El escándalo de la empresa FCC sacude a la Justicia en Panamá

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Fiscal Anticorrupción de Panamá, Ruth Morcillo. (Foto: Ministerio Público)

Por David Carrasco

El estallido de un escándalo de corrupción que involucra a firmas constructoras en España, entre ellas la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empieza a socavar las bases de un sistema judicial inoperante en Panamá que ha demorado en investigar con firmeza los entuertos en contratos suscritos en las dos últimas administraciones presidenciales.

FCC es señalada en España por el pago de 82 millones de euros (97,6 millones de dólares) a autoridades panameñas para la adjudicación de los contratos de la construcción de las líneas del Metro de Panamá y la denominada ciudad hospitalaria. En esas diligencias, ejecutivos de la compañía fueron imputados, además, por los delitos de corrupción y “blanqueo de capitales”, de 2010 a 2014 y más allá.

Las acciones emprendidas en Madrid recaen sobre tres sociedades mercantiles de FCC que se asociaron con la constructora brasileña Odebrecht para realizar obras en el Metro de Panamá y en la Ciudad Hospitalaria, en Clayton, detalló la Audiencia Nacional de España, especializada en temas financieros complejos.

Sin embargo, el sistema judicial panameño ha mostrado inercia y lentitud en este caso de alto perfil, en medio de las presiones internacionales para que esas investigaciones deriven en un fracaso. Poco se sabe de la vigencia del modelo de delaciones premiadas, para llevar al banquillo de los acusados a los ex presidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y resolver el caso.

En ese escenario enrarecido, en el que resurgen los pedidos de Justicia expedita, FCC se apresuró a ganar ventaja en el proceso, al intentar rescindir unilateralmente el contrato de 2012 con la Caja de Seguro Social (CSS), sobre el desarrollo de la Ciudad de la Salud. Una carta remitida por la multinacional al director de esa institución, Enrique Lau, anunció en agosto la “disolución” del contrato vigente, bajo el argumento de la pandemia y el aumento de nuevos y masivos contagios de Covid-19.

Sin demeritar la labor de los fiscales y jueces, persiste un elevado riesgo de impunidad tras una escandalosa contratación, en la que FCC ‒beneficiada con 37 proyectos en Panamá‒ trata ahora de salvar la cara corporativa y emular a la constructora Odebrecht, en un fallo que le permitió seguir realizando megaproyectos en este país y desvincular a sus ejecutivos de responsabilidad dolosa alguna en hechos como el pago de coimas a figuras públicas arrastradas a tormentas políticas y mediáticas.

El cuestionado proyecto de la Ciudad de la Salud fue aprobado durante la administración de Martinelli y debía estar listo en julio de 2015. Sin embargo, un informe oficial posterior reveló, al menos, unas 39 irregularidades, entre ellas el uso de láminas de fibra de cemento, al margen de las normas de construcción de hospitales, así como la falta de accesos para el traslado y atención de los pacientes, y deficiencias en las tuberías y los desagües instalados en esa gran estructura.

Las anomalías no corregidas se transformaron en una especie de “boomerang” para la población, mientras se sobrecargaban las instalaciones hospitalarias a causa de la pandemia de Covid-19. Pero no todo termina allí, ya que, ante las claras debilidades institucionales para sancionar faltas, la empresa española reclama a la CSS el pago de 65 millones de dólares por “permanencia extendida” del proyecto de construcción que fue paralizado durante el gobierno de Varela.

La Audiencia Nacional de España ha formulado dos solicitudes de cooperación internacional sobre este nuevo escándalo. Sin embargo, el tema va más allá del ámbito jurídico, ya que detrás del proyecto de la Ciudad de la de la Salud se esconde un plan para privilegiar la Medicina Privada, que no sirve en la erradicación de las pandemias. El derecho a la Salud Pública debe ser incorporado a este caso, que desnuda la perversión del modelo neoliberal y todos los negocios turbios que encubre.

FCC fue imputada en España por cargos de corrupción que alcanzan a Panamá.

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