En esta sección, se ofrece a los lectores el texto de la ponencia presentada por el director de Bayano digital, David Carrasco, en el foro de la CELAC Social, celebrado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 27 al 29 de junio de 2024, para abordar temas de vital importancia regional, como el desarrollo, la paz, la soberanía y la seguridad de los pueblos de América Latina y el Caribe.
El creciente despliegue de tropas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, no sólo es una señal de alarma regional, sino un motivo para generar mayor conciencia política y social de los ciudadanos y una respuesta solidaria hacia pueblos hermanos cuya soberanía es vulnerada a través de acciones desestabilizadoras diseñadas en centros de comando de la “guerra híbrida”, que combina todo tipo elementos, incluidos la desinformación, el sabotaje y el expolio.
Hay evidencias de que ese modelo, aplicado por Washington, abarca amenazas contra Cuba, Venezuela y otros Estados aferrados al principio de autodeterminación y de resguardo de la soberanía territorial.
En los medios impresos y digitales más reconocidos en el hemisferio occidental, hay informaciones vinculantes que revelan la política intervencionista de Estados Unidos y del interés de frustrar el triunfo electoral de movimientos progresistas y nacionalistas que promueven cambios sociales y abrazan la liberación nacional.
Las tácticas usadas son diversas, entre ellas el denominado “Lawfare” o judicialización de la justicia o acoso judicial, para sacar del camino electoral a figuras que rechazan la subordinación a Washington. Los procesos incoados contra Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil, y Evo Morales, en Bolivia, caen en esa categoría. Sin embargo, la fuerza de los movimientos contestatarios detuvo temporalmente el plan de derechización orquestado con saña.
Detrás de esos planes conspirativos está el Instituto Republicano Internacional, una organización con falsa fachada democrática, que fue fundado en 1983 como parte del Programa de Apoyo Internacional de la Democracia del Congreso de Estados Unidos. Mejor conocido por sus siglas de IRI, ese organismo opera con fondos federales y ha ingresado en forma solapada a más de 70 países alrededor del mundo.
Entre los planes del IRI, figuran recientes intentos de bloquear a Cuba, a través de 121 medidas punitivas, y acciones para impedir que China y Rusia formalicen convenios de cooperación económica, científica y cultural con Estados latinoamericanos y caribeños. Esa forma de intervencionismo se realiza con la etiqueta de la aparente lucha contra la corrupción y la búsqueda de transparencia.
Es necesario entender que la política exterior de Estados Unidos en un mundo que reclama la multipolaridad, sufre un evidente desgaste ante los fallidos intentos de mantener su hegemonía global. Ello explica el aumento de la hostilidad regional y el despliegue de contingentes militares en extensas zonas, bajo el pretexto del combate a los carteles que dominan la producción de opioides y el tráfico de armamentos.
Estados Unidos estimula la guerra electrónica y mediática, acompañada de falsas acusaciones de terrorismo, descrédito y cercos diplomáticos para tratar de aislar a Cuba y Venezuela en la esfera internacional. Intensivas técnicas de engaño, manipulación y desinformación han sido usadas con esos fines en el complejo escenario regional, para escalar hacia atroces golpes militares.
En ese sentido, se debe prestar atención a la constante presencia en Panamá de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien en 2023 declaró que los intereses de Washington en América Latina son el acceso al litio, el petróleo, el cobre y el oro, y sus vastos recursos naturales.
Sin embargo, sus acciones van más allá de lo enunciado. Tropas de Estados Unidos, acantonadas en el Darién, en la zona limítrofe con Colombia, han recurrido a la militarización localizada, con la promesa de resolver la crisis migratoria y frenar el tráfico humano y de drogas en la frontera.
El Comando Sur, uno de los 10 combates unificados pertenecientes al Departamento de Defensa de Estados Unidos, no ha ocultado su interés de actuar desde Panamá.
En la actualidad, el Comando Sur, con sede en Miami, tiene asignada la seguridad del canal interoceánico. Tras la invasión estadounidense a este país, en 1989, Washington forzó al gobierno instalado con el objetivo de que suscribiese “acuerdos de cooperación” aeronavales y terrestres, para legitimar su presencia en suelo panameño.
En el acatamiento del Derecho Internacional, esos convenios carecen de validez jurídica, ya que un país ocupado está inhabilitado para suscribir tratados con fuerzas armadas de un país ocupante. Además, esa presencia es violatoria de los tratados del canal, de 1977, que pusieron fecha de cumpleaños al enorme complejo de bases y sitios de defensa en la Zona del Canal, un territorio segregado de 1.432 kilómetros cuadrados que operaba como una inaceptable colonia.
La invasión a Panamá, en 1989, e Irak, en 2003, demostró que Estados Unidos puede alcanzar desde su territorio continental objetivos estratégicos y lejanos, sin recurrir al complejo de bases que opera en ultramar.
No obstante, los actuales planes prevén la reafirmación de la presencia física regional estadounidense. Desde Panamá, son usadas instalaciones aeronavales panameñas para el despliegue y ejercicios conjuntos, unido al monitoreo satelital de sus aguas. Así, todo el continente está bajo una mira de fuego.
Estados Unidos se ha propuesto frenar el avance de la izquierda latinoamericana que reta al neoliberalismo y las oligarquías. Por ello, recrudece la presión directa contra los gobiernos de Cuba, Colombia, México, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Honduras.
La lucha por la democracia entraña graves riesgos y requiere en el ámbito hemisférico un sentido de solidaridad y cooperación permanente entre organizaciones políticas e ideológicas más consecuentes y favorables al cambio social. Ello impone a las fuerzas patrióticas, revolucionarias y progresistas un claro camino de metas y compromisos.
Para responder en forma consistente a esos desafíos, se propone a la CELAC Social privilegiar los siguientes puntos en la redacción de su declaración final:
- Oponerse tenazmente al bloqueo y a las presiones militares contra cualquier país latinoamericano y caribeño.
- Rechazar los intentos de crear nuevos enclaves colonialistas y condenar el despojo de los recursos naturales.
- Generar la solidaridad efectiva regional y una arquitectura en defensa de la cultura, la soberanía y la paz.
- Promover la formación de jóvenes involucrados en el desarrollo de medios alternativos contra la desinformación.
- Fomentar un pensamiento crítico que ayude a ganar el debate ideológico frente a las corrientes ultraderechistas
- Intensificar los acercamientos entre diversas fuerzas democráticas en países de la región, para formar consensos y privilegiar la unidad política y alianzas a favor de cambios profundos.
- Cerrar el paso a los planes de acción imperialistas y de dominación, a través redes funcionales que privilegien la defensa de los derechos de los pueblos y los Estados soberanos y el combate a la pobreza y la marginalidad.
Con ello, se pretende infundir un impulso a la solidaridad y consolidar el pensamiento bolivariano de unidad latinoamericana, desde el río bravo hasta la Patagonia, en la que las naciones hermanas de este saqueado continente asuman su legítimo destino y refirmen su verdadera identidad.
La distención adquiere hoy un altísimo valor en un mundo marcado por conflictos bélicos. Los latinoamericanos y caribeños tienen el deber ético de apostar por la vida digna y los derechos humamos, y rechazar la supeditación de países que prestan sus territorios para agredir a otros pueblos de esta colorida región, repleta de contrates naturales y de ejemplos de heroicidad.
Muchas gracias.
