Por Virgilio Cerrud
Sociólogo, docente universitario y miembro del Colectivo Bayano (VT)
Producto de la sancionada ley 462, que reforma la CSS, por parte del emergente del Palacio de las Garzas, han respondido las centrales obreras, los gremios docentes y las organizaciones sociales que se oponen a esa nefasta ley. Con anterioridad a la sanción, esas organizaciones se habían propuesto convocar una huelga de advertencia de 24 horas y movilizaciones de protesta.
El vienes 21 de marzo, haciendo uso de la facultad que confiere la Constitucional Nacional en su articulo No. 38 , se hizo un llamado a la protesta. El mencionado artículo constitucional señala que “Los habitantes de la república de Panamá tienen derecho a reunirse pacíficamente…” “Las manifestaciones y reuniones al aire libre no están sujetas a permiso”.
Días antes, el Órgano Ejecutivo, a través de sus organismos de seguridad, específicamente el ministro de Seguridad aspirante a “pichón de gorila”, pasaba revista a sus tropas de control de multitudes y de represión para palpar con sus propios ojos que estaban listas para reprimir a los “delincuentes de cuello y corbata”. Disculpen: cometí un lapsus mentis, ya que la idea era reprimir a los gremios docentes, a los sindicatos y a todo el que se atreva a disentir del gobierno mitómano, cleptómano, vende patria, impositivo, represivo, inconsulto e ilegal.
Al ser iniciada la huelga de advertencia, se realizaron movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Como era de esperarse, las corporaciones mediáticas invisibilizaron cuando no minimizaron las mayorías de las movilizaciones. En este caso, los medios alternativos y las redes sociales jugaron un papel importante para contrarrestar la desinformación de los sectores dominantes del poder fáctico.
En el caso de la provincia de Colón, la movilización de los gremios docentes y sindicatos, desocupados y luchadores sociales de esta provincia se desarrollaba manera pacífica, se marchaba hacia los 4 Altos en la ciudad caribeña de Colón.
Sin embargo, los manifestantes fueron sorprendidos por la espalda, de manera cobarde, por los estamentos represivos de la fuerza pública, quienes lanzaron gas pimienta y bombas lacrimógenas. Tras esa temeraria acción policial, fueron detenidos unos 15 manifestantes, entre los que se encontraba el profesor Alberto Díaz, dirigente de Asemogreco, quien fue sometido, tirado al piso y luego esposado como si fuera un delincuente, y un obrero del SUNTRACS.
Los agentes policiales arremetieron contra personas que protestaban pacíficamente y por la espalda, con saña, alevosía y ventaja. El mismo día de la protesta fueron liberados 13 de los detenidos, reteniendo al profesor Díaz y al obrero de la construcción De León.
Por otro lado, cuando los estudiantes de la Universidad de Panamá del Campus se aprestaban a protestar en la entrada de la Universidad de Panamá y en algunos paños de la calle de manera pacífica, fueron reprimidos de manera cobarde. En la agresión fueron utilizados proyectiles de goma, bombas lacrimógenas y hasta dos disparos de arma reglamentaria por parte de un agente policial.
¿Contra quién o quiénes se disparó? ¿Se busca un muerto para justificar un estado de excepción? Ojo con este tipo de provocaciones.
Esas acciones represivas del aparato de Seguridad del Estado cuartelario es producto de la política impositiva que a través de la historia llevaron a cabo los sectores oligárquicos. La oligarquía se benefició con la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 y aspira a ganar más con el gobierno 100% empresarial, tutelado por Estados Unidos.
Sin duda, es un descaro que representantes gubernamentales salgan a justificar las actuaciones violentas contra los manifestantes. En el caso de Colón, manifestaron que el profesor Diaz había agredido a una unidad de la fuerza policial; Como dijo mi abuela: ¡estúpidos! No se dieron cuenta de que más de cien personas grabaron con sus celulares la acción represiva de la Policía.
Los medios oficialistas difundieron la falsa versión de que estudiantes atacaron con bombas molotov a los uniformados desde el campus de la Universidad de Panamá, por lo que habrían respondido con bombas lacrimógenas. La mentira tiene patas cortas y la presunta agresión estudiantil fue públicamente desmentida.
Un tercer hecho represivo se dio con una docente. Las redes sociales recogen el momento en que un oficial de la Policía le ordena a una subalterna detener a la educadora por el hecho de estar protestando pacíficamente al lado de la carretera, con la bandera nacional en alto. La docente fue llevada al juez de paz.
Sin duda, aumentan las tensiones ante las anunciadas protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). Las movilizaciones y agitaciones deben responder a una agenda unitaria que garantice no sólo enfrentar la reforma a la CSS, sino encarar la ilegal apertura de la mina en el distrito de Donoso, el pretendido embalse de río Indio, el alto costo de la vida, el desempleo, el Estado carcelario y la pretendida imposición de un ejército extranjero en suelo panameño.
