Por Nils Castro
El mito de los próceres, el rotundo título del libro de Olmedo Beluche, prueba que la llamada “fiesta patria” panameña del 3 de noviembre carece del valor histórico que se le atribuye. Antes bien, exalta al día en el que nuestro país fue separado de Colombia, pero no para crear el Estado nacional panameño, sino para instalar la administración local de un régimen sui generis: el protectorado que más le convino al apremio del gobierno de Teddy Rooslvelt para construir de inmediato un Canal interoceánico, sin los inconvenientes que ocasionaba la sujeción de ese territorio a las autoridades colombianas de la época.
Los panameños quedamos así en un país enajenado, con la porción más codiciada de su suelo usurpada y regida por una potencia extranjera. ¿Qué sentido tiene festejar cada aniversario de ese acto de enajenación? El de seguir legitimando la designación del grupo local de cómplices de esa usurpación como los encargados de administrar al país. Ese grupo –básicamente funcionarios de la empresa estadunidense del ferrocarril interoceánico asociados a la oligarquía de comerciantes locales–, mayormente conservadores en un país de mayoría liberal, así quedaría manejando al país según los fines estadunidenses y sus propias conveniencias como oligarquía lugareña.
Demostrado eso por el libro de Beluche, falta algo más por explicar: cómo, tras tan mal comienzo, en este país luego se fue formando, a través de qué etapas, una conciencia nacional y un patriotismo panameños. Ese ha sido un proceso complejo y demorado, pero real. Hace mucho no cabe duda de que este patriotismo existe, no igualmente en toda la población, pero existe y ha estado en capacidad de hacer historia, y aún puede hacerla.
El desarrollo de ese patriotismo ha pasado por más de tres hitos. Entre ellos, el Movimiento Inquilinario de 1925, el masivo rechazo popular al convenio Filós-Hines de 1947, la heroica gesta de los Mártires de Enero de 1964, y el recuento prosigue. Sin embargo, señalarlo requiere mayores precisiones.
Si bien el Movimiento Inquilinario detonó en las grandes protestas de 1925, como resultado de una acumulación de malestares sociales, tuvo más de un aspecto. El fundamental, la desesperación de la gran masa de trabajadores, locales y de otros países, reclutados por los norteamericanos para trabajar en las obras de la construcción del Canal y de sus instalaciones auxiliares, militares y civiles. Concluidas estas, esos trabajadores y sus familias fueron abandonados a su suerte, condenados a pagar alquileres exorbitantes para habitar en miserables edificaciones cuyos propietarios eran, principalmente, los oligarcas y comerciantes locales.
Una evidencia del proceso acumulativo de irritación social fue que desde dos años antes, en 1923, en Panamá se había constituido el Movimiento de Acción Comunal. Esa organización semiclandestina, integrada por intelectuales y profesionales de clase media, expresaba dos críticas principales: que el gobierno del presidente Florencio Harmodio Arosemena era ineficiente, clientelista y corrupto, y que dependía demasiado de los norteamericanos en los temas económicos y políticos. Ante eso, asumía dos objetivos principales: fortalecer la soberanía nacional, y promover los valores cívicos y nacionalistas.
Ello prueba que antes de 1925 en el país ya había una sensibilidad nacionalista ofendida, así como rechazo a la corrupta e ineficiente sumisión del gobierno oligárquico legado por los “próceres” de 1903. Para más señas, los numerosos artículos periodísticos y declaraciones emitidas por Acción Comunal incluyeron los de solidaridad con el Movimiento Inquilinario y, con mucha fortaleza, los publicados contra ese gobierno por haber pedido tropas norteamericanas al gobierno de la Zona del Canal para reprimir las movilizaciones de protesta del pueblo panameño, decisión que Acción Comunal calificó como una afrenta contra la soberanía nacional.
Entre los principales líderes de Acción Comunal se reconoce al odontólogo Ramón Mora, quien lo presidió desde su fundación, así como a Víctor Florencio Goytía, ideólogo del grupo y quien le dio su nombre, así como al ensayista y periodista Harmodio Arias.
El 2 de enero de 1931 Acción Comunal sorprendió al país, al régimen y a los estadunidenses asestando un Golpe de Estado civil, el cual rompió la rosca que desde 1903 manejaba al gobierno local, sin que hubiera ninguna resistencia social contra esa iniciativa. Ese día, Acción Comunal emitió una proclama que justificó lo actuado denunciando que el gobierno depuesto solo servía a la élite oligárquica, señalaba su clientelismo político y su desconexión con el pueblo, así como su obsecuencia y falta de soberanía ante los Estados Unidos. Enseguida, publicó también artículos que pedían una “regeneración nacional” y la necesidad de un gobierno moralizador y nacionalista. Se designó a Ricardo J. Alfaro –un jurista muy respetado– como presidente provisional, quien se dedicó a poner orden en la administración y en las relaciones con Estados Unidos, y a preparar unas elecciones confiables para el año siguiente.[1]
El Golpe del 2 de enero de 1931 abrió paso a nuevas fuerzas políticas (entre ellas el Partido Laborista, surgido del Movimiento Inquilinario) y debilitó la hegemonía de la élite tradicional. Sin embargo, como organización, Acción Comunal se dispersó y gran parte de sus fundadores y miembros volvieron a sus actividades profesionales.
En las elecciones de 1932 el ganador, Harmodio Airas, fue postulado por el Partido Liberal Doctrinario, la mayor de las fracciones en que ya estaba dividido el liberalismo, entre ellas, la más reformista y nacionalista. Durante su mandato se creó la Universidad de Panamá y se firmó el Tratado Alfaro-Hull, que aumentó la anualidad que Washington pagaba por el Canal y que limitó la circulación de tropas estadunidenses por Panamá.
Además, Harmodio suscribió el Tratado Arias-Roosvelt, de Amistad y Cooperación, de 1936 que, como expresión de la política de Buen Vecino del presidente Franklin D. Roosvelt, se eliminó la cláusula de intervención militar estadunidense en los asuntos internos de Panamá. No obstante, cuando ya se preveía la II Guerra Mundial, se estableció la obligación del país de asumir con Washington las medidas de defensa necesarias para proteger el Canal en caso de amenaza de agresión externa. No mucho después, en 1942, eso obligaría a cederle a Estados Unidos numerosos sitios para instalar bases militares en múltiples puntos del país, a condición de desmantelarlas un año después de que finalizase el conflicto.
Por otra parte, en Panamá, en los años 30 se separó del Partido Laborista el grupo que formaría al Partido Comunista, tras lo cual el primero decayó. Y en 1933 Demetrio Porras —hijo del segundo matrimonio de Belisario Porras— se separó del liberalismo y constituyó el Partido Socialista. A su vez, en 1935 los hermanos Harmodio y Arnulfo Arias fundaron el Partido Nacional Revolucionario (PNR), procurando reagrupar remanentes de Acción Comunal para promover sus demandas de soberanía, justicia social y modernización del Estado. Harmodio como referente intelectual y expresidente, y Arnulfo como el líder que durante el Golpe del 2 de enero había tomado el Palacio presidencial. Desde el primer momento este partido postuló a Arnulfo como su candidato para las elecciones de 1940, y en 1939 él lo reconvirtió en el Partido Panameñista. En su breve primer período como presidente, Arnulfo fundó la Caja del Seguro Social.
Pero ni el PC (que a partir de 1943 se convirtió en Partido del Pueblo) ni el Partido Socialista admitieron al Panameñista como un partido nacionalista del pueblo trabajador, sino como un nacionalismo de la clase media y parte de la burguesía. En las circunstancias de la Segunda Guerra mundial, incluso se dijo que Arnulfo encubría simpatías fascistas, de cuando su desempeño como enviado diplomático en Italia, Alemania y otros países europeos. De hecho, la constitución arnulfista de 1941 tuvo rasgos racistas y autoritarios mientras que, por su parte, el gobierno de Washington pronto propició su defenestración alegando que él no colaboraba a su gusto con los militares norteamericanos. Con lo cual, acto seguido, volvieron al gobierno de Panamá los políticos de las familias tradicionales.
Sin embargo, lo que aquí estamos discutiendo es si, en el proceso de formación de la cultura nacional panameña, ya en los años 20 y 30 del siglo XX existía o no un nacionalismo. Existía y, además, se debatía entre el carácter, popular o burgués, de ese nacionalismo. A diferencia de los países bolivarianos, donde esa conciencia colectiva se formó a lo largo de su confrontación contra el colonialismo español, en Panamá se forjó más tarde, durante su enfrentamiento con la hegemonía estadunidense en el país.
El siguiente gran episodio histórico de ese proceso se libró poco después, en vísperas de los años 40. El fruto de mayor proyección de las experiencias de los años 30 fue el surgimiento de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), con eje principal en la Universidad de Panamá. Desde la década de los 40, los estudiantes, en la capital y también en otros sitios –como en la Escuela Normal de Santiago–, serían una fuerza clave en las luchas populares y la defensa de la soberanía nacional.
Poco después se constituyó el Frente Patriótico de la Juventud, liderado por jóvenes profesionales y de clase media, con una plataforma amplia de resistencia contra la hegemonía y la injerencia extranjera, que amplió y consolidó un frente antioligárquico y nacionalista.
Su confluencia se potenció al enfrentar la intención de imponerle al país un convenio para hacer perdurar las bases militares norteamericanas, desperdigadas por todo el país, luego de concluida la II Guerra Mundial, en vez de desmantelarlas. La lucha por movilizar a todo la nación contra ese proyecto –el denominado Tratado Filós-Hines–, sujeto a debate en la Cámara de Diputados, culminó el 12 de diciembre de 1947 y no solo estremeció a la República, sino que fue noticia en todo el mundo.
Al efecto, hay que recordar lo que Washington significaba en aquel tiempo: tras la contienda, Europa y Japón estaban en ruinas, Estados Unidos era la potencia que había derrotado a Japón y tenido un papel importante en la derrota de Alemania, no solo tenía el monopolio de la bomba atómica sino que había demostrado ser capaz de tirársela a cualquier adversario sin importar a qué costo humanitario –lo que se llamó el “Terror atómico”–, era una superpotencia imperial cuya voluntad parecía indiscutible.
Sin embargo, fue desafiada por el pueblo panameño, que sitió a sus diputados en el recinto de la Asamblea hasta que ellos rechazaron el Tratado. Un triunfo masivo, que obligó al ejército estadunidense a abandonar esas bases y replegarse al territorio de la Zona del Canal. Una victoria inaudita, que concretó un extraordinario fortalecimiento de la conciencia nacional.
Veintidós años después y tras la huella de las jornadas de Siembra de Banderas dentro de la Zona del Canal, el 9 de Enero de 1964 marcó otro hito igualmente histórico: el de los Mártires inmolados en su confrontación con el ejército estadunidense. Esta fecha debe conmemorarse, como lo merece, como un hito clave en el calendario patriótico nacional. Sin embargo, el 9 de Enero no es un día festivo, sino uno que viste de luto a toda la nación. El Martirio de esos jóvenes y ciudadanos abrió –con la FEP como el ariete de su indignación patriótica– la conciencia del gobierno del presidente Roberto F. Chiari hasta el extremo de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, así, obtener de Washington el compromiso de negociar un nuevo Tratado del Canal, como uno de los costos que el imperio debió pagar para que Panamá accediera a reanudarlas.
Pero este logro no solo demoró en concretarse, sino que fue burlado –por la oligarquía como cofirmante junto al negociador norteamericano–, por el turbio camino de los convenios tildados de Tres en Uno, que propuso unos pactos inadmisibles que aún iban a demandar nuevas protestas y acciones populares, y otros avatares políticos, para depurarse y concretar resultados.[2]
Una de las primeras razones esgrimidas para justificar el Golpe de Estado contra el recién electo Arnulfo Arias, el 11 de octubre de 1968 fue, precisamente, no aceptar la adopción de los Tres en Uno, ni como tratado canalero ni siquiera como base para iniciar una nueva negociación.
El 23 de abril de 1970, sin que aún se hubieran iniciado nuevas negociaciones canaleras, el general Omar Torrijos, líder del nuevo gobierno panameño, fue a la base de Río Hato a izar la bandera nacional. Con ello hizo efectiva la reversión a Panama de ese territorio e instalaciones, que Estados Unidos retenía con el pretexto de defensa del Canal, pese a que debía haberlo evacuado desde el 12 de diciembre de 1947, tras el rechazo del tratado Filós-Hines.
A su vez, el 10 de septiembre de 1984, el presidente Jorge Illueca hizo lo propio en la base de Fort Gulick, que hacía años era la sede continental de la Escuela de las Américas, que así se cerró. Gulick y sus instalaciones revirtieron a Panamá y dicha Escuela militar estadunidense fue trasladada a Fort Benning, en el estado de Georgia.
Finalmente, los Tratados Torrijos–Carter fueron firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington, en la sede de la OEA, por el presidente norteamericano Jimmy Carter y el jefe de gobierno panameño Omar Torrijos, en presencia de casi todos los mandatarios del Continente. Estos Tratados reemplazaron al Tratado Hay–Bunau Varilla de 1903 y concretaron el proceso de transferencia progresiva del Canal de Panamá a manos de todos los panameños, así como la evacuación gradual de la totalidad de las bases o asentamientos militares estadunidenses, además de garantizar la neutralidad permanente de la vía interoceánica.
Con ello, el 31 de diciembre de 1999 se celebró e hizo efectiva la culminación de los Tratados Torrijos-Carter y la reversión final del Canal de Panamá, así como la evacuación definitiva de todas las instalaciones y tropas militares extranjeras de nuestro país. Cualquier concesión o retroceso en esta materia es un contrasentido histórico que traiciona la totalidad del calendario republicano del patriotismo panameño.
Panamá, marzo de 2026
[1]. Para más información vale recomendar el libro El movimiento de Acción Comunal de Panamá, de Víctor Manuel Pérez y Rodrigo Oscar de León Lerma, publicado en 1976, accesible en la Biblioteca Nacional.
[2] . El “Tres en Uno” resultó, en 1967 de lo negociado entre el presidente panameño Marco Aurelio Robles y el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson.
Ese proyecto constaba de tres instrumentos distintos que formaban un solo paquete:
1. Tratado del Canal, que sustituía el Hay–Bunau Varilla de 1903, preveía la construcción de un nuevo canal a nivel del mar o con esclusas modernas, con participación estadounidense, y establecía un plazo de vigencia mucho más largo de lo que los panameños consideraban aceptable. Además, autorizaba a Estados Unidos a utilizar explosiones atómicas como medio para excavar el nuevo canal.
2. Tratado de Defensa, que autorizaba a Estados Unidos a dotarse de nuevas bases militares fuera de la Zona del Canal, justificándolas como necesarias para la defensa del canal, lo que en Panamá se vio como una extensión de la presencia militar norteamericana en el país.
3. Tratado de Neutralidad, que garantizaba que el canal permanecería abierto y neutral para todas las naciones, incluso después de que Panamá asumiera plena soberanía sobre el mismo. Además, buscaba asegurar respaldo internacional y evitar que el canal se convirtiera en un punto de conflicto geopolítico.
—–
El “Tres en Uno” fue muy impopular, porque se percibía como una renovación del tutelaje estadounidense, especialmente por la cláusula de bases militares y la duración excesiva de la concesión.
Aunque los textos se firmaron por ambas partes en 1967, nunca fueron ratificados por la Asamblea Nacional panameña debido a la fuerte oposición popular.
Este fracaso abrió el camino a nuevas negociaciones en la década de lo años 70, que culminaron en los Tratados Torrijos–Carter de 1977, mucho más aceptables para Panamá.
