Chile, pesadillas con el nunca más
Por Fausto Triana
Santiago de Chile (PL) – El próximo 11 de septiembre se cumplirán 45 años del sangriento golpe de estado en Chile de Augusto Pinochet, que desbancó al presidente constitucional Salvador Allende y dejó secuelas de crímenes, desapariciones y torturas.
Aunque pueda parecer extraño, lo que supondría una condena unánime de la sociedad no es tan así. Abiertamente políticos y parlamentarios de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) proyectan alabanzas a Pinochet.
Fuerzas todavía más a la derecha se congratulan de haber contado con una junta militar que en 17 años en el poder (1973-1990), dejó un saldo de alrededor 3.200 asesinatos, 1.300 desapariciones y 33.000 personas torturadas.
El pánico sembrado aún surte efectos. Cada 11 de septiembre en Chile se acentúa la polarización de la sociedad respecto al tema e incluso algunos ciudadanos que padecieron crueles torturas prefieren esquivar el asunto y ante presiones, aceptar perdón y olvido.
Sólo así es posible explicar el controvertido fallo de la Corte Suprema que otorgó libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad, amparada en resquicios jurídicos que contravienen el derecho internacional.
La ola de protestas y en particular la mirada inquisidora desde el extranjero, han obligado a ciertas figuras de la centroderecha a criticar el dictamen del máximo tribunal, mientras la izquierda planea llevar el caso a todas las instancias posibles.
Panorama actual
Víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-1990) en Chile, pidieron en una carta la nulidad de la decisión de la Corte Suprema.
“La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se siente con el deber moral e histórico de expresar su indignación y repudio a esta nueva expresión de impunidad”, declaró la institución en su comunicado.
Añadió que ratifica su voluntad de hacerse parte en todas las causas de protección y amparo de los reos de Punta Peuco (cárcel con privilegios especiales), “homicidas y torturadores, que no han aportado antecedente alguno a los procesos, no han manifestado arrepentimiento”.
En los últimos días, la Corte Suprema se vio obligada a revocar una de sus decisiones respecto a los siete sentenciados por crímenes de lesa humanidad, después de conocer de otras acusaciones por trasgredir los derechos humanos.
Se trata del expediente de Emilio De la Mahotiere González, quien está sindicado de ser cómplice en el lanzamiento de personas al mar atadas con alambres a rieles de ferrocarriles durante la dictadura.
“El quehacer tanto pasado como presente de la AFEP, se encuentra indisolublemente ligado a la lucha por la verdad y la justicia, participando en la actualidad en la inmensa mayoría de los procesos judiciales por ejecuciones cometidas por agentes del Estado”, anotó.
Consideró que la impunidad “de la cual han gozado muchos de los torturadores y homicidas”, al igual que todos los responsables del accionar represivo vivido durante la dictadura, “se derrota con el cumplimiento efectivo de penas apropiadas, acorde al delito cometido”.
La AFEP subrayó que no se quedará como simple espectadora ante “la inaceptable pretensión de los asesinos de nuestros familiares”, de gozar de la impunidad “que comenzó con la denegación de justicia durante la dictadura y que se mantuvo buena parte de la transición”.
Indicó que al conocer que uno de los jueces que otorgó las libertades a los criminales está asociado con un ex carabinero, “abogado de homicidas y torturadores de la época de dictadura, es que hemos solicitado la nulidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema”, remarcó.
Realidad y contexto
Alicia Lira, presidente de la AFED, remarcó que no existe ningún espíritu de venganza ni ensañamiento contra los ex agentes de Pinochet que causaron tanto daño al pueblo chileno.
“Simplemente nos mueve un sentimiento de justicia, de conocer la verdad sobre el paradero final de muchos de nuestros seres queridos. Una información que no han querido dar sus ejecutores, quienes tampoco muestran arrepentimiento”, declaró.
La lista de quienes disfrutan hoy de libertad condicional la completan el excapitán de Carabineros Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el ex coronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay (1993) del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Además, los ex oficiales del Ejército José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, condenados por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975.
El senador socialista Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington junto con su secretaria en un atentado con explosivo en septiembre de 1976, deploró lo ocurrido.
Asimismo, los Partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y Revolución Democrática impulsaron iniciativas para exponer el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e impugnar constitucionalmente el dictamen.
El presidente del Senado de Chile, Carlos Montes, consideró “algo horrible” la liberación de exmilitares que cumplían sentencias por crímenes de lesa humanidad.
“Afecta a muchas familias, a los parientes. Tiene consecuencias sobre las personas respecto a acciones que muchos de los liberados ni siquiera nunca reconocieron, de violar los derechos humanos de forma atroz”, apostilló Montes.
En declaraciones a Prensa Latina, el senador consideró que se trata de un hecho inaceptable que repudia absolutamente, “pero lamentablemente es parte de nuestra institucionalidad”.
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa e indignante la decisión de la Corte Suprema.
“No puede ser que las víctimas directas y familiares de los crímenes de la dictadura tengamos que enfrentarnos a estos vaivenes centrados en los acuerdos políticos y no en doctrinas de derechos humanos”, aseveró Pizarro.
“Lo ocurrido muestra a un poder del estado que no respeta el derecho internacional humanitario y que no tiene ningún pudor en complacer a un gobierno que busca liberar a trasgresores de derechos humanos”, apostilló.
