Donald Trump no ha podido doblegar a Maduro. (Foto: AFP).
Por Jorge González
Abogado con estudios en Derecho Administrativo y Derecho Internacional
Análisis Situacional Integral
El mundo asiste a una reconfiguración de las relaciones de poder internacional. El esquema de la posguerra fría, explotado por Estados Unidos, se ha fundamentado en el discurso de la libre competencia a partir de su primacía tecnológica, en la que el uso de la fuerza imperial buscaba aparentar consensos entre gobiernos burgueses, y ajustarse al molde de diversos organismos internacionales, como la ONU. Ello dio paso a la puesta en práctica de un método diferente, más agresivo, unilateral, sectario, inspirado en las cañoneras gringas de los albores de siglo XX. Esto es el uso abierto de la fuerza militar y la agresión económica, sin disimulo, sin reparo en excusas o narrativas.
Esa realidad responde a la ley del más fuerte, o de quien cree serlo, hasta que es enfrentado por la unidad de las fuerzas democráticas que luchan por la paz y de la libertad de los pueblos, como ha pasado a distintos imperios que cayeron debido a las contradicciones internas y externas.
La presencia arrogante, amenazante, de la flota de EEUU en el Caribe, frente a las costas de las naciones hermanas de Colombia y Venezuela, es la manifestación más fehaciente de ese nuevo paradigma de la política exterior del coloso del norte, que se empeña en recambiar la estrategia de hegemonía en crisis, puesta en escena durante lustros previos, a una de control total, de dominación, sin adornos narrativos, que sólo puede basarse en la fuerza del ejército norteamericano, y dentro de los Estados amenazados, en la represión desplegada por las élites criollas adláteres y subalternas del imperialismo, partidarias de la dependencia y del unilateralismo cultural y geoeconómico político.
Según el recién bautizado Corolario Trump, que emula al Corolario de Teodoro Roosevelt, los magnates de EEUU se erigen como portadores de un imaginario “derecho civilizatorio” de imponerse sobre América Latina, a la que consideran su espacio de supremacía inmediata.
Por ese motivo descrito, reviven la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, en respuesta a la imposibilidad histórica de materializar el gobierno mundial que soñaron los jerarcas del globalismo financiero, a consecuencia del surgimiento de potencias emergentes en países ex coloniales y dependientes, el auge del multilateralismo, el apego de las naciones a su soberanía, y la persistente resistencia de movimientos populares que lograron acceder al poder de varios Estados latinoamericanos, con agendas soberanistas, progresistas y socializantes.
El ciclo progresista latinoamericano de comienzos de siglo XXI, así como la arquitectura internacional del multilateralismo, hallaron impulso en Hugo Chávez, gran arquitecto de la geopolítica antihegemónica del sur global. Los sectores fascistas y culturalmente, más conservadores de la sociedad estadounidense, partidarios del proteccionismo interno, la agenda petrolera, el extractivismo codicioso de tierras raras, mezclados con elementos de la élite neocons, consideran que ha llegado su momento, para lanzar su contraofensiva, buscando asegurar el dominio directo sobre América Latina.
El nuevo paradigma de política exterior del imperio pretende cancelar todos los espacio de autonomía al sur del río Grande, al colocar los países latinoamericanos en el centro de su estrategia de reavivamiento supremacista, mancillada, producto de las contradicciones de la creciente competencia multilateral, la coordinación desde enfoques alternativos, basados en la cooperación y despojados de todo vicio de hegemonismo. El planteamiento alude a grupos como los BRICS ampliados y otros de corte multilateral. Bajo la jefatura de Trump, el ejercicio del poder imperial no se trata de hegemonía, de “soft power”, sugestión, penetración cultural, metodologías diplomáticas e intercambios. En verdad, se trata de poder bélico y dominación total.
Antes de la toma de posesión presidencial, en enero de 2025, el mundo fue impactado por la crudeza de las declaraciones de Donald Trump contra Panamá y el manejo que esta nación ejerce sobre el Canal interoceánico desde 1999, en virtud de los Tratados Torrijos Carter, y, sobre todo, por la centenaria lucha anticolonialista del pueblo panameño. Las declaraciones altisonantes y ofensivas de Trump no pararon allí. El personaje de marras amenazó y lanzó comentarios anexionistas a Groenlandia y Canadá, y cuestionó peyorativamente el nombre del Golfo de México, entre muchas expresiones proferidas durante meses contra la soberanía de Estados del mundo, de manera completamente antagónica al principio de autodeterminación de las naciones que rige las relaciones internacionales.
Panamá fue amenazado con un ataque militar, usando Trump y su equipo gubernamental de ultraderecha la excusa de una supuesta presencia dominante de China Popular en el Canal. Ese argumento es completamente falso, pues la gran nación de oriente nunca ha pretendido ejercer influencia hegemónica en Panamá y tampoco representa una amenaza militar a la integridad del Estado panameño y el funcionamiento del Canal, el cual es manejado por personal panameño.
Por el contrario, China Popular apoyó en todo momento la lucha del pueblo panameño por la soberanía en la antigua Zona del Canal, que estuvo bajo control de aquellos que hoy pretenden convertirse en “defensores de la democracia”, pese a que impusieron durante décadas un régimen de apartheid en perjuicio de los panameños y los afroestadounidenses.
A partir de las amenazas de agresión norteamericana y la complicidad amanuense del gobierno de José Mulino, desoyendo este último el clamor patriótico de sectores nacionales, fue firmado entre ambos gobiernos un memorándum de cara a algún tipo de presencia militar de EEUU en Panamá, violando lo establecido en la Constitución Política de este país, que en su artículo 325 prevé la obligación de someter todo acuerdo sobre protección del Canal a la ratificación de la Asamblea Nacional de Diputados, además del imperativo de una consulta popular. El memorándum de entendimiento es inconstitucional y configura la traición a la patria. Sim duda, es un delito contra la personalidad internacional del Estado, de acuerdo a las leyes penales panameñas.
Las relaciones diplomáticas y comerciales entre los Estados de China Popular y Panamá, son una atribución soberana. Responden a una necesidad de las fuerzas productivas y son una consecuencia de siglo y medio de aportación cultural y laboriosa de la comunidad china al progreso material y la composición social del pueblo panameño. La presión de EEUU contra Panamá no es un hecho aislado, ni fue obra de un desenfreno súbito carente de causa por parte de Trump y su secretario de Estado, el derechista de origen cubano, Marco Rubio. Hay una explicación profunda, estructural, estratégica, que sirve de basamento para una comprensión de la política norteamericana reciente.
Las amenazas bélicas a la soberanía panameña equivalen a las primeras manifestaciones de un replanteamiento estratégico de la geopolítica norteamericana, orientada a contrarrestar el declive mundial de EEUU, mediante esfuerzos ara contener a Rusia y China Popular, en tanto imponen a los países latinoamericanos un poder de carácter brutal, vulnerando todas las formas, contenidos y principios del Derecho Internacional Público, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional, que rechazan la agresión y la coerción económica unilateral, como las sanciones contra Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, entre otros. Además, rechazan todas las prácticas de guerra arancelaria de la administración Trump contra diversos Estados del mundo.
En forma simultánea a las amenazas militaristas, Trump interviene en los procesos electorales en países de América Latina, como sucedió en Argentina y Honduras, advirtiendo que de no ganar las opciones preferidas por su administración, esos países podrían ser objeto de sanciones económicas. Ello significa un atentado a la paz y la integridad de las naciones, en un claro acto de injerencia directa.
La agresión contra el pueblo de Venezuela hace parte de una agresión más general contra todos los pueblos de América Latina. Las amenazas de bombardeos aéreos se han extendido a Colombia y México. La argumentación del “combate al narcotráfico” es un evidente subterfugio para disfrazar la animadversión de Trump y de la ultraderecha cubana, venezolana y norteamericana, hacia los Estados gobernados por proyectos políticos y sociales de corte soberanista, opuestos a la relación de subordinación económica a EEUU, que es la lógica de acumulación de las oligarquías locales.
La postura de los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum ha sido clara en la defensa de la autodeterminación de sus pueblos y en rechazo a toda agresión contra Venezuela. Similar postura ha sido asumida por el gobierno de Lula, en Brasil, más moderada tal vez, pero ha deplorado toda invasión al territorio venezolano y se ha ofrecido a favor del diálogo político. La flota naval desplegada es un mensaje de agresión contra las islas de las Antillas Menores, sus fuerzas democráticas solidarias con Venezuela. El mensaje busca proyectarse a todo el Caribe, contra los pueblos de Puerto Rico, sometida a la colonia, República Dominicana y Cuba, que es también uno de los objetivos con la presión militar imperial sobre Venezuela. Basta recordar la invasión de EEUU a la isla de Grenada en 1983.
Pese a algunos movimientos del péndulo electoral ante las propuestas de derecha en países de la región, una invasión a Venezuela no goza ni gozará del consenso favorable de la opinión pública de los pueblos. Se equivocan los amantes de la política norteamericana. Dentro de Venezuela, desde el gobierno chavista hasta sectores de la oposición distanciados del radicalismo ideológico de la ultraderecha venezolana cipaya de EEUU, han planteado la defensa de la soberanía contra toda forma de agresión extranjera, aunque hayan diferencias.
Asimismo, en EEUU surgen contradicciones dentro del bipartidismo e, incluso, entre bases del conservadurismo que se consideran traicionadas por la apuesta de Trump por la guerra, la cual prometió acabar durante la campaña electoral de 2024. Los movimientos sociales en la región y en EEUU se empiezan a movilizar con una convocatoria y ritmo ascendente, en rechazo a la agresión norteamericana. Los bombardeos a lanchas y botes de pesca en el mar son considerados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese es el consenso que ha ganado relevancia en la escena internacional.
El despliegue de la flota naval como componente de la guerra híbrida contra Venezuela y toda la región caribeña, no ha logrado el resquebrajamiento institucional interno de las Fuerzas Amadas venezolanas, ni histeria en la sociedad civil, ni desestabilización. Aunado a la capacidad de defensa aérea y la significativa cohesión de las fuerzas venezolanas de tierra, están cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, de diversas edades, que se han movilizado en las milicias para cumplir el deber constitucional de defender la soberanía nacional contra cualquier forma de agresión extranjera. Un ataque o invasión a Venezuela, subrayaba en un artículo anterior, no es un paseo.
La estrategia de guerra asimétrica es el eje de la respuesta estratégica y doctrinaria de las fuerzas armadas venezolanas frente a una hipotética invasión de Estados Unidos. Ello significa una guerra popular prolongada, combinada en técnicas y escenarios de lucha de masas en las calles, en las comunidades, por organizaciones de trabajadores, estudiantes, habitantes en los barrios, campesinos, indígenas, opuestos a toda invasión o ataque aéreo de fuerzas foráneas. Se trata de un país extenso, de millones de habitantes y con una capital rodeada de montañas, la sierra de la costa, que no permite el libre desenvolvimiento de fuerzas acorazadas invasoras, expuestas a ataques anti tanques desde los costados y alturas. Ya sea en bombardeos a gran escala o en acciones focalizadas, los invasores encontrarán resistencia. Los agresores pueden empantanarse políticamente y se multiplicarán las contradicciones del agente invasor.
Es la doctrina de la guerra integral del pueblo por la soberanía, cuyos objetivos son la inviabilidad de los esfuerzos de control y la expulsión del agresor, por desgaste. El espectro de Simón Bolívar se erige como una fuente de inspiración para los patriotas venezolanos en esta hora de cerrar filas por la patria amenazada a pocas millas. Es la contradicción entre el bolivarianismo vs el imperialismo que expresan la Doctrina Monroe y el Corolario Trump.
Ese esquema de unidad y movilización cívico militar, representa un factor de importante carácter disuasivo, pues implica que no habrá una confrontación convencional entre fuerzas tecnológicamente desiguales, sino una lucha de resistencia combinada. La suma de contradicciones externas, relacionadas con la capacidad de combate del pueblo venezolano, así como la ola de rechazo e indignación latinoamericana ante una acción bélica violatoria del Derecho Internacional, y las contradicciones en el seno imperial, en las calles del coloso y en el Congreso, puede ser el peor error de la administración de Trump, si llegase a consumarse la agresión directa.
Además, con una invasión se internacionalizaría el conflicto, ya que los pueblos andinos se convertirían en un hervidero contra el invasor y todo gobierno genuflexo a EEUU. Como prueba de esa tendencia en la región, se puede mencionar el reciente rechazo del pueblo de Ecuador, a través de una consulta electoral, a toda forma de renovación de la presencia militar de EEUU en la antigua base de Manta o en cualquier lugar del territorio ecuatoriano. A pocos días de la conmemoración de un aniversario más de la criminal invasión de EEUU a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, los panameños tienen el deber ético de abrogar el memorándum de entendimiento firmado por los gobiernos de Mulino y Trump, así como rechazar con energía la política de agresión contra el pueblo venezolano y, en general, contra América Latina.
