Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Una coalición de organizaciones ambientalistas panameñas exigió hoy el cierre definitivo de la mina s cielo abierto explotada por la empresa Cobre Panamá en los distritos Donoso y Omar Torrijos en la caribeña provincia de Colón, y rechazó la propuesta gubernamental sobre la posible reactivación del complejo minero.
En una conferencia de prensa convocada en el contexto de un debate minero, líderes del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN, dirigentes comunitarios de Donoso y Omar Torrijos instaron al gobierno de José Raúl Mulino a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitido en 2023, sobre la ilegalidad del contrato de explotación cuprífera en este país.
Asimismo, exigieron al gobierno el diseño de ina estrategia de cierre ordenado, con la definición de medidas y pasos para el cierre efectivo y ordenado de las operaciones de Cobre Panamá. La mina consta de cuatro zonas que suman 13.600 hectáreas. Los principales depósitos se encuentran en Botija, Colina y Valle Grande.
El jurista Carlos Bichet, quien acompaña las reclamaciones jurídicas del caso, insistió en realizar una auditoría ambiental integral en el área de explotación minera, ya que el estudio de impacto ambiental de 2011, presentado por la empresa, no se ajusta a la realidad. Subrayó que ello es necesario ante los intentos de grupos económicos de perpetrar un ”nuevo engaño” a este país.
Bichet precisó que una propuesta de “cierre ordenado y autofinanciable”, presentada el 30 de septiembre por la Comisión Interministerial, plantea financiar el cierre con los recursos generados por una nueva etapa de explotación. Adujo que ello equivale a un ”nuevo engaño” a la población y una transgresión del Estado de Derecho en Panamá.
Los lideres ecologistas plantearon a través de un comunicado que “los fallos de 2017 y 2023 establecieron, entre otros aspectos, la ausencia de licitación pública, la falta de un estudio de impacto ambiental actualizado y obligaciones vinculadas con el Acuerdo de Escazú, los derechos humanos y la protección ambiental […]
“.Al respecto, el reglamento plantea que ”no pueden ser ignorados mediante una nueva fórmula contractual o dando otro nombre a una nueva concesión minera”. “No hay forma legal de reactivar el proyecto sin violentar los elementos vivos del fallo y la ley de moratoria”, precisó el documento de amplia difusión pública.
Por su parte, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), recalco la importancia de efectuar una auditoría completa en el área de explotación minera, incluidos sus profundos hoyos, y del cierre definitivo de la mina, acompañado de un plan de remediación de los daños causados al Corredor Biológico Mesoamericano.
Estimó que los principales costos de una eventual reactivación recaerían sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades. “Es una falacia prometer un ‘costo cero’ sobre una actividad cuyos costos sobre el agua, los ecosistemas, la salud, la vida y los derechos humanos de las comunidades”.
Ramos resaltó que “una nueva etapa de explotación implicaría ampliar la instalación para el manejo de relaves, generar nuevos desechos mineros y aumentar los riesgos de drenaje ácido”.
La ruta para el cierre definitivo y seguro de la mina fue previsto en la Resolución de Gabinete N.° 19 del 27 de febrero de 2024, que fijó las bases y pasos para ejecutar el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de Cobre Panamá. Sin embargo, la compañía ha expresado interés en seguir las tareas de extracción intensiva y procesamiento del mineral.
Los dirigentes ambientalistas señalaron, además, que “el fallo de la CSJ de 2023 estableció que el riesgo de un eventual arbitraje no podía impedir el ejercicio del control constitucional y cuestionó que se hubiese negociado nuevamente un contrato, incurriendo en los mismos yerros”.
Las demandas de los ambientalistas se centran en los aspectos jurídicos, pero también en el poder movilizador de las comunidades que repudian la contaminación del aire y el sistema hídrico, a causa de la minería a cielo abierto que libera al ambiente partículas de metales pesados.
A su vez, la activista y ex vicealcaldesa Raisa Banfield sostuvo que al apostar por la minería, Panamá se aleja del financiamiento de los llamados bonos verdes, emitidos por gobiernos, bancos y empresas para recaudar capital destinado exclusivamente a financiar o refinanciar diversos proyectos con un impacto ambiental positivo.
