Por Rafael Calcines
Santiago de Chile (Prensa Latina) – El gobierno de Sebastián Piñera y las fuerzas de oposición, mayoritarias en el Congreso, mantienen un permanente pulso en un abanico de temas que van desde reformas en pensiones, educación e impuestos hasta la ratificación del tratado de asociación transpacífico.
Sobre la controvertida reforma de las pensiones, la oposición presentó un paquete de diez propuestas al gobierno como mínimos básicos para dialogar previo a la votación de la posibilidad de legislar sobre esa iniciativa.
Entre las propuestas sobresale un aumento inmediato de las pensiones de los jubilados en por lo menos 20 por ciento, el establecimiento de una entidad pública que administre toda la cotización adicional con una lógica de seguridad social y una reforma profunda al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas.
Al respecto la diputada comunista Karol Cariola dijo que no aprobarán el proyecto sin tener seguridad de que se incluyan realmente las iniciativas de la oposición.
Advirtió que el proyecto inicial fortalece el sistema de las denominadas aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) que la ciudadanía ha rechazado ampliamente.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, ha insistido en que el gobierno está dispuesto a dialogar, evaluar las propuestas y aceptarlas si lo ameritan, y aseveró que no es la idea imponer absolutamente nada.
No obstante, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Raúl Soto, dijo que está en veremos la votación del proyecto en la fecha que tiene estipulada, con tope el 9 de mayo, si el ejecutivo no responde a las demandas planteadas.
Mientras, el denominado proyecto de Ley de Modernización Laboral y Flexibilidad también se expone a un profundo debate ante las reticencias a aprobarlo, manifestadas tanto en el Senado como en la Cámara baja.
La iniciativa fue hecha pública por el presidente Sebastián Piñera el 2 de mayo con una serie de propuestas entre las cuales el gancho publicitario es la posibilidad de que la jornada laboral pueda reducirse a cuatro días a la semana.
Ello sería posible mediante acuerdo entre empleados y empleador, aunque no implicaría una reducción de las horas de trabajo, sino una redistribución del tiempo de manera tal que habría que trabajar 12 horas diarias para poder disfrutar de un día más de asueto.
Pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la consideró engañosa porque en realidad solo ajusta las jornadas y no acorta el tiempo laboral “ni en un minuto”.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, advirtió también que se plantea un incremento de los días de vacaciones, pero como compensación por la realización de horas extra, con lo cual tampoco se están ganando más días de descanso realmente.
Mientras tanto, en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado se analiza con lupa el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11) en medio de persistentes dudas sobre las ventajas o inconvenientes que reportaría a Chile este acuerdo conjunto con Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Sus detractores advierten que desmantela derechos laborales, potencia el poder de las transnacionales y consecuencia resta soberanía, perjudicaría a los agricultores y dificultaría la entrada de medicamentos genéricos al país con el consiguiente encarecimiento de los fármacos cuyos precios ya son muy elevados.
Otros incluso lo consideran innecesario, pues Chile ya tiene tratados de libre comercio con cada uno de esos países.
Para el gobierno, montado en el carro del neoliberalismo y partidario de un comercio liberado de toda atadura, estos criterios son solo “mitos” e insiste en que la demora en su aprobación definitiva solo conduce a perder oportunidades comerciales con los demás socios.
Otro gran tema es el de la reforma tributaria, sobre la cual en abril el gobierno logró a duras penas que fuera aprobado para ser discutido, tras encontrarse trabado durante ocho meses en la comisión de Hacienda de la Cámara de diputados.
Ese paso lo logró porque los dos diputados de la Democracia Cristiana (DC) que forman parte de esa comisión sumaron sus votos a los del oficialismo a favor de discutir el texto legislativo, cuando el resto de la oposición se inclinaba a rechazarlo sin someterlo a debate.
La llevada y traída reforma tributaria es considerada por el Gobierno como el principal proyecto legislativo de su programa y a juicio de las autoridades de La Moneda, resulta básico para “impulsar el desarrollo del país y generar mayores empleos”.
Sin embargo, en la oposición, aunque existe consenso de que aporta mejoras a las pequeñas y medianas empresas, a la seguridad de los adultos mayores y que aumenta en alguna medida los recursos destinados a las regiones, critican que a la hora de contribuir plantea los mismos porcentajes para todos los sectores.
Esto, aseguran, beneficia directamente a los más ricos, que son los menos, y va en detrimento de la clase media y, lógicamente, de los más pobres.
En consecuencia, lo califican como una contrarreforma, que representa en líneas generales un retroceso cuando se compara con la legislación vigente.
Pero, aunque ganó una batalla, La Moneda aún no ha ganado la guerra, pues la comisión de Hacienda va analizando uno por uno los 250 artículos del texto.
Al respecto, hasta los mismos diputados de la DC que aprobaron discutirlo, aseguraron a la prensa que, si bien estaban de acuerdo con lo referido a las pymes, las personas de la tercera edad y la entrega de más recursos a las regiones, al final ‘votarán en contra de todo lo demás’.
En esta confrontación en varios frentes La Moneda acusa a las fuerzas de oposición de “obstruccionistas”, mientras que desde la otra acera se le achaca al ejecutivo estar sordo y ciego a cualquier propuesta ajena al estrecho círculo de gobierno.
