Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
La historia de Panamá está marcada por hombres y mujeres que sirvieron a la nación desde distintas trincheras. Algunos defendieron la soberanía con el uniforme puesto; otros soportaron el abandono de un Estado que incumplió la palabra empeñada. Dos nombres sintetizan esa realidad: el sargento Celestino Villarreta y el sargento Cándido Aizprúa Guevara, conocido por el país como el ”Niño Millón”. Sus historias son diferentes, pero convergen en una misma verdad: ambos sirvieron a Panamá con lealtad y ambos terminaron enfrentando el peso del olvido institucional.
El sargento Celestino Villarreta entregó su vida durante los acontecimientos de enero de 1964. No falleció en un hecho aislado ni en una acción policial ordinaria; murió en el cumplimiento del deber mientras defendía la soberanía nacional frente a la agresión militar estadounidense en la provincia de Colón. Su sacrificio forma parte de la memoria de la Gesta Patriótica y su nombre integra la lista oficial de los mártires nacionales. Sin embargo, seis décadas después, persiste una pregunta incómoda: ¿ha recibido su familia el mismo nivel de reconocimiento moral, institucional y económico que otros mártires de aquella jornada?
Honrar a un mártir no debe limitarse a colocar una ofrenda floral cada 9 de enero. El verdadero homenaje se demuestra mediante políticas permanentes de memoria, apoyo a sus descendientes y reconocimiento institucional. Si el Estado reconoce que una persona entregó su vida defendiendo la patria, también debe reconocer que esa deuda se extiende hacia su núcleo familiar. No se trata de privilegios; se trata de justicia histórica.
La Constitución y la tradición republicana encuentran su mayor legitimidad cuando el Estado protege a quienes asumieron los mayores sacrificios por la nación. Por ello, resulta válido abrir un debate nacional sobre la conveniencia de fortalecer los mecanismos de reconocimiento a los familiares de todos los mártires de la soberanía, procurando que reciban un trato equitativo, digno y permanente.
La otra cara de esta reflexión la representa Cándido Aizprúa Guevara, declarado el «Niño Millón» en 1958 como símbolo del progreso nacional al alcanzar Panamá el millón de habitantes. La Ley 51 de ese año le prometió educación, vivienda y tierras para garantizar su futuro, pero durante casi cinco décadas esa promesa permaneció incumplida. Lejos de guardar resentimiento, Cándido sirvió al país durante aproximadamente veinticinco años en la Fuerza Pública, retirándose en 1996 con el rango de Sargento Segundo, mientras continuaba esperando que el Estado cumpliera la ley promulgada en su favor.
No fue sino hasta 2005, durante la administración del presidente Martín Torrijos, cuando se concretó parcialmente esa obligación con la entrega de las tierras previstas en la Ley 51. Aunque ese acto merece reconocimiento, también refleja que la justicia llegó cuarenta y siete años después, cuando gran parte de las oportunidades que la ley buscaba garantizar ya se habían perdido.
Ambas historias muestran una misma lección. El patriotismo no puede medirse únicamente por los discursos oficiales ni por las ceremonias conmemorativas. También debe reflejarse en la forma en que el Estado trata a quienes lo sirvieron con honor y a las familias de quienes ofrecieron el mayor de los sacrificios.
Por ello, resulta pertinente impulsar una política pública de memoria institucional que fortalezca el reconocimiento de figuras como el sargento Celestino Villarreta mediante acciones concretas: incorporar su historia en la formación policial, establecer condecoraciones que lleven su nombre, designar instalaciones institucionales en su honor y evaluar mecanismos legales de apoyo permanente para sus descendientes. Estas medidas no buscan reabrir heridas, sino consolidar una cultura de gratitud y respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional.
Las naciones fortalecen su identidad cuando son capaces de reconocer, sin distinciones ni olvidos selectivos, a todos aquellos que contribuyeron a preservar su libertad y su dignidad. La memoria histórica no puede depender de las coyunturas políticas ni de los cambios institucionales; debe constituir una política de Estado.
Los casos del sargento Celestino Villarreta y del sargento Cándido Aizprúa Guevara representan dos expresiones distintas del servicio a la patria. Uno entregó su vida defendiendo la soberanía nacional; el otro dedicó su vida al servicio público mientras esperaba que la República cumpliera una obligación legal contraída desde su nacimiento. Ambos actuaron con lealtad. Ambos honraron el uniforme y la nación desde sus respectivas trincheras.
El mejor homenaje que Panamá puede rendirles no consiste únicamente en recordarlos cada aniversario, sino en garantizar que ninguna familia de quienes sirvieron con honor vuelva a enfrentar el abandono, la indiferencia o el olvido institucional. Esa es la verdadera dimensión de la justicia histórica.
Porque la soberanía se defiende tanto en el campo de batalla como en el cumplimiento de la palabra del Estado. Y en esa defensa, el sargento Celestino Villarreta y el sargento Cándido Aizprúa Guevara permanecerán como dos ejemplos de servicio, dignidad y amor por Panamá, cada uno desde la trinchera que la historia les asignó.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz, la justicia y la convivencia pacífica!
