Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alejandro Hynes, anunció que los trabajadores organizados del Estado marcharán al Palacio Presidencial para exigir al presidente Laurentino Cortizo el respeto a los derechos laborales, algunos de ellos conculcados durante la sindemia de Covid-19.
Hynes pronunció un discurso el lunes 20 de septiembre, en ocasión del trigésimo séptimo aniversario de esa organización, y llamó al gobierno a mirar con respeto a la clase trabajadora, y a aplicar las medidas que aseguren el pleno derecho de los funcionarios al trabajo decente y decoroso.
“Necesitamos ir nuevamente a las calles…para que se vean las alternativas. Necesitamos que se les pague a los trabajadores y se les haga justicia”, planteó el dirigente de la FENASEP en una referencia directa al pago justo de la prima de antigüedad a todos los servidores públicos que atraviesan una difícil situación económica y de inestabilidad.
Sostuvo que diversas injusticias han sido cometidas en los últimos meses en varias instituciones del Estado, en las que se ha despojado a trabajadores de su derecho a vacaciones hasta el 2024, como resultado de una interpretación arbitraria del Decreto Ejecutivo 466, emitido durante la sindemia de Covid-19.
Hynes adujo que los servidores públicos no deben cargar el costo de una emergencia sanitaria mundial ni perder el derecho a vacaciones sobre la base del tiempo no laborado durante el confinamiento ordenado por el gobierno. Debido a ello, fue interpuesto un recurso legal en la Corte Suprema de Justicia, en procura de un pronunciamiento de los magistrados.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la planilla del Sector Público es de unos 251.929 funcionarios, lo que representa un sueldo bruto de 406,4 millones de dólares. De ellos, 223.891 son empleados permanentes, mientras que unos 28.038 son eventuales.
Sin embargo, no todos esos empleados están organizados y deben prepararse para asumir nuevos retos, de acuerdo con un comunicado de la FENASEP, en el que se plantea “fortalecer y adecentar una carrera administrativa que le permita al trabajador público no sólo salarios justos, sino también la estabilidad necesaria para el bienestar de su ambiente familiar”.
Hynes subrayó que una de las notorias injusticias cometidas contra los trabajadores, es que el Décimo Tercer Mes tiene un tope de salario de 550 dólares mensuales, que debería ser pagado de acuerdo a la realidad salarial de los funcionarios, quienes ven mermados sus ingresos económicos.
En ese contexto, la FENASEP interpuso un recurso legal en la Procuraduría de la Administración, para que el procurador en ejercicio, Rigoberto González, se pronuncie sobre miles de reclamos de reconsideración de destituciones y reconozca la importancia de la aplicación del debido proceso administrativo para poder ventilar las reclamaciones de los trabajadores.
Hynes justificó la presencia de la FENASEP en el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) y reseñó que se mantendrá firme en esa instancia para velar por los derechos de los asegurados e impedir que en ausencia de muchos líderes sindicales sean aplicadas medidas o acciones contrarias al interés mayoritario de la población panameña.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, quien asistió como invitada al acto conmemorativo, afirmó que bajo su administración habrá respeto a los trabajadores y será promovida la capacitación y el diálogo para salvaguardar la seguridad social en Panamá.
El diputado Leandro Ávila, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), destacó en la ceremonia de la FENASEP, que los servidores públicos en Panamá se enfrentan a una realidad desfavorable, como diversas medidas oficiales que coartan el derecho a la sindicalización y causan un retroceso en los servicios administrativos institucionales.
Ávila instó a los trabajadores a la utilización masiva de las redes sociales para divulgar las propuestas transformadoras y exigir reivindicaciones sociales que contribuyan a ejercer sus derechos y concretar nuevas conquistas laborales en el ámbito público nacional y latinoamericano.
