Por Edwin Salamín
Jurista
Martín Torrijos fue presidente de la República en el quinquenio 2004-2009, período en el que también era secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Por tanto, su gestión de gobierno se desarrolló sustentada en los principios ideológicos de la socialdemocracia, al aplicar el torrijismo como método de trabajo político e institucional.
Definido el marco conceptual que amalgamó esa gestión administrativa del Estado, es menester recordar que fue ese gobierno PRD y torrijista el que decidió afrontar con seriedad, responsabilidad, valentía y sentido de Patria, la modificación a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
De hecho, se elaboró el proyecto de reformas aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado a la Asamblea Nacional y aprobado, conocido como la Ley 17, que a lo mejor era la ley correcta para mantener sostenidamente en el tiempo y espacio el carácter público, solidario y universal de la CSS y sus programas, sobre todo el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, fue atacado por la ciudadanía y tuvo que ser suspendido en sus efectos mediante Ley, mientras el Órgano Ejecutivo convocó a una Mesa de Diálogo Nacional por la CSS.
La mesa convocada por el presidente Torrijos, fue estructurada con la participación de 13 sectores de la vida activa nacional, partiendo del concepto tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), gobierno, trabajadores y empresarios, en suma a los grupos representativos del sector Salud de la propia Caja de Seguro Social (CSS), como son las asociaciones y gremios de médicos, enfermeras y técnicos, en complemento con los dirigentes de jubilados y pensiones que a la postre son los verdaderos propietarios de todos los recursos de esa noble institución de seguridad social.
En ese sentido, es fundamental recordar que la convocatoria, la participación, el objetivo y la metodología que barnizó la Mesa del Diálogo, fue para revisar íntegramente y sin sesgos la Ley Orgánica de la CSS, y así se hizo. Fueron seis meses y 94 sesiones celebradas en la sede del Consejo de Rectores en Albrook, acompañada con la facilitación del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y la garantía del Consejo Ecuménico y la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), que privilegió así la transparencia y la legitimidad de la mesa y sus respectivos protagonistas.
Ese esfuerzo de Diálogo Social democrático y amplio en el que las decisiones se tomaron por mayoría de votos, artículo por artículo de las propuestas presentadas por cada sector, tuvo como resultado un documento ponderado por todos los sectores que estaban en la mesa, salvo la firma de FRENADESO y SUNTRACS, pero aun así, fue legítimo para seguir el tránsito a la Asamblea Nacional, donde hubo un pacto político inédito consistente en que todas las bancadas de los distintos partidos políticos acordaron aprobar ese paquete de reformas sin presentar ninguna modificación, lo que originó el nacimiento de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social.
Es decir, que, mediante la gestión de un gobierno del PRD, que tuvo la entereza de afrontar la reforma a la Ley Orgánica de la CSS y asumió el costo político que eso conllevaba, pero se hizo con la convicción de que se debía encontrar soluciones jurídicas, técnicas, económicas, financieras, actuariales, administrativas y de recursos humanos, sin imposiciones, ni manipulaciones y menos deformando información para que de esa manera la ley fuese lo más viable posible, como marco rector de la seguridad social en Panamá, pero, sobre todo, para garantizar las pensiones y los servicios de Salud a los asegurados.
En resumen, la Ley 51 de 2005, es el resultado de un Diálogo Social al mejor estilo panameño, reconocido por la OIT, como una buena práctica para lograr objetivos concretos en esa y otras materias de Estado, resolvió situaciones puntuales sobre los programas de Administración, Enfermedad y Maternidad, Riesgos Profesionales e Invalidez, Vejez y Muerte, entre otros aspectos ciertamente relevantes para la vida útil y el funcionamiento de la CSS. Pero ese esfuerzo gastado por un gobierno PRD y torrijista, dejó el compromiso para las siguientes administraciones gubernamentales de revisar la ley para ajustar lo pertinente con la finalidad de que pudiese mantener los sistemas fuertes y sanos ,sobre todo el de IVM.
Empero, tres gobiernos posteriores no lo hicieron, lo que deterioró la fortaleza económica y financiera de la institución. Ello tuvo un impacto negativamente en el sistema de Beneficio Definido, que ahora es necesario tratar de solucionar.
Finalmente, expreso con toda suficiencia que la Ley 51 de 2005, con sus fortalezas, debilidades e inexactitudes, fue hija de un verdadero Diálogo Social y democrático, que es la ley que ha permitido que la Caja de Seguro Social y sus programas estén vivos hasta el día de hoy. La legislación fue el resultado de una gestión gubernamental lid erizada por el PRD y desarrollada al tenor del torrijismo como método e instrumento de trabajo.
