La decisión adoptada por el gobierno de Laurentino Cortizo para instalar una mesa de negociación de un nuevo contrato con Minera Panamá, abre un camino riesgoso y fatal para los panameños, cuyo patrimonio natural quedaría a merced de los grupos extractivista generadores de enclaves.
El gobierno de este país ha esgrimido el argumento de aumentar el monto de las regalías al Estado, mecanismos fiscales idóneos y la aplicación de efectivos controles ambientales, pero la historia minera reciente revela la contaminación de extensas áreas silvestres, incluidas las cuencas hidrográficas en las que nacen importantes y valiosos afluentes.
La minería a cielo abierto y los procesos de lixiviación para obtener el mineral aurífero y cuprífero en áreas deforestadas, han fracturado el frágil Corredor Biológico Mesoamericano. Ahora, esa actividad extractiva, magnificada en la provincia de Colón, se perfila como una amenaza para los recursos hídricos y la seguridad de las comunidades rurales que dependen del ecosistema y su biodiversidad.
Ese modelo depredador minero tiene una cara oscura. Empezó con la explotación de oro por la empresa Petaquilla, que fue demandada en los tribunales de Justicia en 2009. Organizaciones ambientalistas denunciaron en la Corte Suprema el contrato ley favorable a la empresa minera, al considerar que incumplió las normas que obligaban al Estado a realizar una licitación pública, pero el sistema judicial terminó con el brazo doblegado por los intereses foráneos.
Lo que no se ha dicho en esta historia, es que las multinacionales mineras suelen someter a los gobiernos en los países en los que operan, a quienes exigen la plena jurisdicción territorial y leyes laborales “flexibles”. Detrás de la minería a cielo abierto, se escudan intereses mezquinos y se acumulan nocivos impactos sociales y ambientales que parecen pesar menos que las ganancias extraídas del país huérfano de una estrategia patriótica.
Ningún cheque en blanco concedido a la industria minera podrá saldar los daños a la superficie de la tierra y la contaminación del suelo y los mantos freáticos en las zonas de impacto. No importa que hayan sido seleccionados intelectuales para la negociación con las compañías mineras en busca de mejores arreglos bilaterales.
Simplemente, no se debe agachar la cerviz ante las multinacionales que tienen tras de sí un escandaloso prontuario de saqueo y acaparamiento, y creen que es posible limpiarse con la soberanía panameña y su pobre y vergonzosa legislación ambiental vigente, que debe ser derogada para dar paso a la firme defensa de la nación.
El presidente solo ve por el interés propio, pero quiere maquillarlo como algo benéfico para el pueblo panameño, dañando al medioambiente y explotando su minerales.
Es mejor entregar el país a intereses económico extranjero y tener un futuro negro para las próximas generaciones que preservar nuestro medio ambiente que es vida pura