Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Panamá amaneció el lunes con la paralización de importantes instalaciones públicas, entre ellas los hospitales, las escuelas, los megaproyectos en el sector de la construcción, y con movilizaciones en comarcas indígenas que rechazan los planes económicos y la política exterior del gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino.
El sector Salud se sumó a las protestas iniciadas hace un mes en las calles para derogar las polémicas reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que desmejoran en firma drástica el monto de las pensiones asignadas a la población asegurada. En ese sentido, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) suspendió los servicios de consulta externa y cirugías electivas,.
La Amoacss sostiene que la Ley 462, de reformó la Ley Orgánica de la CSS, condena a los jóvenes trabajadores cotizantes a percibir pensiones precarias al final de la vida laboral y socava al sistema de Salud en este país. La protesta de los médicos huelguistas ha sido acuerpada por la Asociación Nacional de Enfermeras, que demanda respeto a los procesos democráticos.
En medio de un clima de tensiones políticas, la ministra de Educación, Lucy Molinar, calificó de ”perjudicial” la huelga y prometió sanciones para desalentar a los docentes que mantienen una huelga por tiempo indefinido En los últimas semanas, líderes magisteriales fueron arrestados por la Policía Nacional por ”subvertir el orden público”, luego de participar en marchas multitudinarias en varias provincias panameñas.
Las detenciones forzadas contra manifestantes alcanzaron a jóvenes universitarios reprimidos por agentes del cuerpo de Control de Multitudes. Los estudiantes persisten las protestas contra la Ley 462 y los memorandos de entendimiento suscritos entre Estados Unidos y Panamá, para la instalación de bases estadounidenses en territorio panameño.
El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, desaprobó la declaraciones del presidente de la República, quien se refirió a la casa de estudios superiores como ”guarida de terroristas”. Los argumentos descalificadores de Mulino desataron una ola de repudio de intelectuales y representantes de la Cultura y las Ciencias, quienes abogan por la autonomía y el respeto al histórico papel transformador de la enseñanza superior.
Los universitario tienen previsto marchar el martes 6 de mayo hasta la sede de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para exigir el cumplimiento del Tratado de Neutralidad y la defensa de la vía interoceánica ante los intentos de Estados Unidos de apoderarse por la fuerza de ese patrimonio nacional.
Ante el clima de confrontación y del rechazo al neocolonialismo, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, llamó a la unidad del pueblo panameño frente las amenazas externas e internas que pesan sobre Panamá. En su homilía, el líder religioso añadió que “los héroes, como los mártires del 9 de enero del 64, nos dejaron un mensaje claro: la soberanía no se regala ni se negocia, se defiende con determinación y amor por nuestra patria”.
Por su parte, el dirigente obrero Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, afirmó que ”la alternativa a la huelga es el diálogo”, pero el gobierno con vocación empresarial asume una posición inflexible, autoritaria y de desprecio a las reclamaciones populares.
Dirigentes de organizaciones ambientalistas desaprueban la iniciativa del gobierno de reabrir la clausurada mina de cobre en el caribeño distrito de Donoso y prometieron volver a las calles para impedir que el Estado realice o apruebe concesiones a las multinacionales extractivistas.
El presidente del Consejo Comarcal Ngäbe-Buglé, Ovidio Jiménez, señaló que los indígenas apoyan la huelga en defensa de la CSS y rechazan el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos y soberanos de Panamá.
A su vez, el jurista Antonio Vargas comentó a Bayano digital que el gobierno ha tratado por todos los medios de desconocer y violentar el derecho a huelga y las garantías constitucionales, lo que ha conducido a la ”fractura del Estado de Derecho”.
En ese sentido, aclaró que en junio, el gobierno panameño deberá enfrentar una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), por graves violaciones al derecho sindical y la instauración de mecanismos de represión policiales, judiciales y bancarios que lesionan derechos laborales, económicos y sociales
