Amnistía y HRW no quieren a Arabia Saudita en el Consejo de DDHH

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Conferencia de prensa de representantes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. (Crédito: Loey Felipe/UN Photo).

Amnistía y HRW no quieren a Arabia Saudita en el Consejo de DDHH

Por Tharanga Yakupitiyage

NACIONES UNIDAS, jul 2016 (IPS) – Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que suspendiera a Arabia Saudita del Consejo de Derechos Humanos.

Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y Amnistía Internacional, con sede en Londres, se unieron para lanzar un llamado excepcional a la acción, basándose en “las flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos” de Arabia Saudita en Yemen y en su propio territorio.

“Creemos que Arabia Saudita ya no se merece tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos”, declaró el miércoles 29 de junio el subdirector de HRW para asuntos globales, Philippe Bolopion.

Su organización y Amnistía documentaron 69 bombardeos aéreos de la coalición, que encabeza Arabia Saudita en Yemen y que dejaron por lo menos 913 civiles muertos, entre ellos 200 niños y niñas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU estima que murieron 9.000 personas desde que comenzaron las operaciones militares en ese país, en marzo de 2015.

Por su parte, el alto comisionado del foro mundial para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que la coalición árabe es doblemente responsable por las víctimas civiles que las otras fuerzas reunidas.

Un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, concluye que la coalición árabe había sido responsable de 60 por ciento del número de niñas y niños muertos y heridos y de casi de la mitad de los 101 ataques contra escuelas y hospitales.

Sin embargo, Ban terminó por sacar a Arabia Saudita de una lista de países que habían cometido graves violaciones contra menores en ese mismo informe a principios de junio porque, según arguyó, los países del Golfo amenazaron con recortar sus aportes a importantes programas de la ONU.

HRW y Amnistía llaman a ese apéndice la “lista de la vergüenza”.

“Tomé una decisión para que todas las operaciones de la ONU, en especial las humanitarias, sigan funcionando”, explicó el secretario general tras las críticas recibidas por su actuación.

“También tuve que considerar la posibilidad muy real de que otros millones de niños sufrieran gravemente si, como se dio a entender, los países retiraban su financiación a muchos programas de la ONU”, prosiguió.

El embajador saudí en la ONU, Abdalá Al-Muallimi, negó que su país hubiera lanzado amenazas u otras formas de intimidación para que su país fuera retirado de la lista en cuestión.

“Es importante defender ese mandato tan importante de proteger a los niños afectados por los conflictos armados. Los estados miembro de la Asamblea General deben levantarse y defenderlo”, declaró Bennett.

Además del informe de la ONU, HRW y Amnistía también documentaron 19 ataques de la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen, los que incluyeron bombas de racimo, prohibidas en todo el mundo, y muchos de ellos en zonas civiles, como la Universidad de Saná.

La directora ejecutiva de HRW para Medio Oriente y África del Norte, Sarah Leah Whitson, dijo que, además de la coalición integrada por nueve países árabes, Estados Unidos y Gran Bretaña también habían “cruzado el umbral y participaban en la guerra” como proveedores de armas, incluidas las bombas de racimo.

En 2015, Arabia Saudita compró armas a Estados Unidos por 20.000 millones de dólares y, a Gran Bretaña, por 4.000 millones de dólares.

Esas dos naciones occidentales también participaron con apoyo de inteligencia durante el conflicto. Su actuación los hace legalmente responsables de los crímenes cometidos en el terreno, subrayó Whitson.

Mientras, el bloqueo naval a los puertos de Yemen redujo drásticamente el suministro de alimentos y medicamentos, lo que dejó a 80 por ciento de la población con la necesidad de algún tipo de asistencia humanitaria. El asedio y la inanición que sufren los civiles es “una forma de hacer la guerra y un crimen de guerra”, subrayó Whitson.

No se pudo consultar de inmediato a funcionarios saudíes ni estadounidenses, pero integrantes de la coalición han negado en reiteradas oportunidades toda violación de derechos humanos.

En el ámbito doméstico, la represión a la disidencia no cesa.

En 2015, por lo menos seis personas, entre ellas destacados escritores y activistas, sufrieron represalias por expresar sus opiniones. Una de ellas fue condenada a muerte.

Incluso hablar con integrantes de organizaciones de derechos humanos como HRW y Amnistía es un delito, observó el director para Asia Pacífico de esta última, Richard Bennett.

También aumentaron las ejecuciones, apuntó. Solo este año, murieron 95 personas ejecutadas, más que en igual período del año anterior.

Alrededor de 47 de ellas murieron en una ejecución masiva en enero. La mayoría corresponden a delitos que, según el derecho internacional, no se castigan con la pena máxima.

A pesar de las varias violaciones a la legislación internacional en materia de derechos humanos, Arabia Saudita aprovechó su posición en el Consejo de Derechos Humanos para protegerse del control y de la rendición de cuentas, coinciden ambas organizaciones.

De hecho, en 2015, Arabia Saudita frustró una resolución del Consejo de Derechos Humanos que solicitaba investigar los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones cometidas por las partes enfrentadas en Yemen. En cambio, funcionarios saudíes redactaron su propio documento sin mencionar una investigación independiente de la ONU.

HRW y Amnistía también pidieron a los estados miembros de la Asamblea General que actuaran de acuerdo a la resolución 60/251, según la cual ese máximo órgano de decisión puede suspender los derechos de un país en el Consejo de Derechos Humanos, con aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, si un miembro viola esos principios.

La resolución se invocó por primera vez en 2011, cuando Libia fue suspendida por violaciones de derechos humanos.

“Sabemos que tenemos pocas probabilidad de conseguirlo”, respondió Bolopion, al ser consultado por la posibilidad de lograr la suspensión efectiva de Arabia Saudita.

Pero Bolopion espera que la campaña sea una “llamada de alerta” para que otros países vean que no pueden salirse con la suya y violar los derechos humanos y barrer sus consecuencias.

HRW y Amnistía también subrayaron que es fundamental tomar medidas para mantener la integridad de la ONU.

“La falta de medidas contra las flagrantes violaciones de derechos humanos de Arabia Saudita en Yemen y el abuso de su posición para obstruir investigaciones independientes y para no asumir su responsabilidad ponen en riesgo la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General”, concluyó Bennett.

En marzo de 2015, Arabia Saudita y nueve países árabes, entre los que están Egipto y Kuwait, intervinieron en el conflicto de Yemen y, desde entonces, se enfrentan con las fuerzas hutíes.

A pesar de la mediación de la ONU, que logró un cese del fuego, ambas partes cometieron “graves violaciones”, dijo el secretario general de la ONU a los negociadores yemeníes.

Las conversaciones se reiniciarán a mediados de julio, al término de la festividad de Eid, que pone fin al mes sagrado musulmán de Ramadán.

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