Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
Panamá se ha convertido en el epicentro de la resistencia jurídica y civil contra la minería, tras el histórico fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de Minera Panamá, a finales de 2023.
Pese a la masiva movilización ciudadana que impulsó el cierre de la mina, los defensores del extractivismo encabezado por el “gobierno pro empresarial”, insisten en promover la minería bajo la narrativa del desarrollo económico nacional. Sin embargo, esa premisa es falaz ante la revisión técnica y el manejo de datos.
El mito del empleo minero
Las corporaciones transnacionales suelen utilizar estadísticas infladas o proyecciones artificiales de empleo para presionar políticamente a los Estados en vías de desarrollo. Los análisis de la dinámica laboral minera deconstruyen rápidamente ese mito. Primero, porque la minería moderna es una industria de capital intensivo y no de mano de obra intensiva; esto significa que las plazas masivas de empleo solo ocurren de forma transitoria durante la fase inicial de diseño y construcción de la infraestructura industrial. Al pasar a la etapa de explotación comercial masiva, las operaciones se automatizan con maquinaria pesada, reduciendo drásticamente la demanda de obreros locales.
Ese modelo extractivo genera un fenómeno de enclave que erosiona las economías tradicionales sostenibles de las regiones rurales. La degradación de suelos desplaza de forma permanente la agricultura local, la ganadería de subsistencia y el ecoturismo comunitario, que son actividades capaces de sostener a múltiples generaciones a lo largo del tiempo si se manejan de forma correcta.
El empleo minero sufre de una extrema volatilidad estructural al depender de las cotizaciones internacionales de los commodities en los mercados globales. Tal como advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus reportes sobre Panamá, la inestabilidad de la actividad y la incertidumbre de los arbitrajes internacionales asociados exponen a los trabajadores y al fisco a shocks financieros externos recurrentes, destruyendo la estabilidad laboral, bajo el vaivén de precios ajenos al control del país.
El PIB frente al motor logístico nacional
El argumento financiero se desmorona por completo al contrastar el Producto Interno Bruto (PIB) de la actividad minera con el verdadero eje de la economía nacional. En su período de mayor rendimiento, el proyecto Cobre Panamá representaba apenas 4,8% al 5,0% del PIB nacional.
Aunque los gremios promotores de la minería catalogaban ese aporte de indispensable, la cifra resulta marginal frente al rendimiento del conglomerado logístico panameño. Según el Informe Económico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), el sector logístico (que incluye transporte, almacenamiento y envíos) genera en forma sólida un 11,8% al PIB nacional.
Cuando a ese porcentaje se le integra el impacto global del Canal de Panamá —cuyo presupuesto proyecta anualmente miles de millones de dólares en aportes directos al Tesoro Nacional— en conjunto con los puertos de contenedores de clase mundial, la Zona Libre de Colón, el Centro Bancario Internacional y el Hub de las Américas, el conglomerado marítimo y logístico representa más del 30% del PIB total de la república.
Existe, además, una diferencia cualitativa fundamental y soberana y es que, mientras las actividades canaleras y logísticas reinvierten la gran mayoría de sus excedentes dentro del circuito económico del país potenciando el crecimiento interno de otros rubros, la minería transnacional extrae un recurso finito y no renovable para repatriar el grueso de las ganancias a sus casas matrices en el extranjero.
La asimetría territorial y el impacto desproporcionado
Los promotores de la actividad minera suelen citar los modelos de Canadá o Chile como ejemplos de ”minería exitosa”, ignorando una variable geográfica elemental: la escala y las dimensiones del territorio. En Canadá, la superficie tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, y Chile supera los 756 mil kilómetros cuadrados, albergando vastas extensiones desérticas (como el desierto de Atacama) o zonas árticas despobladas donde la actividad extractiva ocurre a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos y de las fuentes críticas de agua dulce.
Panamá es un micro estado biogeográfico de apenas 75.420 kilómetros cuadrados; una angosta franja de tierra donde la distancia promedio entre el océano Atlántico y el Pacífico es de apenas 80 kilómetros. En un territorio tan compacto y con una altísima densidad poblacional e hídrica por kilómetro cuadrado, no existe el aislamiento geográfico. Cualquier megaproyecto a cielo abierto en Panamá se ejecuta inevitablemente encima de una cuenca hidrográfica activa, adyacente a comunidades habitadas o dentro de corredores biológicos vitales.
Mientras que una fosa minera en los territorios gigantes de Canadá representa un punto casi invisible en su mapa, en Panamá esa misma fosa constituye una amputación ecológica masiva que compromete la estabilidad climática, el agua y la vida de todo el país debido al efecto inmediato de vecindad y conectividad de sus micro ecosistemas.
Agua y vida en peligro
El motor logístico y humano de Panamá depende de una condición ecológica que es la abundancia y pureza del agua dulce. El Canal de Panamá requiere millones de galones diarios para el funcionamiento óptimo de sus esclusas y el tránsito seguro de buques, y los lagos Gatún y Alajuela abastecen de agua potable a más del 50% de la población del país.
La minería a cielo abierto pone en riesgo directo este recurso vital mediante la amenaza del drenaje ácido de roca, un proceso químico en el que los minerales expuestos al aire y a las lluvias generan ácido sulfúrico de forma prolongada, contaminando fuentes hídricas superficiales y subterráneas de manera prácticamente irreversible.
Los riesgos operacionales y ecológicos quedaron en evidencia tras la entrega reciente del Informe Final de la Auditoría Integral de la firma internacional SGS, encargada por el Ministerio de Ambiente para evaluar minuciosamente más de 370 compromisos ambientales, legales y operativos del proyecto minero en Donoso.
Esta fiscalización confirmó el severo impacto sobre el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, donde la deforestación de bosques tropicales primarios fragmentó los ecosistemas de especies críticas como el águila arpía.
La auditoría pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de almacenamiento masivo de desechos, tales como las tinas de relave. En un territorio de alta pluviosidad extrema y sismicidad como es Centro América, cualquier desborde o falla estructural en dichos depósitos de lodos tóxicos cargados con metales pesados desencadenaría un ecocidio catastrófico hacia las costas del Caribe, destruyendo la pesca y los arrecifes marinos de forma definitiva.
La minería metálica a cielo abierto es una actividad ajena que a la vocación histórica, geográfica y ecológica del país. Los supuestos beneficios en materia de empleo son volátiles, temporales y destructores de las economías rurales locales, mientras que su rendimiento financiero es absorbido y superado con creces por la estabilidad estructural del conglomerado logístico y canalero.
El verdadero ”oro” de Panamá no se encuentra enterrado en las entrañas de Donoso; radica en su posición geográfica verde, en sus cuencas hidrográficas protegidas y en la sostenibilidad de un modelo de servicios interconectado que respete la soberanía de su territorio y preserve la vida de sus futuras generaciones.
