Por Virgilio Cerrud A.
Sociólogo, docente universitario e integrante del Colectivo Bayano
El jolgorio del carnaval fue aprovechado por el poder fáctico para embriagar a la población y pasar varias medidas que garanticen beneficios a favor de las “cajas registradoras” de los grupos empresariales.
Desde el Estado y con apoyo de las corporaciones mediáticas esos grupos pudientes aprovecharon cualquier oportunidad para hacerse de los recursos, las riquezas y reservas que pertenecen al pueblo..
La historia ha revelado que los distintos regímenes, principalmente los post-invasión, aprovecharon la oportunidad para dar ”madrugonazos” (sorpresas), imposiciones y/o aprobaciones a tambor batiente medidas presentadas como supuestas “panaceas” para solucionar los graves problemas nacionales.
En medio de las festividades carnavalescas, hubo fuertes rumores de que el régimen del inquilino emergente del Palacio de las Garzas, el ”arrodillado ante Trump”, quiere de una vez por todas la aprobación del proyecto de ley 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS) y apunta a su privatización y la entrega de los fondos de reserva a los bancos, las financieras, aseguradoras y administradoras particulares.
Un detalle que no hay que pasar de vista es saber quiénes están detrás de esa sucia jugada contra la población asegurada. Veamos: Felipe Chapman, fue directivo del Banistmo. Esposa de Chapman: directiva de Global Bank, fondo de pensiones privadas. Guillermo Chapman: Banco General, fondo de pensiones Profuturo y SIACAP. Dino Mon fue gerente de la aseguradora Mapfre. Federico Boyd Alfaro pertenece a la firma Morgan y Morgan, Su Banco: fondo de pensiones. Todos pertenecen a l oligarquía. Excepto, Dino Mon, quien es un subordinado de esos mismos personajes de marras.
Se vive una semana crucial para la población. Asimismo, reacciona el movimiento social, sindical y gremial, los trabajadores próximos a jubilarse o pensionarse, los pensionados y jubilados y, sobre todo, los beneficiarios de la CSS. Se espera que la Asamblea Nacional de Diputados, por un lado, y el inquilino del Palacio de las Garzas, por el otro, no caminen sobre la cuerda floja. Los primeros no deberían cometer el exabrupto de aprobar ese nefasto proyecto de Ley y el segundo de sancionarla.
Si la aprobación del proyecto de Ley llegase a ocurrir, la respuesta del pueblo panameño será igual de masiva que las movilizaciones del 2022 y del 2023, una contra el alto costo de la vida y la otra contra la minería metálica a cielo abierto.
Señores de la Asamblea Nacional y del Órgano Ejecutivo: la través de sus organizaciones sociales, sindicales, gremialistas, la población ha hablado alto y claro. La respuesta ha sido la siguiente: NO QUEREMOS REFORMAS QUE PRIVATICEN Y ENTREGUEN LAS RESERVAS DE LA CSS A LA OLIGARQUÍA PARASITARIA.
Sin duda, en las calles encontrarán al pueblo organizado, movilizado y con una propuesta unitaria, para hacerse respetar y garantizar los sagrados intereses de la población panameña.
¡Así de sencilla es la cosa!
