La industria de la construcción es, sin duda, uno de los motores de la economía panameña. Sin embargo, las catástrofes frecuentes causadas por el estallido de edificios por escapes de gas y el colapso de estructuras mal instaladas revelan que detrás del “boom” de esa industria se ocultan vicios y actos de corrupción que terminan por arrebatar la vida e inferir daños considerables a la población indefensa.
El evidente relajamiento en las medidas de supervisión en la arquitectura, la pérdida de valores de profesionales que incumplen normas de calidad al utilizar materiales de baja calidad distintos a los recomendados, y la falta de previsión, son hechos que convierten muchas veces a una vivienda en venta en una potencial trampa de muerte para las familias que buscan hogares seguros y confortables.
La coima o el soborno pagado a inspectores oficiales de obras civiles ha aumentado el peligro en los proyectos urbanísticos, mientras que los propietarios descubren con asombro que las viviendas adquiridas a través de préstamos hipotecarios presentan rajaduras, asentamientos en el suelo o fueron construidas en áreas inundables, sin que nadie se haga responsable por hechos atribuidos a estafas.
En el país que ostenta el galardón de ser el sexto más inequitativo en el mundo, hay también proyectos millonarios que convierten a sectores urbanizados en una especie de Venecia tropical cada vez que llueve. Ello confirma el exiguo manejo de aguas superficiales y pobres drenajes en una urbe propensa al cambio climático en la que son arrasadas áreas verdes y prevalece un sistema pluvial obsoleto.
El director de Obras y Construcción de la Alcaldía de Panamá denunció hace tres años que el 75 por ciento de los proyectos ejecutados en la Ciudad de Panamá carece de los permisos de construcción. Ello demuestra una falta de control legal en una esfera donde el interés de lucro inmobiliario supera a las normas vigentes, reglamentos y aspectos éticos en esa industria cimentada con concreto y acero.
Sin embargo, hay un pueblo que llegó al hartazgo de ser víctima perpetua de los grupos económicos dominantes que, además de beneficiarse de contratos con el Estado, despojan a la urbe de aceras y plazas, violan las servidumbres, atentan contra el paisaje urbano o conspiran contra los derechos de los ciudadanos en una especie de jungla de asfalto en la que se ejerce la gentrificación y el expolio brutal.
La ausencia de la adecuada planificación científica enciende señales de alarma en diversas comunidades que exigen al Cuerpo de Bomberos y a los Municipios el compromiso de expulsar de sus filas a elementos sobornables, para reducir el riego de desastre en puentes y edificios. La demanda de seguridad es justa en una metrópoli con una débil resiliencia, que en 2019 conmemora 500 años de fundación.
