Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene en sus manos la decisión de sancionar una ley que elimina la prohibición de las actividades que afectan a los arrecifes coralinos y los pastos marinos. El proyecto confiere carta blanca al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para negociar las construcciones y los dragados en perjuicio de esos ecosistemas.
El proyecto de Ley 571, impulsado por Benicio Robinson para explotar el comercio y el turismo en la provincia caribeña que controla desde hace más de siete períodos, fue aprobado como “flash”, por diputados alineados al gobierno. Todo ello aconteció, pese a que organizaciones ecologistas lo han calificado como un gravísimo retroceso ambiental.
El supuesto poder del Ministerio de Ambiente para decidir qué actividades son permitidas en esas áreas no es más que un disfraz. Sin duda, ello ofrece una oportunidad para que la supuesta transparencia gubernamental quede en entredicho.
La realidad es que en Panamá el negocio está privilegiado por encima de la naturaleza. El retroceso ambiental está disfrazado de desarrollo turístico.
La sanción oficial de ese proyecto afectará principalmente a los arrecifes de la provincia Bocas del Toro y el ecosistemas de alta biodiversidad en el Caribe, hasta ahora protegidos por la Ley 302 de 2022, que prohibía las construcciones y las modificaciones que dañasen arrecifes, pastos marinos y otros hábitats asociados.
Los diputados que aprobaron la aludida iniciativa parlamentaria ignoran —o fingen ignorar— que los arrecifes son vitales para la protección costera y sostienen la pesca de especies como el pargo y el cazón. Su destrucción abrirá paso a invasores como el pez león, que representa una seria amenaza para la fauna marina en las costas de Panamá.
La Asamblea Nacional de Diputados, una de las instituciones más desprestigiadas de la actual administración, está integrada en su mayoría por individuos que la opinión pública repudia. En vez de construir, destruyen. Ese proyecto de Ley contra los arrecifes y los pastos marinos es prueba de ello. La población debe saber que este país puede pasar de la protección a la depredación ambiental.
