Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Debido al prolongado retraso del Estado panameño para realizar una auditoría ambiental en las instalaciones del clausurado proyecto Cobre Panamá, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) recurrirá a un grupo de expertos para que realice una revisión de la peligrosa tina de relave que podría colapsar y contaminar extensas áreas de gran biodiversidad en la caribeña provincia de Colón.
Así lo confirmó a este medio informativo la jurista Joana Ábrego, gerente legal del CIAM, durante un Foro del Movimiento Panamá Vale más sin Minería, integrado por diversas organizaciones sociales convocadas para coordinar acciones contra los intentos de reactivación de la explotaciones mineras.
“Debemos recordar que el proyecto minero tiene una instalación de manejo de relave que está en el sitio y necesita mantenimiento especializado. La parte que más preocupa a la comunidad ambiental, es el muro de contención, que es construido con un tipo de material conocido como saprolito (roca meteorizada), un subproducto de la industria que no está disponible en la actualidad”, puntualizó.
Ábrego señaló que ”estamos todavía por ver una presencia fiscalizadora del Estado, sobre el muro de contención, para saber qué está sucediendo ante la amenaza inminente de contaminación ambiental con sustancias peligrosas generadas por la intensiva actividad minera” en el proyecto cuprífero.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el contrato entre el gobierno panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals. Sin embargo, se han incrementado los riesgos de derrame y dispersión de sustancias peligrosas, ante la falta de un plan ordenado de cierre de la compañía.
Ábrego criticó la tardanza ministerial para iniciar una urgente auditoría ambiental en las áreas de explotación minera, mientras que diversas voces ecológicas calificaron de ”inaceptables” las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a favor de una posible reactivación de la mina, pese a las protestas y el masivo rechazo del movimiento popular.
Representantes del gobierno anterior reconocieron que el tajo del clausurado proyecto minero necesita un riguroso tratamiento, así como una adecuada gestión de las aguas. En esa área, se registra una gran precipitación anual, lo que demanda la permanente supervisión técnica en la profunda tina de relave y en los depósitos del material extraído, colectado y almacenado en el proyecto.
La principal función de las tinas de relave en la minería a cielo abierto, es evitar cualquier percolación y proteger al suelo, ante la amenaza de accidentes y de la filtración de sustancias venenosas y fugas de metales pesados a ríos y aguas subterráneas.
Al respecto, la jurista del CIAM planteó que el colapso de las paredes de la tina de relave provocaría una catástrofe ambiental de proporciones gigantescas y perjuicio a las comunidades localizadas cuencas abajo y en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Ábrego recordó que Panamá es signataria del Acuerdo de Escazú, sobre la participación pública y el acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, que obliga a los Estados firmantes a compartir información relativa a la potenciales riesgos a la salud y al medio ambiente. El último informe de ese tipo, data de 2021 y se desconoce la realidad ambiental actual, debido al hermetismo oficial y al hecho de que todos los accesos al área minera están bloqueados o físicamente restringidos.
Los participantes en el foro ambiental llamaron a los ciudadanos de este país a no bajar la guardia ante los intentos de poderosos grupos económicos de reabrir la mina, apoyados en la falsa idea de obtener fondos que salven de un descalabro financiero a la Caja de Seguros Social (CSS) en este país
Asimismo, exhortaron a toda la población a prepararse y defender la soberanía nacional ante el anuncio de First Quantum Minerals, de entablar un arbitraje internacional contra Panamá en una corte con sede en Miami, Estados Unidos, y otros procesos apoyados en los tratados comerciales vigentes, suscritos con Canadá y Corea del Sur.
