Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El informe del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) fue claro y preciso: la mina a cielo abierto en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, fue una locura, y su cierre también lo fue.
En consecuencia, cualquier reapertura no puede darse sin considerar los efectos contaminantes que generará esa explotación, pues ninguna fortuna será suficiente para paliar el desastre que provocará ese proyecto industrial.
Los ministros de Comercio y Economía vendieron a la población la idea de que el cierre de la mina había provocado un desastre económico inconmensurable y que miles de panameños se empobrecieron debido al cese de una explotación mineral que nunca fue necesaria en el el período de vida republicana.
El extractivismo intensivo fue ejecutado a mansalva para enriquecer a grupos privilegiados nacionales y extranjeros, pero desató un conflicto político y ambiental que perdura hasta la fecha.
De hecho, el informe oficial dejó claro —como lo señaló sin pudor un influyente factótum de este país— que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no resolvió el dilema de qué hacer con el sitio de la intensiva extracción mineral.
Y acto seguido añadió: el sitio existe. Esa frase constituye el primer paso estratégico hacia la reapertura, con miras a financiar y recuperar una imagen de fortaleza frente al proceso político electoral que se avecina.
Lo que no mencionaron en el estudio los ejecutivos del poder, es que la reapertura de la mina contaminará, inevitablemente, el área y el sistema hídrico. La contaminación incluye a elementos tóxicos como el cianuro y daños físicos al río Indio, en la cuenca canalera .
La estrategia ha sido hábilmente concebida: cerrarla técnicamente sin aporte estatal, para luego reabrirla con falsos argumentos patrióticos y promesas de una ficticia bonanza económica, con el objetivo de paliar las manifestaciones y protestas populares.
Pero, como suele ocurrir, el informe de Mi Ambiente nadó en dos aguas. Simplemente, no mencionó el riesgo que se cierne sobre el río Indio, porque esa respuesta corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que guarda silencio.
Sin duda, la ACP debe pronunciarse, desde ahora, con transparencia y firmeza, sobre si la reapertura de la mina contaminará las aguas del río Indio, tomando en cuenta el desastre de la explotación minera.
