Por Alberto Velázquez
Periodista y relacionista público
Los gobiernos anteriores en Panamá destruyeron la figura administrativa y la autoridad del corregidor. El régimen actual ha echado por tierra, sin titubeos, la figura del juez de paz.
En su lugar, se impuso la figura del “juez comunitario”, presentada como un supuesto avance para enfrentar a la gente en pugna en los llamados “barrios de trifulca”.
Lo que ha sido instaurado es, en realidad, una aberración institucional. Los conflictos entre vecinos, los litigios personales y las disputas cotidianas no se resuelven con apretones de manos ni besos en la mejilla, sino con autoridad fundada en la ley y con decisiones que garanticen orden y respeto.
Una campaña promovida por abogados que parecían vivir en la luna —o en Suiza— logró acabar con la legendaria personalidad del corregidor, quien, con aciertos o errores, imponía orden con firmeza. Hoy, la sustitución de los jueces de paz no responde a un genuino interés a favor de la convivencia ciudadana, sino a un trasfondo político marcado por el clientelismo, ese mecanismo que alimenta la corrupción desde las entrañas del gobierno.
En abierta violación a la ley, han sido despedidos numerosos jueces de paz nombrados por concurso, con períodos fijos y méritos comprobados, para reemplazarlos por personas de dudosa capacidad en la resolución de conflictos.
De hecho, en más de 700 corregimientos en Panamá, jueces y subalternos han sido destituidos sin reconocimiento de sus derechos laborales, sustituidos por inexpertos que carecen de la formación necesaria.
Una vez más, el ”juega vivo gubernamental” y la nefasta práctica del clientelismo político se imponen sobre la institucionalidad, fortaleciendo la corrupción y pasando por encima de la ley.
Hoy, la destitución de los jueces de paz no es sólo un atropello laboral ni una burla jurídica. Es un golpe a la memoria institucional del país, al sustituir una autoridad fundada en méritos por una improvisación clientelista.
Lo que ha ocurrido, hiere la dignidad ciudadana y se degrada la justicia en su esencia. ¡Qué quede constancia: la paz no se construye con favores políticos, sino con instituciones firmes, respetadas y libres de toda corrupción!
