Por Sergio S. Sánchez Silvera
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En los próximos años, Panamá será un país en el que la principal actividad económica estará ocupada por la minería. Sin embargo, la mayoría de la población no ha sido preparada o educada, y menos consultada, sobe la actividad minera, que provee los peores empleos y salarios a la fuerza laboral.
De cumplirse ese pronóstico del Ministerio de Comercio e Industrias, la cantidad de territorio involucrado en minería superará prontamente el dedicado a la agricultura.
Los gobiernos post invasión cedieron y están cediendo gran parte del territorio nacional a la codicia de las compañías mineras internacionales y sus agentes locales (la oligarquía apátrida) amparados y respaldados por las organizaciones financieras internacionales y los países con economía centralizada que buscan incrementar sus riquezas.
El pillaje se fundamenta en las reformas introducidas al Código de Recursos Minerales de Panamá, de manera tal que sea una copia al calco de la Ley 9 de 1997 (Ley de Petaquilla). El código no sólo les garantiza a las mineras que se llevarán el mineral gratis, sino que el Estado panameño les pagará por llevárselo.
Hasta junio de 2018, el Ministerio de Comercio e Industrias había cedido en explotación (extracción) 71.932 hectáreas, repartidas entre 16 proyectos mineros metálicos. Aunado a ello, hay en estudio 1,290,281 hectáreas repartidas en 140 proyectos mineros metálicos en etapa de solicitud (exploración). Se espera que 1,362,214 hectáreas, o sea el 18,1 % del territorio nacional, sea prontamente minas en producción. Los proyectos están repartidos en todas las provincias, comarcas y distritos del país.
En cuanto a la minería no metálica, hay 127 contratos de extracción que ocupan 136,632.23 hectáreas, de las cuales 8.460 son de para extracción de arena marina. En estudio figuran 262 solicitudes que prevén conceder 947.441 hectáreas en tierra firme, o sea un (14.37%) y 66,580 hectáreas de arena marina. En conjunto, la minería no metálica prevé conceder en un futuro próximo en 2,304,093 hectáreas de territorio nacional.
Finalmente, se colige que de concretarse todas las solicitudes mineras metálicas y no metálicas, el 32.4 % de la superficie de Panamá estaría dedicada a la minería.
A través de sus cláusulas económicas, la ley 9 de 1997 da seguridad a la compañía minera de llevarse el mineral sin aportar nada al fisco nacional. Se señala aquí la parte esencial de algunos de esos artículos. La cláusula décimo quinta indica que el Estado entregará a la minera un crédito fiscal igual a las sumas que la empresa invirtió en instalarse en el caso de Minera Panamá 6.400 millones de dólares.
En esa misma clausula, en el literal “E”, se subraya que el Estado permitirá deducciones por gastos en ayudas sociales y se considerará como gastos generales deducibles los impuestos, derechos, tasas, cargos y demás contribuciones y las sumas pagadas al Estado, así como los gastos que sean inherentes, que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños, de conformidad con ese Contrato…
La cláusula décimo cuarta dice, por ejemplo, que la empresa minera sólo pagará impuestos cuando se haya descontado todo lo gastado para en instalarse (6.400 millones de dólares la cantidad de Minera Panamá), y sólo pagará impuestos municipales, cánones superficiales y regalías.
Esa descripción sirve para ejemplificar que la minería será un negocio pésimo para el país, ya que de las muchas minas que se instalen sólo quedará a este país la contaminación.
Fuente: Contratos mineros, agosto de 2018, Ministerio de Comercio e Industrias.
