcción de las nuevas esclusas” en la vía en manos panameñas.

El pronunciamiento oficial deja interrogantes sin respuestas y genera dudas sobre la calidad y durabilidad de la estructura entregada a Panamá por el GUPC, cuya empresa líder Sacyr Vallehermoso enfrentó dificultades para el cumplimiento de los contratos e interpuso reclamos por sobrecostes que duplican el monto de obras adjudicada al consorcio internacional.

La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta denunció con antelación que hay un “desmejoramiento” de las condiciones de seguridad en la vía acuática, así como intentos dirigidos a una tercerización de servicios. La ACP ha refutado esos argumentos y sostiene que siguen abiertas las vías de dialogo para ventilar internamente reclamos de la fuerza laboral panameña.

Los problemas canaleros han generado cierto escozor en la epidermis de la población, que hace meses se percató del uso de información privilegiada, por parte de un grupo económico, para convertirse en dueño de tierras ribereñas con vocación portuaria, sin que hubiese existido ningún proceso de consultas públicas para determinar el futuro de esas áreas muy valiosas.

Quienes lucharon por la recuperación de la soberanía panameña en la franja canalera y el desmantelamiento del enclave colonial en la antigua Zona del Canal, no pueden permanecer indiferentes ante hechos de impacto que generan inquietud y transmiten al mundo una imagen de opacidad e inseguridad en labores relativas al tránsito de los buques de distintas partes del mundo.

El Canal de Panamá es el principal activo de la nación panameña. Costó grandes sacrificios generacionales poder administrarlo y ningún patriota aceptará que se convierta en botín de una clase explotadora. Además de reclamar la neutralidad, los panameños exigen transparencia, seguridad y eficiencia en su operación. Esa es una responsabilidad histórica e intransferible.

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