La violencia contra la mujer es un problema prevalente en todo el mundo, pero en Panamá se ha agravado debido a las condiciones desfavorables generadas por la sindemia de Covid-19.
El deterioro de las relaciones familiares y el estallido constante de casos de violencia repercuten en el sistema de Justicia, donde hay registros alarmantes que revelan la situación vulnerable de las mujeres y su limitado acceso a las instancias de decisión política para cambiar ese panorama.
La incertidumbre generada por el descenso en el poder adquisitivo familiar, la reducción de salarios reales, la pérdida de empleo y de ingresos económicos, enseñan el rostro oculto de una sociedad que excluye y castiga más a las mujeres.
En 2020 y 2021, han sido cada vez más notorios los casos de violencia, inequidad y discriminación hacia el género femenino, así como la existencia de débiles mecanismos de protección social del Estado hacia personas en edad productiva.
En Panamá, 1 de cada 7 mujeres, entre 15 y 49 años de edad, sufre algún tipo de violencia y discriminación por parte del género masculino. Ello revela un grave problema estructural en la sociedad.
Las mujeres tienen derecho a vivir en ambientes seguros, pero son constantemente víctimas de la violencia dentro y fuera de sus hogares.
En este espacio, nos proponemos generar un debate serio a favor del desarrollo integral de las mujeres y la revisión del papel rector de las instancias oficiales en materia de los derechos humanos.
