T. Nelson Thompson (*)
Foreign Affairs Latinoamérica
La dramática escalada militar de Donald Trump frente a la costa de Venezuela no sólo es desproporcionada, sino que toda su política contra las drogas carece de coherencia dentro y fuera de Estados Unidos.
Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Trump trató de justificar los ataques a las lanchas en el Caribe y los diecisiete asesinatos extrajudiciales hasta ese momento (ahora son más de cincuenta), diciendo que se trataba de operaciones para proteger a los estadounidenses de drogas peligrosas, especialmente el fentanilo. La gran ironía de estas afirmaciones es que la Guardia Costera estadounidense nunca ha incautado fentanilo en alta mar, y hay evidencia para sospechar que por lo menos algunas de las víctimas de estos ataques eran pescadores inocentes y no narcotraficantes.
El presidente también dijo que más de 300 000 personas mueren anualmente por sobredosis de drogas, pero el número real estimado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, para finales de septiembre de 2024, fue de 87 000 sobredosis, lo que significa que hubo una reducción de 27% con respecto al año anterior. Es posible que estas reducciones del consumo se deben a políticas de salud pública de gobiernos anteriores y de gobiernos estatales. Son precisamente estas políticas las que han visto una fuerte reducción de fondos federales por parte del gobierno de Trump.
Tampoco es verdad lo que dijo el Presidente ante la ONU, que “cada bote que hemos hundido llevaba drogas que habrían matado a 25 000 estadounidenses”. Hasta el momento, no ha presentado ninguna evidencia de que eso sea cierto, y tampoco hay evidencia de que se esté combatiendo a los verdaderos líderes del negocio de las drogas y a las organizaciones que operan en Estados Unidos. Al contrario, muchos han sido liberados de las cárceles y se pasean por los corredores de Wall Street, por las redes transnacionales de las criptomonedas y por los centros de lavado de dinero del narcotráfico sin ningún temor a ser aprehendidos. Si Trump verdaderamente estuviera interesado en combatir el narcotráfico, estaría colaborando con Asia, Europa y Latinoamérica para diseñar políticas públicas efectivas en contra de estas organizaciones transnacionales.
Lo que sí es evidente para la mayoría de lideres latinoamericanos es que las operaciones militares que se llevan a cabo frente a las costas colombo-venezolanas y el asesinato de civiles, muy posiblemente inocentes, no tiene ninguna justificación dentro del Derecho Internacional o el Estado de derecho estadounidense. Si de verdad se tratara de una guerra contra el narcotráfico, la presencia de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y varios miles de marinos de la armada, seguramente ya habría producido pruebas de las drogas y las armas incautadas. También habría prisioneros para ser interrogados y pistas sobre las redes internacionales. Nada de eso ha ocurrido.
El jueves 16 de octubre de 2025, la Armada estadounidense bombardeó otro bote, esta vez dejando dos sobrevivientes. Trump justificó esos ataques asegurando que se trataban de “objetivos de guerra” contra “combatientes enemigos”. Si en realidad fue así, ¿por qué los sobrevivientes no fueron tomados como prisioneros para ser interrogados, sino, al contrario, fueron repatriados a Colombia y Venezuela?
Desde una mirada del Derecho Internacional y de la Constitución estadounidense, los hechos en el Caribe son asesinatos sin ningún proceso legal o jurídico. La reciente renuncia del almirante Alvin Holsey, Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, ofrece claros indicios de oposición dentro de las fuerzas armadas para llevar a cabo operaciones que pueden ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Posiblemente, su dimisión se deba a que no quiso cumplir las órdenes de Trump y de su Secretario de Defensa (ahora de “Guerra”) Pete Hegseth, para continuar con estos ataques.
Acusaciones, contradicciones e indultos
Trump acusa a la banda venezolana Tren de Aragua de narcotráfico, pero la evidencia de la Agencia Federal Antidrogas estadounidense (DEA) y de las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos no han determinado que esta banda tenga algún papel relevante en la red del narcotráfico. Primero, Venezuela no es un país productor de cocaína y, segundo, esta banda criminal opera sobre todo dentro del país. Hasta donde se sabe, se dedican a extorsionar y acosar primordialmente a la población venezolana, y es probable que no sea responsable de la muerte de ningún ciudadano estadounidense.
Por otro lado, las mayores rutas de la cocaína están en el Pacífico, no en el Caribe. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 87% de las rutas del tráfico de la cocaína que entra a Estados Unidos viene por el Pacífico desde Colombia, Ecuador y Perú.
Lo más contradictorio de la política de Trump, y que no ha sido analizado por los medios de comunicación de manera exhaustiva, pero que levanta sospechas sobre sus propias conexiones con los grandes capos del narcotráfico, es el perdón que Trump ha concedido a algunos de los pocos capos que se encontraban en las cárceles estadounidenses. El caso más notorio de estos indultos a narcotraficantes, es el de Ross Ulbricht. Este ciudadano de San Francisco, tecnócrata experto en criptomonedas, operaba una red oscura de la cual surgió una plataforma para usarse en cualquier transacción ilegal, especialmente el lavado de activos del narcotráfico. Fue condenado a dos cadenas perpetuas de prisión más 40 años por múltiples crímenes, entre ellos distribución de narcóticos por medio de internet y por conspiración para el lavado de dineros mediante criptomonedas e internet. También se le acusó de ser el negociador para contratar a asesinos a sueldo, pero le retiraron esos cargos porque los homicidios no alcanzaron a ser consumados.
De acuerdo con documentos de la Corte, de 2011 a 2013, Ulbricht realizó transacciones ilegales por 200 millones de dólares relacionadas con el tráfico de drogas, servicios bancarios y documentos falsos. Su sitio en internet se amparaba bajo el anonimato del bullente mercado de las criptomonedas.
Además del indulto a Ulbricht, Trump también perdonó a Larry Hoover, oriundo de Chicago, quien purgaba una condena de seis cadenas perpetuas por varios delitos cometidos como jefe de la banda Los Discípulos. Entre los criminales que Trump perdonó, también se encuentran varios ejecutivos de la empresa de intercambio criptomonedas BitMEX, quienes se habían declarado culpables de lavado de dinero.
Descertificación colombiana
Esos indultos llegan en un momento no solo de grandes tensiones en las relaciones de Trump con Latinoamérica, sino también en el que el mercado de la cocaína y de otras sustancias se está transformando rápidamente, operando cada vez de manera más transnacional, con mayor sofisticación de las organizaciones criminales y con ganancias millonarias como nunca antes en la historia del narcotráfico.
Recientemente, se materializó la anunciada descertificación a Colombia, la cual parece haber obedecido más a una decisión política hecha bajo las presiones y las sugerencias de la derecha colombiana que a una valoración objetiva de los esfuerzos de este país contra el narcotráfico. No importó todas las estadísticas que el gobierno colombiano le presento al estadounidense, en las que mostraba avances significativos y éxitos palpables de la política de erradicación de cultivos en forma voluntaria, las mayores incautaciones de cocaína registradas en la historia, o la detención de cientos de narcotraficantes nacionales y extranjeros.
Esta descertificación ha causado indignación entre muchos colombianos, especialmente al presidente Gustavo Petro, quien, ante la Asamblea General de la ONU, resaltó la injusticia de esta decisión unilateral. Dijo que no se reconoció el altísimo costo y el inmenso sacrificio que ha hecho Colombia en derramamiento de sangre, corrupción y violencia generada por esta lucha contra el narcotráfico, la cual lleva más de 4 décadas.
La situación con Colombia se acaba de tornar aún más tensa con las acusaciones demostrablemente falsas y dirigidas directamente al presidente Petro de ser “líder del narcotráfico”. Trump también anunció que, por esta razón, aumentaría los aranceles a las importaciones provenientes de ese país y cancelaría toda ayuda financiera.
Los costos y las ganancias
Muchas de las políticas de la guerra contra las drogas más cuestionadas son, precisamente, las que Trump está retomando. A pesar de los incalculables costos de esta larga y fallida guerra, el narcotráfico es hoy una fuerza más poderosa que en cualquier otro momento, y sus ganancias van en aumento acelerado. NBC News hizo un estudio mediante el cual se calculó que la inversión monetaria en esta guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos ha sido aproximadamente de un trillón de dólares. Solo en el último año, según la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos, los gastos dentro del país, sumaron 40 billones de dólares. Mientras tanto, la dinámica del mercado y el modelo del negocio se transforma y se adapta rápidamente, siendo favorecido, sobre todo, por el contexto de ilegalidad en el que opera.
En 2024, las organizaciones criminales transnacionales recibieron unos 25 billones de dólares en ganancias adicionales, debido a una gran expansión del mercado debido al aumento en el consumo y el consecuente incremento en la producción de cocaína. Estas ganancias han tenido un efecto profundo en el mercado, impulsando la innovación en la producción y la comercialización de la cocaína.
De acuerdo con Jeremy McDermott de InSight Crime, una plataforma que analiza al crimen organizado, un kilo de cocaína se compra en Colombia por 3000 dólares, mientras que en Centroamérica se adquiere por 8000 a 12 000 dólares. Cuando llega a Estados Unidos, ya vale 20 000 dólares, en Europa 35 000, en China 50 000 y en Australia 100 000 dólares. Las ganancias se aumentan al mezclar cocaína con opioides más baratos, como el fentanilo, lo cual ha provocado un incremento en el número de muertes relacionadas con la cocaína.
Las acciones unilaterales y fuera del Derecho Internacional que el gobierno de Trump está tomando en el Caribe, no se aproximan a ninguna política que mínimamente pueda ser eficaz contra el narcotráfico.
El precio de la cocaína se mantiene alto porque la demanda hace el precio “inelástico” y la ilegalidad lo aumenta por el riesgo agregado del tráfico. Es por esta situación que dispararle a unas lanchas con posibles actores del crimen organizado de bajo nivel, no hace nada para cambiar la ecuación aritmética del narcotráfico.
Hoy, los grandes jugadores del narcotráfico son mafias de Estados Unidos, Italia, Holanda y Albania. Sus redes están compuestas por pequeños nódulos interconectados que se pueden intercambiar sin colapsar la mayoría de las operaciones. Además, los intermediarios se han hecho indispensables para diversificar la red de la oferta.
Estados Unidos sigue siendo el mercado más estable y creciente, pero Europa se ha convertido en el más grande del mundo para la cocaína. Algunos expertos afirman que la diversificación del mercado, el mejoramiento de la calidad y la purificación de la droga, también han permitido que el precio de la cocaína se mantenga alto, a pesar del aumento en la oferta. El financiamiento de la industria y el contrabando de esta droga también se está sofisticando para adaptarse y beneficiarse de las circunstancias ilícitas del mercado.
El negocio de las criptomonedas
Históricamente los cárteles latinoamericanos han usado el sistema de lavado de dinero llamado el Mercado Negro de Intercambio del Peso, conocido en inglés como BMPE (Black Market Peso Exchange), en el cual los intermediarios del peso se valen de negocios legítimos para depositar en efectivo grandes sumas de dinero en los bancos estadounidenses.
Este sistema, aunque todavía en uso en Latinoamérica, está siendo remplazado por sistemas más sofisticados de criptomonedas, que son utilizados por las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo para aprovechar mejor cualquier debilidad de las regulaciones financieras de los países. Las criptomonedas están desempeñando un papel cada vez más prominente para facilitar las transacciones relacionadas con el negocio, desde la producción hasta el transporte y el lavado de dinero.
Precisamente, cuando la criptomoneda debe estar siendo regulada para que las organizaciones criminales no puedan aprovechar el anonimato que este sistema ofrece, el gobierno de Trump está empeñado en promoverlo, despojándolo de las débiles camisas de fuerza que hasta ahora se le habían impuesto. De hecho, durante su campaña presidencial, les prometió a los zares de esta industria que “convertiría a Estados Unidos en la capital mundial de la criptomoneda”, a cambio de grandes donaciones. Estos zares no tuvieron que esperar mucho tiempo, pues en abril de 2025, el Departamento de Justicia desmanteló el equipo de vigilancia y regulación de criptomonedas y ordenó a los fiscales que dejaran de lado las investigaciones que hasta ese momento se llevaban a cabo.
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, no exageró cuando, el 13 de noviembre de 2024 en Fox Business, se autodenominó “el evangelista de la cripto”. En un artículo de la revista The Nation, publicado el 7 de octubre de 2025, Jacob Silverman describe los muchos capítulos de la oscura historia que Hegseth tiene con las criptomonedas.
Para completar este panorama que facilita el camino al crimen organizado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que ya no le va a exigir a las empresas fantasma que revelen quiénes son sus dueños o beneficiarios. Esta medida le permitirá a las corporaciones y a los individuos más ricos esconder sus transacciones del escrutinio público. Además, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva (entre las más de doscientas que ha publicado) para congelar la Ley de Transparencia Corporativa de 2021, del Departamento del Tesoro, la cual requería a las grandes corporaciones a publicar los nombres de los dueños o las personas que las controlan. Además, se terminó con la historia de 48 años de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Toda esta evidencia le da credibilidad a los temores de muchos críticos del gobierno que están sonando la alarma sobre la criptoempresa de la familia de Trump, Libertad Mundial Financiera, y sus posibles nexos con el crimen transnacional. De la noche a la mañana, está empresa se convirtió en la más lucrativa de la familia, sobrepasando por mucho las ganancias de sus campos de golf y sus hoteles en conjunto.
El consumo interno
Con respecto a la demanda interna de drogas en Estados Unidos, las políticas de Trump también contradicen el sentido de cualquier estrategia que pueda considerarse efectiva para reducir el consumo o para tratar la drogadicción. Sus políticas se han centrado en endurecer las penas a los consumidores, lo cual, se ha comprobado, resultar ser totalmente ineficaz para reducir la demanda. Al mismo tiempo, Trump esta eliminando o desfinanciando programas de desintoxicación y otras medidas de salud pública que sí han demostrado eficacia en la reducción del consumo. Por ejemplo, se redujeron significativamente los fondos federales para el uso de la naloxona para revertir los efectos de los narcóticos, o la provisión de agujas estériles para minimizar la transmisión de enfermedades, así como las tiras para detectar fentanilo. También se retiraron los fondos para los sitios de “consumo seguro”, donde las personas que padecen de drogadicción pueden obtener consejería y servicios para encaminarlos a la desintoxicación y al saneamiento de las adicciones.
Otro aspecto poco analizado, y que tiene un papel importante en la ecuación del narcotráfico, es el flujo de armas de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Estas armas son la base de la violencia y el derrame de sangre que las comunidades urbanas y rurales en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador experimentan a diario en manos de toda clase de organizaciones y bandas criminales. El llamado “río de hierro” es el interminable flujo de armas de alto calibre y de uso militar que los grupos paramilitares compran en el gran mercado negro y que aterrorizan las comunidades más pobres de esos países. El gobierno de Trump no tiene ninguna intención de restaurar la prohibición de armas, que estuvo vigente de 1994 a 2004, la cual podría detener el flujo de más de 200 000 armas a través de la frontera con México.
La complejidad del flagelo del narcotráfico clama por una mirada integral de todos los componentes de este tema que afecta a tanta gente en todo el mundo y la acción mancomunada de todos los países afectados. Las acciones unilaterales y fuera del Derecho Internacional que el gobierno de Trump está tomando en el Caribe, o internamente en Estados Unidos, no se aproximan a ninguna política que mínimamente pueda ser eficaz contra el narcotráfico. Hoy más que nunca, la cooperación internacional es esencial para combatir el crimen en todos los frentes. Sin esta colaboración, no se podrá llegar a una eventual política de legalización, la cual muchos expertos consideran el ingrediente más importante para eliminar la violencia, la corrupción y las astronómicas ganancias que este mercado produce.
(*) NELSON THOMPSON fue becario Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University. Recientemente se jubiló como Asesor Ambiental y de Energía del gobierno de Estados Unidos. Sus ensayos se han publicado en The Washington Post, The Wall Street Journal, The Baltimore Sun, entre otros. Es autor de After Babel: Reflections on Language and Languages (All Bilingual Press, 2023). Las opiniones expresadas por el autor son personales.
