PANAMÁ: ECONOMÍA SOCIAL Y PROGRAMAS SOLIDARIOS ANTE COVID-19.

José Antonio Gómez Pérez
Economista.
Catedrático de la Universidad de Panamá.

<ÍNDICE GENERAL>
Introducción.
1. PROGRAMAS SOLIDARIOS ANTE EL COVID-19.
1.1. Medidas de atenuación de impacto.
1.2. El Plan Panamá Solidario.
2. EXPECTATIVAS Y CONTROVERSIAS SOBRE PROGRAMAS SOLIDARIOS.
2.1. Crisis sanitaria y económico-social: objetivos inmediatos.
2.2. Valoración de las medidas mitigadoras adoptadas.
2.3. La necesidad de planes económicos formales y completos.
3. SÍNTESIS: LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL INMEDIATA.
3.1. Crisis sanitaria, intereses comunes y solidaridad socioeconómica.
3.2. Un alto crecimiento aceptable y repartos económicos muy
desigualitarios.
3.3. La frontera entre dos problemas: el coyuntural crítico y el estructural
deficitario.
3.4. Subsidiariedad restringida o asistencialismo eficaz para una crisis.
3.5. Subsidios, incentivos y planificación a largo plazo.

Introducción.

Como adelanta el título, este ensayo está orientado a exponer y concentrarse en las siguientes grandes temáticas. Primero: Los programas solidarios en curso ante la actual crisis sanitaria y económica. Segundo: Las expectativas y controversias sobre los programas solidarios en Panamá. Tercero: Presentar una síntesis de la situación económico social inmediata en nuestro país.

Este escrito es la segunda parte, de un marco investigativo amplio con el que abordé el tema: “Panamá y Covid-19: Economía, Compromisos y Solidaridad” analizando las interrelaciones de los impactos críticos de la pandemia Covid-19 en nuestro país; particularmente, en sus estructuras económico-sociales y los contextos de costos extraordinarios, responsabilidad y solidaridad socioeconómica. La primera se tituló: Panamá y Covid-19: Crisis Económico-Social y Subsidiariedad.

1 ― PROGRAMAS SOLIDARIOS ANTE EL COVID-19.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia, tras cumplirse los protocolos epidemiológicos correspondientes y en virtud de su agresiva propagación mundial en curso.

El 13 de marzo de 2020, la República de Panamá declaró el estado de emergencia nacional en todo su territorio. Así, el Consejo de Gabinete, en uso de sus facultades constitucionales y legales, emitió la Resolución No. 11 de 13 de marzo de 2020, con la que dictaron variadas disposiciones sanitarias y económicas para atender los problemas de la pandemia y gestionar su administración.

1.1. MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE IMPACTO.

A la fecha, el órgano ejecutivo, rector de las políticas gubernamentales, emprendió diversas actividades para atender los fuertes impactos con que Covid-19 ha recrudecido la crisis socioeconómica nacional.

Bajo tal marco referencial, la Asamblea Nacional de Diputados (AND), órgano legislativo, aprobó un proyecto ley con fines semejantes. Igualmente, se adoptaron iniciativas por parte de la Superintendencia Bancaria de Panamá y organizaciones del sector empresarial privado.

Dentro del panorama desolador de crisis sanitaria y socioeconómica, resaltan las siguientes medidas mitigadoras:

1) Modificación de Condiciones de Pagos a Deudas con Instituciones Financieras.

Se trata de cambios temporales en los términos contractuales de las deudas contraídas con instituciones financieras particularmente los programas de pagos, haciéndolos más flexibles a la situación de emergencia nacional por las pérdidas de empleos e ingresos de los cuentahabientes.

Por un lado, la Superintendencia Bancaria de Panamá (SBP), rectora del sistema nacional de instituciones financieras, bajo potestad e iniciativa propia y mediante Acuerdo 002-2020 de 16/03/20, estableció a partir de Abril/2020 la modalidad temporal de Préstamos Modificados, para ajustar los montos de pagos de obligaciones y reducir posibles deterioros en expedientes crediticios.

Las entidades financieras están revisando la situación concreta de cada deudor afectado; y así ajustan las condiciones de los préstamos, respecto a clasificación crediticia, tasas de interés, plazos de pago y periodos de gracia.

Según estimaciones de la SBP cerca de 50% de clientes prestatarios ya optaron por algún beneficio de las modificaciones establecidas; paralelamente cerca de 35% continúa normalmente realizando sus pagos contractuales. A la fecha, ya se reporta 600 Mil clientes beneficiados, principalmente con la extensión del plazo de pago, bajo condiciones de mantenimiento de los montos de las letras de pago mensuales.

Hay informaciones sobre conversaciones de la Presidencia de la República con autoridades de la SBB con el fin de extender el aludido Acuerdo hasta fines de diciembre de 2020. Lo cuál sería más beneficioso para la clientela prestataria.

Por otro lado, el día 7/04/2020 la Asamblea Nacional Legislativa (ANL), bajo potestad e iniciativa propia aprobó el Proyecto Ley 287. Conocida como Ley Moratoria, aún en trámites oficiosos, establecería pautas económicas y financieras a todas las instituciones bancarias, cooperativas y financieras, para administrar transitoriamente préstamos hipotecarios, personales, comerciales y tarjetas de créditos; también incluye el cobro de alquileres de oficinas, locales, comerciales y habitacionales.

Varias medidas del proyecto ley de la ANL difieren de aquellas ya puestas en vigencia por el Acuerdo de la SBP, principalmente en periodo de vigencia y condiciones de administración de las deudas postergables y acumulables. Más adelante se añadirán detalles al respecto.

Desde el pasado 7 de abril de 2020, la Asamblea Nacional Legislativa aprobó tal proyecto ley 287. El mismo es cuestionado por la Superintendencia Bancaria de Panamá, entre otros puntos:

a) El periodo de 2 años para recuperar las deudas que sean acumuladas.
b) Que éstas no conlleven cobro de intereses y tampoco pago en concepto de gastos administrativos.

El Ejecutivo no lo sancionado y fue devuelto con objeciones. El 4 de mayo, el Ejecutivo anunció un Acuerdo con la SBP para extender las condiciones de moratoria (Préstamos Modificados) hasta el 31 de diciembre de 2020.

Adicionalmente, el gobierno nacional pondrá a disposición del sistema bancario nacional la suma de 515 millones de balboas para garantizar liquidez ante eventuales contingencias; suma igual que ya fue suministrada a Panamá por medio de préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional.

2) Modificación Temporal Al Pago de Servicios Públicos.

Se trata de la suspensión del pago de los servicios públicos hasta el 30 de junio de 2020. Lo que concierne a los trabajadores y personas afectadas por la pandemia y en cuanto a servicios de agua, aseo, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y servicio de Internet. Autoridades oficiales han informado el estudio de extender esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020.

3) Reducción de La Factura del Consumo de Electricidad.

Esta medida concierne a la reducción de la factura del servicio de electricidad residencial, para el período del 1 de abril al 30 de junio de 2020. La rebaja sería por el orden de 50% a los clientes de bajo consumo, hasta 300 KWh; y de 30% a los clientes que consuman entre 301 y 1,000 KWh.
Se estima que esta medida beneficiará al 90% de las residencias del país. Esta medida se produce como resultado exclusivo de la caída drástica de precios en los petroderivados importados (bunker, diesel y lpg) para generación térmica de electricidad.
Hasta ahora, todas estas decisiones y medidas gubernamentales directas conllevan un único propósito general: Mitigar las reducciones de ingresos de los trabajadores y familias, que cesaron actividades por las medidas de confinamiento y control para la pandemia. Además, se evalúa la posibilidad de un mayor período de extensión.

1.2. EL PLAN PANAMÁ SOLIDARIO.

Desde su aparición, el llamado Plan Panamá Solidario (PPS) es objeto de observaciones, críticas y hasta preocupaciones. Ciertamente por doquier, los políticos tienen pasión por las denominaciones y calificativos grandilocuentes para sus acciones de gobierno. Por encima de tal preferencia, hay que valorar los hechos con objetividad; es deber registrar los positivos, luego las omisiones y fallas.

Veamos el Programa Panamá Solidario, sus antecedentes y actividades principales. El viernes 20 de marzo, el Gobierno Nacional anunció poner en marcha diversas medidas para mitigar impactos a poblaciones más afectados por la pandemia; dentro de denominado oficialmente Plan Panamá Solidario (PPS), que contaría con un Fondo Inicial (FPS) de B/. 50 millones de balboas. No hay pronunciamientos alusivos a sumas sensacionales semejantes a los endeudamientos públicos nuevos.

Ya desde el reciente 30 de marzo, el PPS comenzó su ejecución; y se destacan, por diversas razones, las tres actividades siguientes:

1) Asistencia para Comprar Alimentos y Medicinas.

Medida destinada a personas de bajos ingresos y condiciones socioeconómicas, por medio de libretas de 80 balboas, divididas en cuatro cupones de 20 balboas cada uno.

La Asistencia denominada Bolsas de Alimento y Artículos Básicos están destinadas a las áreas urbanas, rurales y a las Comarcas Indígenas. Para las comarcas se distribuirían como mega bolsas una vez al mes, mientras que cada 15 días en las otras áreas. El costo de las bolsas corrientes está estimado en 21 balboas.

Según las informaciones oficiales, al 30/04/2020 el PPS ya ha beneficiado a 1,696,058 personas con sus actividades principales; cifra desglosada en: a) 779,392 bolsas de comida y artículos básicos; b) 598,821 bonos; y c) 317,845 vales digitales.

Tanto bonos como vales son para utilizar en la compra de alimentos y artículos básicos, mediante un programa establecido con empresas de supermercados. Aún no se han presentado informes públicos oficiales de los gastos incurridos y desglosados en cada programa.

2) Panamá Solidario Laboral.

La entrega de esta Asistencia tiene dos modalidades: a) Bonos Trabajadores que han perdidos sus empleos, por montos de 75 y 100 balboas mensuales; y b) Vales a Trabajadores Informales, y personas que estén desempleadas, por los mismos montos.

Los beneficiarios de esta actividad están registrados dentro de las asistencias para compras de alimentos y medicamentos.

La ANL en el proyecto ley 287 estipulaba que el Bono Solidario que el estado emitiría sería a razón del costo presente de la canasta básica familiar, para que fuese una ayuda mensual a los trabajadores y personas afectadas por la pandemia.

Al final, esta medida mitigadora quedó fijada en 80 balboas, según el PPS, y bajo la modalidad de asistencia para necesidades básicas: alimentos, medicamentos y artículos de aseo.

3) Contribución de Servidores Públicos al Fondo Panamá Solidario.

Se trata de que todos aquellos trabajadores públicos que devengan un salario mensual superior a los Mil balboas aporten a Fondo Panamá Solidario hasta 20% mensual. Esta contribución sería a través de planilla y durante el período de tres meses. Inicialmente, esta medida pretendió ser de carácter de descuento obligatorio. No he visto publicación de los cálculos realizados para esta medida. Habría sido interesante conocer los detalles.

No obstante, la Procuraduría General de la Administración Pública (PGA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicaron que tal medida sólo puede ser una opción de descuento voluntario, por parte de cada servidor público. En efecto, la iniciativa del Ejecutivo fue así claramente modificada. Aún no hay un informe general de las recaudaciones que está medida está produciendo.

4) Visión de Conjunto.

En general, las tres medidas incluidas en el PPS encuadran dentro de un escenario y criterios de afectaciones y emergencia nacional, que apuntan a mitigar directamente impactos de la crisis a la población afectada, en dos direcciones:

A) Asistencia parcial, monetaria y con bolsas de alimentos, a la población afectada por la reducción inmediata de actividades económicas y pérdida temporal de empleo e ingreso, incluyendo trabajadores de sectores formales y de la economía informal.

B) Apoyo parcial, monetario y con bolsas de alimentos, a grupos tradicionalmente pobres y vulnerables.

Estas iniciativas son positivas y están en marcha. No obstante, los montos asignados para tales ayudas si tienen una valoración menos favorable.

Por su parte, es muy positiva la instrumentación tecnológica novedosa empleada, como la digitalización y uso de la cédula ciudadana para las transferencias bancarias de los bonos y vales monetarios. Igualmente, es muy importante destacar las convocatorias a personas menores de 50 años, para sumarse al movimiento de voluntarios para el trabajo solidario; muy loable causa, que el Mides, la Universidad de Panamá y otras instituciones están impulsando; y que plantean meas de aglutinar unos 50 mil voluntarios en todo el país. Estas experiencias hoy son provechosas y seguramente también a futuro.

2 ― EXPECTATIVAS Y CONTROVERSIAS SOBRE PROGRAMAS SOLIDARIOS.

Todo Panamá está lleno de esperanzas en superar la presente crisis y reconstruir las condiciones básicas para el funcionamiento corriente de la sociedad y su economía. En ese escenario poblacional vivo, hay muchas expectativas variadas, tanto de intereses comunes, como divergentes y controversiales. Aquí, algunos temas importantes.

2.1. CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICO-SOCIAL: OBJETIVOS INMEDIATOS.

Los diversos sectores sociopolíticos nacionales han expresado muchas coincidencias en la conceptualización general de la crisis. Es en la visión de salidas donde hay diferencias, principalmente en el número y alcance de objetivos. Los planteamientos siguientes son útiles para ilustrar y obtener conclusiones.

Durante la presente crisis sanitaria y económico-social, cuatro objetivos, con sus correspondientes tareas, son primordiales e inmediatos a nivel nacional.

A) Preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajos en el sector formal de la economía, pública y privada.B) Apoyar a los Trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la crisis sanitaria, incluyendo a aquellos de la economía informal.
C) Apoyo financiero directo al gasto de empleos en las pequeñas y medianas empresas en los sectores indispensables, como alimentación, educación y servicios básicos.
D) Crear programas crediticios viables para generar autoempleos y para la recuperación empresarial en el escenario post pandemia, principalmente para las PyMes.

Indistintamente si hace o no lo suficiente, el gobierno nacional está actuando en direcciones correctas, al menos en dos de cuatro que son consideradas muy importantes, por diversos sectores sociopolíticos nacionales. Obviamente, los temas C y D motivan muchas discusiones y diferencias, respecto a la visión oficial gubernamental.

En Panamá, tres realidades son muy evidentes e insoslayables. Uno: La importancia de las PyMes y sus aportes significativos a la generación de empleos. Dos: La magnitud extraordinaria de la economía informal o trabajadores por cuenta propia. Tres: La debilidad funcional de tales organizaciones productoras y sus fragilidades respecto al mercado laboral.

Por consiguiente, en un país donde no existe seguro de desempleo, la actual crisis sanitaria y sus medidas de control golpean con mayor rigor a estos dos grandes sectores de actividad nacional, complicando las condiciones laborales y la captación de ingresos de las empresas y trabajadores.

Es positivo que el PPS atienda los daños por la interrupción laboral y actúe para paliar a los trabajadores por los ingresos perdidos. Mas, es desfavorable que no se haya establecido ningún programa asistencial a las empresas afectadas severamente por la crisis y controles sanitarios; y me refiero concretamente a medidas crediticias, más allá de las disposiciones tributarias adoptadas.

Hasta ahora, el PPS no incluyó este tipo de objetivo. Solamente queda cavilar que el futuro Plan de Recuperación Económica (“plan día d”) incluya otros objetivos urgentemente necesarios.

2.2. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MITIGADORAS ADOPTADAS.

En toda evaluación objetiva sobre actividades mitigadoras es obligante incluir las dimensiones monetarias y económicas en forma racional. En la crisis presente, la caída de ingresos de los trabajadores y familias es un caso muy explícito.

Obviamente, el Programa Panamá Solidario (PPS) no es completo ni proporcional a las expectativas que generó, y mucho menos a las necesidades básicas mínimas de los desempleados, sean estos coyunturales o permanentes.

Ciertamente, las ayudas mitigadoras del PPS conllevan magnitudes muy bajas en sus valoraciones monetarias y económicas, respecto a condiciones, costos y precios del mercado panameño; además, hoy resultan poco racionales e inconsecuentes con la magnitud de la crisis del Covid-19.

En este contexto, Vale la pena hacer referencia a dos medidas adoptadas. Una: El Bono para Comprar Alimentos y Medicinas, destinado para los Trabajadores Desempleados, durante y antes de la pandemia. Otra: El Aporte de los Servidores Públicos al Fondo del PPS.

1) Bono para Comprar Alimentos y Medicinas.

En Panamá, actualmente la canasta oficial básica de alimentos tiene un costo mensual de 310.06 balboas, estimada para una familia de 5 miembros. Además, la canasta familiar ampliada tiene un costo superior a 620.12 balboas mensuales. Como se elija comparar, el alcance asistencialista del bono de 80 Balboas es mínimo, apenas representa una cuarta parte (25.8%) de la canasta alimentaria.

Útil es retrotraer experiencias semejantes, para comparar dimensiones monetarias, sentido económico y voluntad política. En 1976 el gobierno de Omar Torrijos Herrera estableció un programa de emergencia para 30 mil desempleados, que incluyó capacitación laboral y una asistencia monetaria por 100 balboas mensuales; suma equivalente al costo de la canasta alimentaria de aquel año. Un balboa o USA dólar de 1976 hoy tiene 4.63 veces mayor valor, actualizado con una inflación promedio anual de 3.54%; es decir, aquellos 100 balboas equivaldrían a 463.02 balboas de ahora 2020.

Haciendo sintonía histórica, creo que pudo referenciarse esos 463.06 balboas y ponderar su conveniencia actual, en lugar de los 80 balboas, cuya coherencia económica es desconocida. En un estado pequeño y restringido como Panamá hace 44 años, hubo conceptualización amplia y voluntad suficiente, para interpretar la situación crítica prevaleciente y establecer una medida mitigadora coherente. Incluso, aquella ayuda directa de 100 balboas en 1976 es mayor a la hoy adoptada como realidad, para la crisis pandémica actual. Tiempo hay para revaluar.

Este relato y sus moralejas son claros. Retratan muy bien cómo en situaciones de crisis se toman decisiones, que sea comprensiva y coherentes en relación a las perspectivas económicas, sociales y políticas.

2) Aporte de los Servidores Públicos al Fondo del PPS.

La PGA y la CSJ, ratificaron que descuentos obligatorios a los servidores públicos serían ilegal e inviables; así, este resultado jurídico redujo considerablemente el alcance de la iniciativa gubernamental del ejecutivo. Entiendo que ello se debió a una gestión deplorable, fallas desde la propia conceptualización que se extienden hasta la falta de deferencia y diálogo con las organizaciones laborales del sector público.

Por buenas que sean las intenciones, es difícil lograr un descuento salarial voluntario de los trabajadores, aunque sea para fines caritativos o solidarios. El sector público no es excepción a tal regla, y las razones justificadoras son muchas, por niveles salariales y compromisos familiares.

Por ello, es más dificultoso lograr un ambiente aprobatorio y mayoritario cuando además hay ausencia de participación amplia de los eventuales afectados, conceptos claros y cálculos económicos razonables. En buena parte estas tres condiciones no fueron favorables.

Aparte de la jurisprudencia, no se convocó a las organizaciones de trabajadores públicos (Fenasep, asociaciones, sindicatos) para que discutiesen la propuesta, aún a sabiendas de sus roles favorables en pro de la solidaridad con la población panameña. Esta actitud parece preocupante, pues siempre parece ratificar intensiones de exclusión, y quizás de creer tener todos los cabos siempre amarrados.

Por otra parte, está el asunto sobre si hay cálculos económicos razonables. Con la medida propuesta, del total de 240 mil trabajadores públicos, sólo habría resultado afectada una población cerca al 30% que devenga salarios mayores a 1,000 balboas mensuales.

Considerando que el pago mensual de la planilla de mayo 2019 fue por 346.2 Millones de Balboas, una estimación rápida indica que el descuento de 20% de los sueldos brutos a 70 mil trabajadores involucrados representaría la suma de 20.7 Millones de Balboas por mes.

Durante 3 meses, la medida obligatoria, recaudaría contribuciones aproximadas a casi 62.00 Millones. Para confianza estadística, supóngase un error de 10%, así es estimado recaudable quedaría en 55.8 Millones de Balboas.

Desde esta perspectiva y estimaciones consideradas, el aporte de 70 mil trabajadores públicos sería una suma casi igual al aporte inicial del estado al PPS que es de 50.0 millones de balboas. Situación, que también explica porque tal medida no logró llegar a feliz término. Amén de aquel ambiente reinante de suspicacias, incredulidad y falta de transparencia que reina en nuestra sociedad.

2.3. LA NECESIDAD DE PLANES ECONÓMICOS FORMALES Y COMPLETOS.

¿Hay un Plan Económico de Emergencia? Hasta el día de hoy, todo lo divulgado no constituye un Plan Económico de Emergencia, según la estructura formal y técnicas requeridas para tal fin. Muy seguramente, la propuesta gubernamental se perfila como un programa de actividades de emergencia.

Cualquier plan de contingencia gubernamental debe ser explícito en presentar las condiciones básicas requeridas. Hoy día, la idea de Plan está reducida producto de varias ausencias u omisiones, a saber:

A) Ausencia de vigencia y calendario de programas y actividades, al menos el estimado provisional.
B) Falta de programación de ingresos y egresos, total y por programa.
C) Balance nacional presupuestario, con los datos ajustados del 2020.
D) Programa de compromisos financieros para sostener empleos e ingresos, particularmente en las empresas estratégicas que deben seguir operando.
E) Programa de compromisos crediticios, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Dada la premura de los eventos críticos, es posible que las autoridades responsables pensaran dejar para fecha posterior los temas D y E, o simplemente decidieron no incluirlos en el programa. Hasta hoy, los otros tres asuntos iniciales no están presentados formal y completamente. Las anotaciones siguientes buscan esclarecer el asunto, y también dejar pautas para el plan del escenario post Covid-19 de recuperación económica a corto plazo.

Tras compendiar todas las actividades divulgadas, resulta un albur deducir si el Programa Panamá Solidario funcionará hasta el mes de junio; quizás agosto o diciembre. De hecho, la Asamblea Nacional legisló con alcance de 24 meses, mientras que el Ejecutivo concreta sus medidas hasta el 30 de junio de 2020. La Superintendencia Bancaria periodizó sus propuestas para 90 días.

¿De dónde sale el seductor día 30 de junio 2020? No sé, pero me luce un anhelo más, igual que la fecha del aplanamiento de la curva de contagios de Covid-19; o la antesala al popularizado Día D como arranque para la esperada recuperación económica.

La única medida calendarizada es el descuento a los servidores públicos por tres meses, pero sin estimados de número de aportadores y montos aproximados.
No he encontrado documentación pública sobre el presupuesto nacional ajustado, ni los ajustes al endeudamiento público y su servicio de amortizaciones e intereses. Al menos hay que contar con las proyecciones estimadas oficiales, pues se trata de dos temas sumamente claves, para evaluar cabalmente la viabilidad de un plan de contingencia.

3 ― SÍNTESIS SOCIAL Y LA SITUACIÓN INMEDIATA.

3.1. CRISIS SANITARIA, INTERESES COMUNES Y SOLIDARIDAD SOCIOECONÓMICA.

Las autoridades sanitarias carecen de fechas certeras sobre la declinación la curva de afectación; menos aún cuentan con pronóstico para el fin de la pandemia misma. Los controles epidemiológicos y sanitarios son necesarios. Mas, la situación económica y social nacional es acuciante, prácticamente hay una situación de estancamiento y recesión económica.

Es obvio que hoy la sociedad panameña está viviendo una coyuntura económica y social difícil y agobiante; sin embargo, estas condiciones no aparecieron de pronto, ni este año 2020 con la llegada del Covid-19. Si en los últimos años 2016-19 el balance de crecimiento y desempeño de la economía nacional estaba débil y con dificultades para apuntalar la recuperación económica requerida, la pandemia Covid-19 llegó a complicar aún más la situación presente, y peor: el futuro inmediato a corto plazo.

En el sector empresarial privado, la disminución de las actividades de producción y servicios, el cese a empleados y la reducción del tiempo laboral, son las situaciones dominantes. La situación es peor en el amplio sector de la economía informal y cuentapropista; los efectos de la pandemia impactan desastrosamente, le caen como clavo a la cruz.

El popular grito de «sálvese quien pueda» no es opción para la situación que vive la sociedad nacional. Hay capacidades disponibles de todo tipo que no se han manifestado; y que lamentablemente perciben la crisis como un problema gubernamental y de exclusiva responsabilidad del Estado. Craso error, que aún hay tiempo de corregir.

La intervención del Estado podrá desplegar importantes niveles de mitigación de impactos, como hasta ahora está buscando cumplir. Adicionalmente, la solidaridad es muy necesaria, por lo que todas las fuerzas sociales productivas tienen que contribuir a mitigar impactos y resolver problemas inmediatos.

Es en esta dirección que los programas de solidaridad socioeconómica deben ser comprendidos y evaluados. Al fin de cuentas, es la única forma conocida de evitar consecuencias más dañinas y desastrosas que la propia pandemia.

Actualmente, pese a la crisis sanitaria y socioeconómica desbordada por Covid-19, hay variados indicios que las prácticas de falta de transparencia y corrupción no cesan, el ambiente de suspicacia y aprensión continúa y por supuesto la impunidad parece lucir su patente de corso. Estas limitantes también son partes de la crisis actual.

3.2. UN ALTO CRECIMIENTO ACEPTABLE Y REPARTOS ECONÓMICOS MUY DESIGUALITARIOS.

Desde el siglo pasado, Panamá es un país con estructuras de atraso, desigualdad socioeconómica multidimensional y pésima distribución del ingreso nacional, lo cual le ha hecho merecedor de un elevado puesto en el listado de “países con estructuras distributivas altamente desigualitarias en el mundo”. También, en las últimas décadas, la economía panameña ha registrado un aceptable y muy destacable crecimiento económico, que le ha valido una elevada acreditación entre los “países con aceptables y más rápido ritmo de crecimiento económico en el mundo.

Por todo ello, saltan dos interrogantes muy lógicas y obligatorias. ¿Cómo ha sido el reparto de la riqueza generada por ese crecimiento económico? ¿Cómo es que éste no ha podido reducir niveles significativos en las desigualdades socioeconómicas del país?

Las respuestas están claras en los estudios y estadísticas sobre la situación socioeconómica panameña. Las realidades son muy patentes en cuanto al aumento persistente de la concentración de las rentas e ingresos en los reducidos grupos acaudalados y cada vez más crecimiento de las desigualdades y ampliación de su carácter multidimensional.

Hechos éstos, que a todas luces indica una dirección hacia las políticas económico-sociales: hay que atender a profundidad las desigualdades socioeconómicas, más allá de solo relacionarlas con el mero crecimiento económico que se registra.

Considerando una perspectiva societal integral de los recursos, la economía, la población y las fuerzas productivas que tiene Panamá, los niveles de desigualdades multidimensionales deplorables no deberían existir.

Hoy no es sólo un Escenario Post Covid-19 de cortísimo plazo lo que hay que discutir; en realidad, se trata de ponderar todo el futuro, que es un desafío histórico de nuestro país, como totalidad sociopolítica y económica.

3.3. LA FRONTERA ENTRE DOS PROBLEMAS: EL COYUNTURAL CRÍTICO Y EL ESTRUCTURAL DEFICITARIO.

Hay que tener presente la ligazón íntima entre dos asuntos básicos, que son:
a) Las políticas económicas y sociales, con sus objetivos y resultados; y b) La conceptualización de la situación críticas y su orden histórico. Es conveniente metódicamente separarlos y analizarlos cada uno con sus particularidades e interrelaciones.

En relación a las políticas económicas y sociales, la coyuntura actual que vive Panamá presenta dos problemas grandes en sus contextos y desempeños socioeconómicos, a saber:

(A) Uno, es el problema estructural deficitario, como conjunto de desigualdades socioeconómicas estructurales tradicionales, que en los últimos decenios han estado aumentando y recrudeciéndose. Este conjunto también se denomina deuda social de arrastre acumulado.

B) Dos, es el problema coyuntural crítico, que ahora en la crisis pandémica consta de dos partes, una que es nueva y añadida. Por un lado, como el producto de las situaciones nuevas que la crisis pandémica y sus impactos ha provocado; y, por otro lado, son los tradicionales déficits socioeconómicos que se ha desbordado también como resultado de la crisis pandémica. Este conjunto bien podría denominarse “déficit coyuntural añadido”

Ciertamente, ambos grupos de problemas mantienen una ligazón íntima y concomitante; y, en general, resulta obvio que es imposible resolver o solucionar a la vez todos estos problemas.

A mi juicio, hay que fijar lo que llamaría “La Línea Divisoria De Acción”, que separe los problemas del “Déficit Estructural de Arrastre” de aquellos problemas del “Déficit Coyuntural Añadido”. En Lo Inmediato, las acciones deben dirigirse y concentrarse en atender los problemas del Grupo B y que se identifican como Déficit Coyuntural Añadido.

Ciertamente, ante una crisis sanitaria y económico-social como esta del Covid-19, hay que pensar y actuar con niveles de pragmatismo racional; por tanto, se debe afrontar aquellos problemas que si se pueden resolver o palear en Lo Inmediato.

Un ejemplo ayuda a ilustrar esta idea de línea divisoria. Respecto al problema de Empleo y Desempleo, ahora en medio de la crisis sanitaria y económica no es viable pretender que la política se plantee una meta de pleno empleo, entre 0 y 3%. La línea divisoria aludida, debería ubicar tal meta para mediano y largo plazo.

En lo inmediato, mientras dure la presente crisis sanitaria y económico-social, las prioridades son muy concretas:

a) Preservar activos los empleos estratégicos.
b) Apoyar con recursos económicos a quienes pierdan sus puestos de trabajo, incluyendo los trabajadores informales.
c) Brindar asistencia económica a las personas que ya estaban desempleadas.

Indistintamente si el gobierno nacional hace lo suficiente, éste ciertamente ha estado actuando en esas tres direcciones correctas. Obviamente, el Proyecto Panamá Solidario (PPS) no es adecuado ni proporcional a las expectativas que generó, y mucho menos a las necesidades básicas mínimas de los desempleados, coyunturales o permanentes.

3.4. SUBSIDIARIEDAD RESTRINGIDA O ASISTENCIALISMO EFICAZ PARA UNA CRISIS.

¿Contando el Estado con recursos financieros suficientes, por qué las medidas asistenciales del PPS no fijaron montos monetarios más aceptables y coherentes? La respuesta concreta, tendría que provenir de las autoridades del MEF, la Mesa Económica, El Ejecutivo, o de todas juntas.

Por encima de especulaciones, lo que queda en evidencia son tres decisiones implícitas. Primero: Los recursos financieros del reciente endeudamiento extraordinario tienen y tendrán otras prioridades en sus asignaciones.

Segundo: Se descartó reajustar el presupuesto nacional con medidas de emergencia y austeridad que considerasen partidas importantes para el PPS.

Tercero: La voluntad política para atender las medidas de subsidiariedad (asistencialismo) social y comunitario no pretende ir lejos de los moldes y topes ya establecidos. Personalmente pienso, que la decisión concreta está sustentada con discursos y justificaciones de las tres argumentaciones. Al final, sea como sea, el resultado restrictivo es el mismo.

Por supuesto, hay que revisar todo el sistema de subsidiariedad bajo la perspectiva de un balance integral nacional, con las mediciones correspondientes de eficiencia y eficacia económico-social, respecto a gastos y rendimientos de cada programa; y también considerando los ajustes para mejor control y verificaciones efectivas.

En suma, la Pandemia Covid-19 también evidencia que la política estatal de subvenciones requiere de un plan de corrección estratégica integral, que ordene criterios de justicia social equilibrada con el desarrollo productivo nacional.

Un panorama general valorativo del PPS debe sopesar las actividades, la inmediatez de éstas y los resultados esperados a muy corto plazo, frente a la crisis actual; todo ello, aunque sea con estimaciones preliminares.

Visto así, el país aún no cuenta con un plan económico formal, comprensivo de la gestión cabal y técnica de la de emergencia nacional. Ojalá todas estas condiciones requeridas sean acatadas y respetadas a la hora que se construya y se presente el anunciado Plan del Escenario Post Covid-19 y Recuperación Económica de Corto Plazo.

3.5. SUBSIDIOS, INCENTIVOS Y PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO.

En Panamá, el concepto de subsidiariedad suele denominarse y calificarse con vocablos distintos. Subsidios, para las ayudas a la población; e Incentivos, para las contribuciones a las empresas. De hecho, hay frecuentes debates entre partidarios de “subsidios o incentivos”, con frecuencia creando ambientes críticos y contraproducentes.

A futuro inmediato, con argumentaciones, luchas y trabajos sociales hay que construir amplios contextos, más positivos, equilibrados y productivos, para ambos tipos de subvenciones.

Bajo esta perspectiva, el escenario actual de crisis sanitaria, económica y social está ya sirviendo para fijar pautas de subvenciones estatales para apoyar salidas positivas, equilibradas y productivas, principalmente a la población afectada.

La estructuración de apoyo a las empresas estratégicas afectadas debe discutirse a la luz de objetivos y criterios coherentes, beneficiosos de empleos, tributos y efectos multiplicadores para el desarrollo nacional.

El establecimiento de políticas y programas productivos para la población general con suficientes recursos económicos y tecnológicos tienen que estar entre las prioridades jerarquizadas realmente por el estado.

A mi parecer, la experiencia crítica actual, debería utilizarse para fundar las bases de planificar eventos contingentes extraordinarios; que obviamente a futuro ya no serán de huracancitos o temblorcitos. También, se trata de retomar los mecanismos de ciertos niveles de planificación económico-social a largo plazo, que otrora fueron vigentes con el clausurado Ministerio de Planificación y Política Económica.

Panamá, 6 de mayo de 2020