La ocupación de territorios para convertirlos en embalses, es una respuesta a la necesidad de suplir las carencias hídricas en cualquier país del mundo.
Sin embargo, lejos de convertirse en una mercancía, el agua dulce debe ser un preciado recurso patrimonial.U n manejo inadecuado de la riqueza hídrica no sólo es inaceptable, sino que conspira contra el principio fundamental de los pueblos a decidir su propio destino.
La usurpación y el despojo de poblaciones humildes no tienen cabida en un Estado de derecho.
Los panameños debemos procurar el óptimo funcionamiento del Canal de Panamá y los procesos productivos, pero ello debe hacerse sobre la base de la planificación y la consulta directa a las comunidades con pleno reconocimiento.
Sin duda, se requiere una administración científica y democrática de los recursos hídricos, así como desprenderse del modelo de expolio que ha predominado en las cuencas de gran valor estratégico en Panamá.
