Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Antiguos trabajadores del desarticulado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) anunciaron que asistirán a la Asamblea Nacional el 12 de enero de este año para exigir la aprobación del proyecto de de ley 150, que prevé el pago de liquidaciones y beneficios no cancelados por el Estado panameño a la fuerza laboral del sector, tras la privatización de esa eficiente empresa de energía en 1997.
El coordinador general de la Dirección Ejecutiva del movimiento de reivindicación, Alfredo González, indicó en conferencia de prensa que desde hace 25 años los trabajadores afectados por ese proceso han mantenido una lucha consecuente y tenaz para que prevalezca la Justicia y se cumpla el mandato de dos fallos judiciales, en los que se ordena al Estado asumir la responsabilidad en materia económica y compensar a los afectados.
Como resultado de un proceso de privatización acelerado y mal ejecutado, se produjeron afectaciones económicas, sociales y laborales a unos 5.000 trabajadores del IRHE, que fue privatizado y segmentado en ocho empresas eléctricas, tres de distribución, tres de generación hidráulica, una de generación termoeléctrica y transmisión eléctrica bajo control accionario del Estado, acotó González en un informe presentado a los periodistas.
El dirigente sindical manifestó que diversos gobiernos evitaron atender la doble indemnización prevista en la ley de Trabajo. Debido a esa falta de atención oficial, cada año se incrementó la mora del Estado en varios millones de dólares. Se estima que en el 2022 la deuda del Estado con los ex trabajadores del IRHE bordea los 280 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República —integrados en una Comisión Técnica— no han suministrado la cifra exacta ni los cálculos preliminares del monto que debe ser cancelado a los trabajadores desde 1997.
González sostuvo que el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, se comprometió a promover el proyecto de ley 150 entre todas las bancadas, en procura del voto mayoritario de los parlamentarios, con el objetivo de que emerja del hemiciclo una Ley, para la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo. El proyecto debe ser sometido al segundo y tercer debate en el pleno del Órgano Legislativo, antes de que llegue al despacho presidencial.
Subrayó que “los trabajadores no estamos cerrados a la banda” (inflexibilidad), pero sostuvo que cualquier fórmula de pago prorrateada debe ser ventilada luego de la aprobación del proyecto de ley 150. Al abordar el tema, propuso que los representantes de los Órganos del Estado resuelvan “en forma expedita” las demandas de los sindicatos panameños. En un llamado al presidente Cortizo, dijo que “queremos que el gobierno cumpla, porque aquí no se está pidiendo nada reglado ni gratis. Es un dinero que los trabajamos y necesitamos que se nos pague”.
En caso de que el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional no sea aprobado por los diputados, los trabajadores y sus sobrevivientes anunciaron que buscarán Justicia en los tribunales internacionales, debido a que el derecho les asiste. Previamente, unos 4.200 ex asalariados del IRHE interpusieron diversas demandas por daños materiales y perjuicios morales, y la mala liquidación efectuada en el proceso privatizador, en que los bienes patrimoniales del Estado e infraestructuras pasaron por insistencia de los organismos financieros internacionales a manos privadas ineficientes.
Entre los reclamos incorporados a las querellas laborales figura el proceso No. 279.07, de 17 viudas de familiares de ex trabajadores fallecidos, por un monto de 515.920 dólares, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, que fue trasladado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
González insistió que en que será necesario mantener la presión y acuerpar a los diputados que acompañan las demandas de los ex trabajadores del IRHE. El dirigente aprovechó la conferencia de prensa para denunciar que la privatización ha derivado en un mal servicio a las familias y empresas panameñas, y en la aplicación de tarifas elevadas en el suministro de electricidad a la población, lo que sugiere la necesidad de que el Estado retome el liderazgo soberano en materia energética para garantizar el desarrollo de este país.
