Ciudad de Panamá, 18 may – (Prensa Latina) – Ante la escalada represiva contra protestas de rechazo a una Ley del Seguro Social, varias agrupaciones panameñas denunciaron hoy ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las flagrantes violaciones a las libertades sindical y civiles.
En la misiva dirigida a Gilbert Houngbo, director general de ese organismo, se solicita la intervención de urgencia ante el Gobierno que judicializa las manifestaciones pacíficas, arresta a dirigentes y reprime a sus participantes por oponerse al intento de desarticular la Caja del Seguro Social (CSS) y eliminar conquistas de los sectores mayoritarios.
También señalan entre sus demandas el repudio a la intención de abrir una mina de cobre en Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de sus operaciones por el daño al medio ambiente, entre otras causas.
La respuesta de las autoridades ha sido la represión brutal de las protestas, dispersión violenta los asistentes, incluso con uso de la violencia física y atacando con gases lacrimógenos a mujeres y niños, detenciones arbitrarias contra dirigentes sindicales y de la sociedad civil organizada y criminalización mediante la privación de libertad y elaboración de expedientes, precisa el texto. Además denunciaron la confiscación de cuentas bancarias y retención ilegal de cuotas sindicales de organizaciones como la de los obreros de la construcción.
En la carta se precisa que los empresarios han actuado como un cercano colaborador del Ejecutivo, lo que apuntala la ruptura del diálogo social que profundiza la crisis política en el país y anula los esfuerzos de una salida negociada.
Al tiempo que reafirma que las protestas continuarán en todo el istmo, los colectivos firmantes de la misiva solicitan una intervención directa de la OIT frente al Ejecutivo por la vía del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y que se logre detener la situación de crisis que degenere en pérdidas de vidas humanas y materiales.
Por su parte, el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) también denunció ante la OIT la detención arbitraria de miembros de su junta directiva como Jaime Caballero, secretario de Relacionales Internacionales, quien permanece bajo arresto y sometido a audiencias públicas, acusado de supuesto lavado de dinero, un proceso amañado, auspiciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, según argumentan.
De otra parte se conoció que las autoridades locales ordenaron este sábado y hasta nueva orden el toque de queda en cuatro distritos de la occidental provincia de Chiriquí (Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé), bastiones en la lucha de los movimientos populares.
La medida incluye restricciones para los menores de edad desde las 18:00 hora local y hasta las 06:00 del día siguiente, además de suspender el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos en los horarios indicados.
