África en América: migración y violencia
Mario Enrique De León
Estudiante de la Escuela de Sociología, Universidad de Panamá
Las acciones de los gobiernos de Panamá y Costa Rica de los últimos meses, que enfatizan y apuntalan el control fronterizo y las políticas de seguridad, no sólo no han dado una solución a las causas de la migración de los africanos hacia EEUU, sino que de facto acentuaron la criminalización de los migrantes, contribuyendo al detrimento de los derechos humanos de africanos en tránsito y a un aumento notorio de la vulnerabilidad físico-emocional y socioeconómica, a la que ya estaban expuestos.
El cierre de fronteras no resuelve el problema humanitario, ni atiende las razones y causas por las cuales salen de sus lugares de origen. Por el contrario, esas medidas sólo contribuyen a postergar una solución de fondo y coadyuvan a la invisibilización de los migrantes atrapados en zonas limítrofes.
Lo último, es reafirmado por los medios de comunicación. De este modo, los africanos, más que ser vistos y atendidos como personas que padecen precariedad material y violencia estructural, son tratados como criminales por las autoridades en Centroamérica.
A semejanza de lo que ocurre con otros grupos sociales excluidos en África, y en la propia América Central, a los africanos en tránsito no les son respetados sus derechos humanos. Ellos padecen en carne propia un ejercicio selectivo, parcial y discrecional de ley por parte de los gobiernos centroamericanos, en lugar de ser tratados como refugiados. Los migrantes huyen de múltiples y complejos contextos de adversidad, en los que está en juego la vida e integridad física, y un proyecto de futuro digno.
En general, los africanos en América son etiquetados como infractores de la ley y delincuentes. Además, habría que añadir que, en la medida en que los gobiernos de Panamá y Costa Rica no hacen valer la ley para que sean castigados los delitos contra los migrantes, propician entornos de impunidad y violencia que permiten que el crimen organizado, funcionarios públicos e integrantes de los aparatos represivos (fuerza pública) lucren con esa actividad y se aprovechen de la indefensión, de facto, lo que a su vez alienta la violación de los derechos humanos de los migrantes.
Para este nuevo fenómeno migratorio a través del istmo panameño, las instituciones no gubernamentales que “velan” por los derechos humanos en Panamá, no han dado las respuestas correspondientes al hecho. Por otra parte, las instituciones eclesiásticas atienden el fenómeno migratorio con caridad, ignorando el problema de fondo.
En ese fenómeno hay aristas de racismo. Ser negro y migrante duplica los esfuerzos que deben realizar esos grupos humanos para que ser tratados como sujetos de derechos. En ese mismo sentido, varias organizaciones de la etnia negra se limitaron al baile, la música y la gastronomía que heredamos de los secuestrados africanos quienes llegaron al continente en condición de esclavos, olvidándose del presente inmediato que da muestra de la hipocresía, el racismo y la ineptitud de los gobernantes actuales.