El esperado retorno a la normalidad, empezando esta semana por la aplicación de la Fase 2, ha puesto al descubierto la certeza de las denuncias de FENASEP, sobre las inconsistencias en los protocolos de salubridad para los empleados públicos, y una marcada discriminación hacia los mayores de sesenta años de edad.
Una serie de memorándum o circulares, emanados principalmente de oficinas de recursos humanos, en su gran mayoría a cargo de personal novicio e incompetente, ha generado rechazos por la ilegalidad de sus decisiones, mediante las cuales intentan obligar a los funcionarios a firmar documentos en contra de sus propios derechos, muchos de los cuales están garantizados con su estatus de carrera administrativa.
Los mamotretos de los jefes de recursos humanos y hasta de algunos secretarios generales de varias instituciones del estado, es el resultado, principalmente, de que no existe un documento homogéneo suscrito por el Ejecutivo para la atención de los empleados públicos al momento de su regreso a los puestos de trabajo.
No se ha redactado un decreto que ordene y establezca una norma, clara y legalmente explicable, para recibir en sus puestos a los empleados públicos. En recursos humanos, inventando sus propias reglas, los están recibiendo, particularmente en la Lotería, el IMA, Turismo, la Policía, en la Autoridad Marítima y en otras dependencias, de las cuales se ha informado FENASEP, obligándolos a firmar que son individualmente responsables de su propia seguridad sanitaria, conculcando sus derechos como trabajadores del Estado. Deben traer sus propias mascarillas y gel alcoholado, entre otros elementos, responsabilidad que le corresponde a las oficinas en donde trabajan.
La Fase 2 se ha implementado con numerosas falencias, como el incumplimiento al distanciamiento social, aglomeraciones en sitios públicos y en el transporte, y decretada precisamente en momentos en que el número de contagiados por la pandemia aumenta vertiginosamente. Preocupa a la dirigencia de FENASEP las condiciones en los sitios de trabajo, a los cuales están obligando a desinfectar a trabajadores inexpertos, sin las condiciones adecuadas, expuestos a contraer enfermedades infecciosas y por que no, el letal Covid-19.
A través de este comunicado hacemos un llamado de atención al Órgano Ejecutivo para que tome en consideración la necesidad de establecer normas generales de estricto cumplimiento en todas las dependencias gubernamentales, con motivo del retorno de los trabajadores a sus puestos, eliminando las posibilidades de discriminación, y que los despidos, que se han realizado a pesar de la pandemia, se efectúen siguiendo normas legales, respetando a los impedidos y a los afectados con enfermedades letales, respetándole todos sus derechos.
