Poblaciones a merced del engaño
Desde hace décadas, la población panameña ha sido vencida por los abusos en el comercio, las estafas, las leguleyadas en el ámbito judicial y hechos que ponen en riesgo la seguridad personal y colectiva, sin que el Estado se erija como salvaguarda idóneo. La muerte de una mujer que puso su seguridad en manos de falsos médicos que operaban una clínica estética sin autorización de las autoridades, es sólo la punta de un iceberg de ese entramado.
Miles de productos sin registros sanitarios, falsificados o vencidos ingresan todos los años al mercado panameño, para ser incorporados a lotes de mercaderías de consumo. Las medidas aduaneras son insuficientes para detener ese tipo de negocios que tienen impacto desfavorable en la vida de las personas. Mafias locales y extranjeras, así como autoridades venales, están detrás de esas actividades perniciosas que retan el concepto de la legalidad y las normas.
La migración masiva y desordenada en Panamá ha contribuido a sumar ingredientes al caldo de cultivo para el engaño a usuarios y consumidores desprotegidos, quienes no encuentran en la legislación vigente el respaldo necesario para ventilar demandas contra abusos y estafas. La falsificación de certificados de operación de locales y la coima forman parte de una cultura de trampa y corrupción que es necesario cambiar, para que predomine el imperio de la Justicia.
Un ejemplo del modelo de abusos, está retratado en las personas que adquirieron viviendas en urbanizaciones construidas en zonas inundables, en las que los desarrolladores han intervenido el sistema hidrológico al margen de estudios técnicos serios. El resultado es el caos, el abandono y la falta de respuestas para enfrentar el fruto de la corrupción que se esconde en los permisos oficiales para edificar y vender barriadas vulnerables, sin escrúpulo inmobiliario alguno.
Sólo así se puede explicar que en Panamá los criminales implicados en delitos de alto perfil salgan libres, y que en los casos en que son condenados, puedan abandonar los recintos penitenciarios por la puerta ancha como triunfadores del sistema. La magnitud de todos los delitos económicos cometidos contra la población alcanza cifras astronómicas, pero el monto de ese dinero recuperado es ínfimo y no se ajusta al tamaño del saqueo perpetuo perpetrado con saña.
Los derechos económicos y civiles de la gente deben ser blindados contra un modelo usurpador y represivo que predomina. Las organizaciones que luchan contra la corrupción deben evitar que las comunidades empobrecidas sean además arrinconadas por fraudes cometidos por los depredadores del Estado. Frente a esos desmanes, hay que erguirse con dignidad y valentía para vencer la inequidad, el miedo y los esquemas de atracó, engaño, vicio y clientelismo.
