Por David Carrasco
Productores agropecuarios en el distrito de Barú, quienes se oponen a ceder sus tierras en la occidental provincia de Chiriquí, a la empresa Banapiña, S.A. subsidiaria de la multinacional Del Monte, denunciaron el ataque de grupos oficialistas que usan maquinaria pesada para la destrucción de cultivos, con el objetivo de obligarlos a abandonar el área.
Marvin Wilcox, dirigente de los productores nacionales de Barú, asostuvo que “esos ataques ilegales no van a intimidarnos”. El dirigente acusó a unidades de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras de ingresar en forma arbitraria a sus fincas, donde derribaron y destruyeron cultivos listos para la venta.
Indicó que es “inconcebible” que, en plena Semana Mayor de la Cuaresma Católica, el gobierno haya ordenado derribar cultivos de gente pobre y trabajadora, lo que revela la “falta de principios y valores morales” de los círculos de poder y un desinterés por el desarrollo del sector primario de la vulnerada economía.
Wilcox había sido detenido en enero de este año tras denunciar un complot entre poderosos grupos financieros y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, para la usurpación en contra de los productores, quienes desde hace 20 años se dedican a la siembra de hortalizas y a la cría de animales domésticos, amparados por el derecho posesorio previsto en el Código Agrario vigente.
Indicó que las unidades del Servicio Nacional de Fronteras, mejor conocido como el SENAFRONT, deberían estar dedicados a la prevención del narcotráfico en la zona limítrofe entre Panamá y Costa Rica, y no a ejecutar órdenes aborrecibles, inhumanas y ajenas al derecho. Adujo que la Policía tiene el deber de cuidar la vida y honra de la población civil trabajadora, y no perseguirla en forma absurda.
Wilcox acusó al gobierno de utilizar a la jueza de Paz Urzana Valdés para cometer las “aberraciones jurídicas” en contra de familias humildes, quienes exigen que el litigio sea ventilado en la jurisdicción agraria. Con ello, se demostraría que el derecho le asiste a ex trabajadores en las centenarias plantaciones bananeras de las multinacionales frutícolas instaladas con múltiples privilegios en este país.
A su vez, la presidenta de la Asociación de Productores de Panamá, Ada Pinzón, planteó que “hay un atropello inaceptable en contra de los productores”, y que es necesario que todo el país sepa las injusticias que se cometen contra gente honrada que está dispuesta a defender los derechos posesorios hasta la muerte. Añadió que los jueces agrarios aún no han emitido los fallos correspondientes sobre una demanda interpuesta.
Pinzón instó al movimiento popular y a las asociaciones de productores en todo el país a mantenerse en vigilia, para evitar el despojo de las tierras y que grupos codiciosos se beneficien de un recurso patrimonial que no les pertenece.
