Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Dirigentes de diversas organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y activistas sociales exigieron hoy al procurador general, Javier Caraballo, atrapar a los abusadores de niños, niñas y adolescentes internados en albergues dirigidos por fundaciones y grupos religiosos.
Luis Coloma, del Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria (MJP), comentó que varios estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá se reunieron en forma pacífica frente a la sede de la Procuraduría General de la República para exigir Justicia rápida, eficaz y ejemplar.
Coloma aseguró que hace más de un año, dirigentes del movimiento popular panameño se reunieron con Caraballo tras la renuncia misteriosa e inexplicable del procurador Eduardo Ulloa, para exigir una profunda investigación de escándalos sexuales, maltratos y abusos en albergues infantiles.
En medio de la crisis que estalló en 2021, se produjo, además, la dimisión de la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, quien había sustituido en el cargo a Sara Rodríguez. Esas renuncias dejaron un vacío de información sobre los casos registrados en todo el país.
Sin embargo, Coloma adujo que en materia de investigación penal “no ha sucedido nada”, ante la presunción de que hay “peces gordos” (gente adinerada) involucrada en “graves delitos” comprobados en perjuicio de “niños indefensos”. Al respecto, exigió que caigan los culpables de la “canallada” cometida y triunfe la Justicia.
Los manifestantes corearon consignas, desplegaron pancartas y carteles con lemas de Justicia, y exigieron a Caraballo dar la cara frente al movimiento popular indignado, que reclama el cese de la impunidad de hechos deleznables que sacuden la conciencia nacional.
Por su parte, Guadalupe Pretelt, del Movimiento pro Defensa de la Niñez y Adolescencia, manifestó que existen evidencias de abusos contra la población infantil en albergues durante los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.
Pretelt indicó que el movimiento de protesta busca ejercer la “necesaria presión” para que sea aplicada una verdadera Justicia contra los abusadores y prevalezcan los reclamos dirigidos a las instancias oficiales obligadas a proteger y educar a la niñez panameña.
Advirtió que hay una especie de “grifo abierto” en materia legal, que impide un trato justo a la niñez desamparada y vulnerada. Sostuvo que, debido a ello, han sido realizados piqueteros frente la sede de la Senniaf, la Procuraduría de la Administración y el Ministerio Público.
“Esperamos que sean publicados los nombres de los victimarios de los niños en los albergues”, subrayó. Advirtió que la investigación revelará detalles de las redes de corrupción y la verdadera cantidad de casos de abusos, que podrían ser más de 200, según las pistas obtenidas en forma extraoficial.
Pretelt reseñó que los quienes abusaron de los niños, así como los funcionarios que toleraron esos delitos, deben ser sancionados. Aclaró que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley sin claudicaciones y sin la posibilidad de devolver a los niños a los victimarios en pésimos albergues existentes desprovistos de supervisión oficial.
