Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Con el apresamiento del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, se amplía la vergonzosa lista de individuos que ocuparon posiciones de alto nivel en los gobiernos de Ricardo Martinelli y Laurentino Cortizo, con el único propósito de enriquecerse a costa de los dineros provenientes del bolsillo del panameño.
Lau Cortés se suma a la nómina de ministros y directores que abochornan al país y a los panameños honestos, al figurar entre los procesados por corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, con montos que superan cientos de millones de balboas.
Ambos gobiernos han dejado huellas nefastas de corrupción: el de Martinelli por la magnitud de los sobornos y sobrecostos en megaproyectos; el de Cortizo, por el desvío de fondos en programas sociales y el enriquecimiento ilícito, incluyendo a su propio vicepresidente.
Un informe comparativo de los corruptos en ambas administraciones resalta a los siguientes:
• Ricardo Martinelli (expresidente) – condenado en New Business, imputado en el caso Odebrecht.
• Hijos del expresidente – condenados en EE. UU. por recibir sobornos de Odebrecht.
• Federico Suárez (MOP) – condenado por peculado en la autopista Arraiján–La Chorrera.
• Frank De Lima (MEF), Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Jaime Ford (MOP), José Domingo Arias (MIVIOT) – imputados en el caso Odebrecht.
• Varios empresarios y diputados vinculados en tramas de sobornos y blanqueo de capitales.
Monto estimado del perjuicio: más de 388 millones de dólares, entre sobornos y sobrecostos.
Se adjuntan datos recabados durante la administración de Laurentino Cortizo:
• José Gabriel Carrizo (vicepresidente) – imputado por enriquecimiento injustificado.
• Bernardo Meneses (IFARHU) – peculado y corrupción en auxilios económicos.
• Héctor Brands (Pandeportes), Luis Oliva (AIG), Noriel Araúz (AMP), Publio De Gracia (DGI), Enrique Lau Cortés (CSS) – detenidos o imputados por enriquecimiento ilícito y blanqueo.
Monto estimado del perjuicio: más de 70 millones de dólares en casos confirmados.
En ambos gobiernos, los efectos más perjudiciales se describen a continuación:
Desvío masivo de fondos destinados a infraestructura; impunidad prolongada; instituciones convertidas en instrumentos de enriquecimiento ilícito; programas sociales (IFARHU, CSS, Pandeportes) transformados en focos de corrupción; recursos desviados que afectaron becas, salud y deporte.
Ambas administraciones dejaron heridas profundas: escuelas sin construir, hospitales sin equipar, puentes inconclusos y generaciones de jóvenes despojados de oportunidades. El efecto más devastador no es solo económico, sino moral: una ciudadanía que, en muchos casos, ha tolerado con mansedumbre estos abusos, debilitando la democracia y perpetuando el círculo vicioso de la impunidad.
La administración actual tampoco está inmunizada contra la corrupción; prueba de ello son las implicaciones contra los ministros de Salud y Obras Públicas, ambos encaminados a sumarse a la lista.
Es imperativo que el ciudadano de a pie deje atrás la indiferencia y reclame con firmeza una administración pública transparente. Los dineros dilapidados en corrupción son fruto del sudor de su frente, y mientras no se concientice, el sistema seguirá perpetuándose.
