Advertencia presidencial contra la corrupción debe ser creíble

El PRD carece de voz para fijar su posición frente a la agenda nacional, como lo hacen algunos colectivos de oposición.

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Laurentino Cortizo, Funcionario que pida coimas será botado y tendrá boleto directo al Ministerio Público

Redacción de Bayano digital

El presidente Laurentino Cortizo lanzó una dura advertencia contra quienes cometan actos de corrupción en su gobierno. El contenido de su discurso ha merecido entre los principales calificadores políticos la categoría de “bueno”, pero surgen dudas de que el mandatario alcance el grado de “excelente” ante una población que demanda celeridad y muestras del fiel cumplimiento de las promesas electorales ante la vigencia de un modelo usurpador.

“En este gobierno no se necesita pagar coimas para obtener un contrato o agilizar un trámite», dijo en tono amenazante el gobernante en la clausura del Consejo de Gabinete Agropecuario, efectuado este mes en la provincia occidental de Chiriquí.

Las trazas de corrupción denunciadas por el presidente, vinculan a viceministros (uno ya fue separado del cargo) y a los directores dos instituciones: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la Autoridad de Aseo relacionados con miembros de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. “Están advertidos”, “les tengo puesto el ojo” (vigilados), por su desempeño sostuvo enérgicamente el mandatario.

El llamado de atención marca un significativo distanciamiento del gobernante con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). En el fondo el PRD  ha sido arrastrado por el clientelismo, las agendas personales, reclamos por los nombramientos (incluso violentos) y los visos de corrupción de influentes diputados en la Asamblea Nacional. En tanto que el PRD carece de voz para fijar su posición frente a la agenda nacional, como lo hacen algunos partidos de oposición.

Cortizo no se refirió en su intervención a la fórmula que utilizará para la recuperación de más de 4.000 millones de dólares succionados al erario público, en las dos administraciones presidenciales que precedieron a su gobierno, y que fueron escenarios de escándalos de corrupción, espionaje, chantaje, extorsión, soborno y deleznable manipulación de la Justicia.

La principal dificultad que enfrenta Cortizo para enderezar al Estado, son las cúpulas del capital financiero que dictan a Panamá las políticas que rigen el modelo importador y las corrientes privatizadoras que tienen y tendrán un marcado efecto sobre la población panameña enfrentada a problemas sociales. Asimismo, la falta de una Justicia eficaz y la conspiración de grupos de poder pueden ralentizar los esfuerzos en lucha anticorrupción del gobierno, sobre el cual recaen reclamos de transparencia.

En su mensaje, lo que fue mejor entendido, al menos como una promesa, es que “aquel que se atreva (a robar en el gobierno), lo siento y lo pongo a cantar. Después que lo boto, lo llevo al Ministerio Público para que lo metan preso”.

Desde el punto de vista mediático, Cortizo captó el interés del auditorio, sin embargo para superar el “bueno” y obtener la calificación de “excelente”, su administración tiene que reducir el nivel de incredulidad entre la población, que espera acciones contundentes en un país plagado de escándalos y en el que nadie ha pisado la cárcel desde que estalló el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y los engañosos contratos “Llave en mano”, que permitieron el drenaje de los fondos del Estado.

Hay una lista larga de casos de corrupción, como la compra de armas y uniformes en la Fuerza Pública, la adjudicación de contratos a empresas proveedoras de alimentos y maquinarias. Muchas concesiones del Estado con una duración por 20 años, incluidas las que persisten en áreas del Canal de Panamá, tendrían que ser revisadas, debido a que están plagadas de irregularidades promovidas por élites usurpadoras y grupos de saqueadores.

El presidente Cortizo debería saber que es posible sustituir a los que ya llevan una larga temporada en las cárceles de Panamá por haber cometido delitos menores. Quienes han robado los sueños a la juventud estudiosa y trabajadora no merecen impunidad, sino castigo ejemplar. Ello equivaldría a dar el primer gran paso de Estado para la recuperación del mancillado prestigio nacional e internacional.

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