José Antonio Gómez Pérez
Economista.
Catedrático de la Universidad de Panamá.
Especial para Bayano digital
<ÍNDICE GENERAL>
Introducción.
1. CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA E INTERÉS COMÚN.
1.1. Crisis sanitaria y económica.
1.2. Afectaciones, estado e interés común.
2. ECONOMÍA SOCIAL, POLÍTICAS Y SOLIDARIDAD.
2.1. Síntesis del balance socioeconómico de panamá.
2.2. Orientaciones de políticas y solidaridad responsable.
3. CONTROVERSIAS SOBRE SOLIDARIDAD SOCIOECONÓMICA.
3.1. Economía y subsidiariedad en panamá.
3.2. Los subsidios populares: una polémica de vieja data.
3.3. Trasfondos societales y solidaridad socioeconómica.
Introducción.
Con un marco investigativo amplio abordé el tema: “Panamá y Covid-19: Economía, Compromisos y Solidaridad” procurando así analizar las interrelaciones de los impactos críticos de la pandemia Covid-19 en nuestro país, particularmente en sus estructuras económico-sociales y los contextos de costos extraordinarios, responsabilidad y solidaridad socioeconómica.
Este escrito presenta la primera parte, que como su propio título expresa está concentrada en exponer las siguientes grandes temáticas. Primero: La crisis sanitaria y económica en curso.
Segundo: La economía social, sus políticas y el enfoque de subsidiariedad socioeconómica. Tercero: Las principales controversias en Panamá referentes a las políticas y prácticas de solidaridad social.
1 ― CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA E INTERÉS COMÚN.
El Covid-19 es una pandemia agresiva que en el presente produce Temor ante el empeoramiento rápido de las condiciones económico-sociales de la población. Para el futuro nacional inmediato genera inminentes Incertidumbres y hasta Pánicos, respecto al devenir de los empleos, ingresos, negocios, mercados y la vida de todos los actores productivos. Hoy, ya se trata de un Temor y Desasosiego Nacional generalizado.
1.1. LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA.
La llegada de la Pandemia Covid-19 a Panamá está teniendo efectos negativos y graves en el desempeño societal. Los factores de riesgo conciernen a toda la población, y especialmente a las personas con comorbilidades. Además, se trata de una epidemia agresiva con daños económicos inmediatos y rápidos, sin precedentes históricos semejantes.
A mi entender, nuestra referencia histórica más análoga se asocia a la Crisis Nacional del Periodo 1987-1990 y sus eventos del declive norieguista, sanciones económicas e invasión militar de EEUU a Panamá; que afectó todos los contextos de la vida societal panameña y también trajo muertes y lisiados.
Por su parte, la Crisis Económica Financiera Global de los años 2008-10, cuyo epicentro de propagación fue EEUU, no produjo daños relevantes a la economía panameña, ya que entonces gozaba de un crecimiento en fase de auge expansivo.
Por encima de los ámbitos epidemiológicos y sanitarios, esta crisis conlleva costos elevados y dificultades a toda la población y actores socioeconómicos productivos. De hecho, Covid-19 protagoniza una situación de contingencia y emergencia nacional que configura toda una crisis sanitaria, económica y social; que está afectando considerablemente al tejido empresarial productivo, la población trabajadora, las más poderosas empresas y negocios y los grupos sociales vulnerables.
La intervención a tiempo del Estado, con sus instituciones correspondientes, ha permitido organizar con holgura la atención sanitaria requerida ante la pandemia, a niveles de prevención y ejecución aceptables, para el nivel de desarrollo integral que tiene Panamá.
En ello, un elemento estratégico destacable es la decisión oportuna del Ejecutivo, al priorizar el balance sanitario y de salud pública nacional sobre el registro coyuntural de crecimiento de la actividad económica. A la par, se han presentado acciones gubernamentales para considerar y dar seguimiento a los impactos adversos provocados por Covid-19, entre ellos: el abrupto bajón productivo, las condiciones de recesión económica y el empeoramiento del contexto socioeconómico general.
Hasta ahora, el gobierno nacional determinó cuatro direcciones para atender las condiciones presentes y próximas que Covid-19 produce en Panamá. Éstas se clasifican y exponen en el párrafo siguiente. A mi entender, hay mucho consenso nacional respecto al pragmatismo lógico de tales directrices de acción, sin negar margen a propuestas de ampliación.
A) Resolver la urgencia la situación de crisis epidémica y sanitaria, a fin de controlar la pandemia al menor plazo posible.
B) Afrontar las principales afectaciones económicas y sociales.
C) Establecer soportes económicos y sociales para coadyuvar a la posterior recuperación general.
D) Fundar programas socioeconómicos solidarios para mitigar afectaciones por la pandemia.
1.2. AFECTACIONES, ESTADO E INTERÉS COMÚN.
En el corto tiempo crítico transcurrido, la observación general de impactos y costos vislumbra resultados y montos extraordinarios, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del Cavid-19.
Desde el enfoque económico, las afectaciones y costos por impactos de la pandemia pueden asumir tres categorías principales, ordenadas así: a) Costos Extraordinarios Directos e Inmediatos; b) Efectos en el Crecimiento Económico Corriente; y c) Efectos en Los Balances del Desempeño Macroeconómico.
En Panamá, el primer caso de afectación del Covid-19 se dio el 8/marzo/20; y es la fecha inicio de la situación sanitaria crítica. Visto así, el tiempo transcurrido aún es reducido, para contar con balances suficientes de todos los costos de estas tres categorías; principalmente en los componentes segundo y tercero.
Respecto a la categoría de costos extraordinarios directos, el gobierno nacional está brindando comunicación sobre programas y actividades, con detalles y cifras específicas y parciales; no obstante, aún no se han presentado informes técnicos completos.
La Comisión Oficial, encargada de coordinar los programas económicos, llamada Mesa Económica, está obligada a rendir cuentas y presentar los informes técnicos periódicos. Entiendo que es aconsejable que estos informes se presenten en forma quincenal o mensual. Así, la ciudadanía podrá seguir el avance de los programas especiales, sus ingresos y egresos; tal como lo exige las buenas prácticas de transparencia y gobernanza para el manejo de fondos públicos.
Por ningún pretexto es admisible que el Estado Nacional sea el único actor socioeconómico en asumir responsabilidades y costos. Tampoco es una obligación y compromiso político solamente del gobierno nacional de turno. Efectivamente, es un problema crítico común, que afecta a todas las actividades sanitarias, económicas y sociales; y como conjunto toda la sociedad panameña debe participar y contribuir a solucionar.
En Panamá, el Estado es fundamental en el desarrollo del sector salud y en la prestación de tales servicios a nivel nacional. En la crisis sanitaria y económica vigente, la participación del Estado ratifica este rol fundamental para afrontar los costos sanitarios directos de la administración y control de la pandemia, como en efecto se está cumpliendo. El Estado es actor responsable principal para afrontar los impactos y daños que se registran a nivel macroeconómico; a la vez que también debe atender las demandas apremiantes de la población vulnerable ante la pandemia.
Por su parte, el sector privado empresarial y de negocios es un actor protagónico imprescindible para el funcionamiento de los mercados, asimismo para la vida económico-social del país. En el nivel microeconómico, este sector desempeña funciones sumamente vitales a la economía nacional, y muy asociadas a las medianas y pequeñas empresas y también a la economía doméstica de hogares y familias.
No sólo el sector privado empresarial es un actor con derecho propio a participar en el quehacer de contribuir a las soluciones de la crisis. Las organizaciones de la población organizada (trabajadores, empresarios, sociedad civil, otras) deben participar del quehacer para afrontar la crisis y contribuir a buscar soluciones. Igualmente tienen este derecho, indistintamente si al gobierno de turno le agrada o no hacer formal y directamente este tipo de convocatoria e invitación al trabajo conjunto.
El popular grito «sálvese quien pueda» hoy no es opción para la crisis que enfrenta la sociedad panameña. Todas las fuerzas productivas deben participar y contribuir. En mi opinión, a ningún grupo o sector de la sociedad le corresponde abstraerse, o asumir roles de complicación de la crisis presente.
En Panamá, además de las justificaciones sociopolíticas obvias, hay muchas otras razones para sumar capacidades disponibles para enfrentar la pandemia actual y muchos más desafíos nacionales. Aquí existen capacidades suficientes para desplegar recursos y actividades a niveles considerables, para la mitigación de diversos impactos adversos ocasionados por Covid-19 a la población general.
2 ― ECONOMÍA SOCIAL, POLÍTICAS Y SOLIDARIDAD.
2.1. SÍNTESIS DEL BALANCE SOCIOECONÓMICO DE PANAMÁ.
El crecimiento y desempeño económico de un país, se dimensiona principalmente con referencia al Producto Interno Bruto (PIB) que registra el valor anual de toda la producción nacional de bienes y servicios. Para la economía convencional, el PIB y sus mediciones es una parte esencial del rol de esta disciplina en la vida moderna de las sociedades.
Las mediciones del PIB es temática que suscita polémicas. Primero, porque es parte conceptual básica del proceso del mero crecimiento, que no es sinónimo, ni igualdad a los conceptos y procesos paralelos de desarrollo y bienestar económico.
Segundo, porque pretendiendo absolutizar la importancia del crecimiento económico no se debe ignorar las formas sociales como el PIB es distribuido y como las políticas estatales inciden en ese reparto a favor de la población.
A mi entender, ambas son discusiones necesarias, que no se deben ignorar; no obstante, conforman una temática aparte, que será para otra ocasión.
A) Crecimiento Económico: ¿Aceptable o Insuficiente?
Por los últimos tres decenios, Panamá registró un crecimiento y desempeño económico que califica de muy favorable, tomando como referencia esa variable PIB. A continuación, en forma sucinta, se exponen las estadísticas más explicativas.
En el decenio 1991-2000, Panamá mantuvo un notable crecimiento del PIB, al promedio anual de 5.09 %; y la siguiente década 2001-2010 fue 6.30%. En el lustro 2011–2015, este indicador se mantuvo alto, en 8.63%.
En los años 2016–2019, el crecimiento disminuyó a 4.27% promedio anual. En dicho cuatrienio, el ritmo de crecimiento del PIB fue mucho menor, aunque positivo y arriba del crecimiento poblacional anual promedio de 1.75%; hecho que en teoría debería contribuir al perfil distributivo del ingreso, pero no está ocurriendo así.
Durante varias décadas, si bien el crecimiento económico registrados fue aceptable y con períodos de auge; por su parte, el balance general desigualitario cambió muy poco; principalmente es más perceptible en ámbitos donde existe la intervención estatal subsidiaria.
Estas cifras constatan dos realidades y dificultades notorias.
Una: El ingreso nacional está en aumento constante; por un lado, se concentra más la participación a favor de retribuciones al capital; mientras al otro lado, la cuota participativa de la población trabajadora se reduce considerablemente.
Dos: El ritmo de crecimiento del último lustro conlleva una marcada tendencia a declinar, lo que dificulta la generación de un nuevo ciclo de expansión económica.
B) Ritmo Económico Y Reducción De Desigualdades A Velocidades Distintas.
Los resultados de nuestra economía arrojan una conclusión general irrebatible. En Panamá, la ausencia o falta de crecimiento económico suficiente no es la causa que impide mejorías concretas y relevantes al balance socioeconómico poblacional, en sus contextos y perfiles desigualitarios e inequitativos.
Así, las causas de las desigualdades socioeconómicas rebasan el mero proceso de crecimiento; son más profundas y están correlacionadas con los atrasos y obstáculos del sistema propio de desarrollo y bienestar económico-social.
Hay que tener muy en cuenta que en Panamá las desigualdades son un conjunto sistémico de raíces muy profundas en la totalidad económica y sociopolítica de todo el país sin excepción; y cuyos orígenes le sustentan y justifican con relaciones formales, que van desde el acceso a los recursos naturales como la tierra y el agua, hasta los más diversos patrones societales: fiscales, sanitarios, educativos, etnias, genero, salariales, ingresos, capital, patrimonio, crédito, etcétera.
Por eso, casi siempre la desigualdad social es en plural, no en singular; es decir, es un conjunto múltiple; que, además, es persistente y cada vez más en aumento constante, hasta muy a pesar de los muy cuestionados subsidios sociales.
En consecuencia, es harto conocido que, según modelos y parámetros internacionales, Panamá está tipificado como un país altamente desigualitario, cuyas estructuras socioeconómicas revelan enormes condiciones e índices de atrasos, en el acceso y la distribución de la riqueza nacional.
C) Listado De Las Desigualdades Socioeconómicas En Panamá.
Analizar las desigualdades socioeconómicas es un tema muy amplio. A mi juicio, lo más esencial son los contenidos conceptuales, y por tanto hay que concentrarse en las síntesis que disponemos sobre las características principales del ámbito socioeconómico panameño.
Para las diez temáticas aquí planteadas existen abundantes estadísticas, nacional y extranjera, siempre fácilmente accesibles. Basta enumerar y resaltar unas pocas características, para constatar un sistema económico-social panameño funcionando con muchas injusticias y fragilidades, que ya de por si constituyen una alta deuda social de arrastre histórico.
A mi juicio, entre las estructuras de atraso, desigualdad multidimensional y pésima distribución del ingreso nacional, las diez características más llamativas son las siguientes:
(1) Elevados índices de pobreza multidimensional y aún de pobreza extrema.
(2) Desempleo formal alto y también con nivel remunerativo bajo.
(3) Sub-Empleo e Informalidad elevados y con precariedad.
(4) Producción y Seguridad Alimentaria Débiles.
(5) Estructuras Tributarias Regresivas, Inequitativas y Excluyentes.
(6) Canasta Básica Cara sujeta a inflación constante y marcada.
(7) Indicadores de acceso a servicios públicos básicos aún con significativo déficit de cobertura.
(8) Déficit Habitacional Elevado en Centros Urbanos y Poblados Rurales.
(9) Barreras para el Acceso al Crédito Productivo a Condiciones Favorables.
(10) Atraso Estructural para Constituir Polos Desarrollistas a la Periferia Urbana, Áreas Rurales y las Comarcas Indígenas.
Por sí solas esta decena de condiciones explican porque hay que prestar atención a los grupos sociales vulnerables y marginados de nuestro país. Se trata de un seguimiento y apoyo especial, que estaba requerido aún en períodos de expansión y auge económico, cuanto más urgente es ahora en una coyuntura ya de por sí sumamente desventajosa; y que por añadidura recibe los embates de la pandemia Covid-19.
D) Listas: Grises, Negras y Desdeñadas.
Por muchos años, Panamá ocupó un notable puesto al figurar en el listado de “países con aceptables y más rápido ritmo de crecimiento económico en el mundo”. Todo ello, a la vez que este mismo Panamá ocupó un desacreditador puesto al sobresalir en otro listado global: “país con estructuras socioeconómicas distributivas altamente desigualitarias en el mundo”. Aún vive y conserva su posición en este segundo world ranking.
A diferencia de otras famosas “listas negras y grises” que afectan y preocupan a la poderosa economía panameña transitista de comercio y servicios, ningún gobierno ha objetado tal inclusión, ni ha nombrado comisión aclaratoria o manifestado una premura por salir de tan oprobioso listado de país súper desigualitario.
2.2. ORIENTACIONES DE POLÍTICAS Y SOLIDARIDAD RESPONSABLE.
A mi juicio, considerando la estructura socioeconómica panameña vigente, muy desigualitaria y excluyente, dos principios orientadores son muy valiosos y útiles a la hora de concretar políticas y medidas, principalmente cuando afectan a la población, actores productivos y empresas pequeñas.
Primero: “A Cada Quien Según Su Capacidad”. Es una máxima muy práctica y eficiente, Para Establecer Costos, ya sean de: aportes, cuotas, cargas, gravámenes e impuestos.
Segundo: “A Cada Quien Según Su Necesidad”. Es un axioma muy conveniente y eficaz Para Asignar Beneficios, cuando se trata de donaciones, asistencias, subvenciones y subsidios.
Ambos principios, administrados hacia intereses comunes de conveniencia y equidad, son instrumentos de política socioeconómica provechosos y eficaces; válidos no solamente en momentos de crisis transitorias, sino también para objetivos permanentes de desarrollo integral de las sociedades.
3 ― CONTROVERSIAS SOBRE SOLIDARIDAD SOCIOECONÓMICA.
Mucho antes que en el año 2014 aquellos papeles pirateados afamaran más a nuestro país, ya en Panamá era vox pópuli la idea siguiente: “Tenemos un país pequeño, con una suspicacia enorme, una corrupción gigantesca y una impunidad monumental”. Suspicacia, Corrupción e Impunidad configuran un trio antisocial perverso. Ello no es de extrañar.
Justamente, Panamá ocupa un puesto relevante en otro listado mundial, ahora el de corrupción y carencia de transparencia. En 2018, ocupó el puesto 93 entre 180 países, según el índice de Percepción de Corrupción, que prepara el Instituto de Seguimiento a la Transparencia Internacional.
3.1. ECONOMÍA Y SUBSIDIARIEDAD EN PANAMÁ.
Ciertamente, la Subsidiariedad Económica y Social es un tema de alcance nacional y mundial. En economía, el concepto de Subsidiariedad comprende las contribuciones y ayudas que el estado realiza a los diversos actores sociales, de variadas formas directas e indirectas, y usualmente procurando objetivos económicos que generen mayores niveles de eficiencia y eficacia, en las funciones societales de producción y redistribución de recursos, procesos e ingresos.
Según sus destinatarios, las contribuciones y ayudas principales están destinadas a la población y sus actividades básicas y también dirigidas a las empresas y sus negocios. En general, ambas subvenciones tienen las mismas finalidades de objetivos y tipos de gasto.
La Subsidiariedad contiene ligazones objetivas entre los contextos económicos, sociales y políticos; que hacen de ésta una herramienta objetiva de acción del estado, más allá del interés de los gobernantes de turno. A la par de Subsidiariedad, también son utilizados los términos Subvencionismo y Asistencialismo.
En Panamá, el concepto propio de subsidiariedad suele diferenciarse con vocablos distintos. Subsidios, cuando son ayudas a la población; e Incentivos, cuando son contribuciones a las empresas. El vocablo Incentivos, seguro quiere expresar alguna idea económica de “capacidad de retorno” por apoyar negocios e inversiones.
No obstante, Subsidios conlleva un deje ofensivo al aparentar que cuando los subsidios son sociales y populares no tienen retorno y resultan nulos. Así, se trata de una interpretación estrecha del concepto económico; presumiblemente, también una apreciación malintencionada contra de las contribuciones y ayudas a situaciones desigualitarias en poblaciones pobres y marginales.
En Panamá, hay debates acalorados entre partidarios de “subsidios o incentivos” y con frecuencia creando ambientes críticos y contraproducentes. A veces, yo quisiera pensar que las arremetidas contra los subsidios populares son preocupaciones genuinas, explorando opciones realistas y productivas para que la gente trabajadora y honesta pueda prescindir de éstos; y que no son campañas malsanas contra el asistencialismo público. No obstante, es observable fácilmente que los detractores de subsidios populares son al mismo tiempo los alabadores de incentivos para negocios privados.
En tales circunstancias se trata de una riña fundamentalista o reduccionista. Así, al despertar, recuerdo aquel viejo refrán conocido: «la soga siempre revienta por el lado más delgado». Con argumentación y lucha social, a futuro hay que construir amplios contextos, más positivos, equilibrados y productivos, para ambos tipos de subvenciones.
3.2. LOS SUBSIDIOS POPULARES: UNA POLÉMICA DE VIEJA DATA.
Las polémicas sobre solidaridad socioeconómica tienen vieja data y razones de diversas índoles. En los años de este siglo XXI, la controversia principal es referente a los Subsidios Populares, que otorga el Estado para beneficiar principalmente aquellos sectores poblacionales con bajos ingresos, condiciones de marginalidad y exclusión socioeconómica.
Se trata específicamente de Subsidios a diversas actividades, y cuyo monto del año 2019 fue por la suma extraordinaria de B/. 1,500.0 millones de balboas. Al presente, este renglón de gasto público anual alcanza ya los 1,600.00 millones de balboas.
Entre estos subsidios, se destacan los siguientes: Consumo Bajo de Energía Eléctrica; Tarifas al Transporte Público; Consumo de Gas Licuado para Cocción; Red de Oportunidades; Beca Escolar Universal; Ancianos $120 a los 60 Años; Ángel Guardián para Discapacitados; Aportes a PyMEs; y Aportes a Partidos Políticos.
En el caso del Sector Empresarial, este renglón de gasto del Estado se denomina Subsidios e Incentivos. Los subsidios directos son fácilmente identificables y medibles. Lo contrario ocurre, con los incentivos reales, que se realizan bajo mecanismos de prebendas, precios subvaluado y prácticas corruptas -como contrabando- que resultan difícilmente medibles.
Para el año 2019, un informe oficial señala que la suma de incentivos alcanzó la suma de B/. 100.0 millones de balboas, por concepto de exoneraciones de impuestos de importación y aportes a actividades exportadoras. Años atrás, este renglón había sido mucho mayor.
El sistema de subsidios populares apuntó a atender necesidades o deficiencias básicas de la realidad nacional; sin embargo, tal como quedó, éste no siempre contribuye a garantizar resultados de rendimientos positivos y eficacia económica. En variados casos, dicho sistema luce como malversación de recursos. Por ejemplo, en el programa de la beca universal ya se están programando ajustes necesarios.
El asunto del tiempo de duración o interrupción de los subsidios es un problema aún no ha resuelto, y debe revaluarse. Por ejemplo, la subvención al consumo de gas licuado en envases de 25 libras es indiscriminada, no importa quién y cuánto se consume, ni cuál sea el precio del mercado internacional del LPG importado.
El subsidio al consumo de electricidad residencial está mejor definido, puesto si tiene un tope, para el mínimo de consumo residencial inferior a los 300 kwh mensuales.
Las condicionalidades son preocupantes, de suprimirse los intereses políticos electoreros, varios programas de asistencia social carecerían de sostenibilidad a mediano y largo plazo. En administraciones pasadas varios subsidios fueron reducidos, y actualmente hay listas de espera; sin mencionar el interés permanente por privatizar el IDAAN y su servicio de agua potable.
Notoriamente, la política pública asistencialista tiene ausencias de precisión de objetivos y normativas explicitas para perspectivas duraderas; hecho que se explica con la resistencia a romper obstáculos, y falta de visión oficial consensuada de desarrolla nacional integral sostenible a largo plazo.
Sin agendas ocultas, el sistema de los subsidios populares debe revisarse, y también aquellos incentivos a las empresas deben reevaluarse; ambos grupos de subvenciones suman cuantiosos ingresos del estado; aún sin considerar los mecanismos de la alta evasión tributaria y fiscal, de las empresas y los ciudadanos.
En perspectiva, tampoco debe ignorarse que subsidios y el populismo son dos temas muy predilectos, para casi todos los partidos y políticos panameños; asunto que asociado a la corrupción complica el sistema de decisiones para los cambios favorables. La manipulación politiquera de los subsidios es un arma de doble filo, que siempre termina creando más dificultades.
Por supuesto, hay que revisar todo el sistema de subsidiariedad bajo la perspectiva de un balance integral nacional, con las mediciones correspondientes de eficiencia y eficacia económico-social, respecto a gastos y rendimientos de cada programa; y también considerando los ajustes para mejor control y verificaciones efectivas.
En suma, la Pandemia Covid-19 también evidencia que la política estatal de subvenciones requiere de un plan de corrección estratégica integral, que ordene criterios de justicia social equilibrada con el desarrollo productivo nacional.
3.3. TRASFONDOS SOCIETALES Y SOLIDARIDAD SOCIOECONÓMICA.
Soy consciente que la solidaridad no es una consigna o bandera idílica; tampoco es un servicio de mercadeo fácil y menos aún implica decisiones forzosas. Por esencia, la solidaridad es un acto voluntario y de generosidad, que constituye una categoría real y viviente de las relaciones de producción y desarrollo y del ideario de las sociedades. Por sus condicionalidades siempre estarán sujetas a variadas interpretaciones y polémicas.
En Panamá, es difícil hablar y pedir solidaridad socioeconómica, dejando de lado varias causales que distorsionan su espíritu y contenido. Me refiero a prácticas existentes de corrupción, impunidad, latrocinio, fraudes fiscales, evasión tributaria, y subculturas de: ruindad, juega vivo, populismos, y otras. Los balances realizados al conjunto de estas prácticas desafortunadamente ya muestran lo muy arraigadas y crecientes que están a nivel nacional, igual que los daños que causan al desarrollo integral y moral de la nación.
En tiempo vivo y simultáneo, Panamá también cuenta con una población muy visible y mayoritaria que cree y practica constantemente la solidaridad popular, bajo diversas formas familiares, vivenciales, religiosas, deportivas, etcétera. Esta población noble siempre busca y apoya las actividades de solidaridad socioeconómica. Se empina, entre las adversidades descritas, para reflexionar y actuar. Por supuesto, que su actitud siempre es exigir el control y extinción de estos balances de corrupción nefasta.
De hecho, todo este conjunto de corrupción es ya una total “epidemia nacional de vicios sociales”. Al parecer, estamos esperando aún un “Plan de Guerra Abierta y Efectiva Contra La Corrupción Nacional”. En suma, se trata de un problema grave y, a la vez, otro desafío estratégico para la justicia y el desarrollo integral nacional.
Siempre hay tiempo para discutir opciones para luchar y combatir la corrupción. Personalmente, tengo mucha desconfianza que dichos vicios puedan resolverse en el acontecer sociopolítico corriente; y serias dudas que haya madurez nacional suficiente, para enfrentar tal desafío estratégico, con la fuerza política y capacidad de gestión gubernamental que se requieren. Quizás un eventual cambio de constitución, por la vía de la constituyente original, podría acercar posibilidades de cambios en las direcciones requeridas.
