Por José de la Rosa Castillo
Analista de la realidad nacional e internacional
El 9 de octubre de 2026, un terremoto de magnitud 7,5 grados sacudió el centro de Panamá y provocó un deslave en la antigua mina de Remance, en la provincia de Veraguas. El derrame arrastró residuos con arsénico y cobre hacia suelos y fuentes de agua que abastecen a comunidades enteras.
Remance llevaba, 27 años abandonada, sin un proceso de cierre formal cuando ocurrió el sismo. No fue una fatalidad geológica: fue la consecuencia previsible de un modelo en el que las empresas extraen, se van y dejan al Estado —y a la gente— la factura tóxica.
Mi AMBIENTE reconoce que Remance es “un claro ejemplo de que un proyecto minero no debe ser abandonado sin un plan de cierre ordenado”.
Ese patrón no es nuevo. Santa Rosa/Cañazas colapsó en 1999 y contaminó ríos con cianuro. Petaquilla Gold/Molejón quedó inactiva desde 2014, con pasivos e insumos expuestos al clima tropical. Tres minas, tres abandonos, tres comunidades que hoy pagan con agua contaminada lo que otras facturaron como ganancia.
La historia panameña de la minería no es la historia de la responsabilidad empresarial; es la historia de la externalización del daño. Hoy, el Gobierno utiliza ese historial para impulsar una narrativa que suena técnica, pero es profundamente política: “abrir para cerrar” Cobre Panamá.
La Comisión Interministerial recomienda reabrir la mina de First Quantum para que sea el propio sitio el que genere los recursos necesarios para financiar su cierre ordenado, “sin costo para el Estado”. El ministro de Economía lo dice sin ambages: el cierre debe ser asumido íntegramente por la operación minera, cero costos fiscales.
La trampa está en la palabra “operación”. First Quantum no ofrece un fondo de garantía, ni un seguro ambiental, ni un patrimonio autónomo que responda por el cierre. Ofrece volver a extraer para, supuestamente, pagar el cierre futuro. Pero el informe no define cuánto tiempo operaría la mina, bajo qué condiciones concretas ni con qué límites verificables.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) lo ha dicho con claridad: “abrir para cerrar” es un eufemismo para una reactivación sin fecha de caducidad. Y el concepto, técnicamente, no existe en la industria minera mundial.
Lo que sí existe es el plan de cierre que Cobre Panamá ya tenía aprobado desde 2011, dentro de su Estudio de Impacto Ambiental categoría III. Ese plan existía antes de la paralización, antes del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 y antes de que el Gobierno convirtiera el cierre en una moneda de cambio.
Si First Quantum quiere demostrar que no es Remance, no necesita reabrir la mina: necesita ejecutar el cierre que ya debía estar financiando y garantizando.
La narrativa oficial invierte la carga de la prueba. En lugar de exigir a la empresa que constituya garantías financieras suficientes y ejecutables —como exige la lógica del ”polluter pays”—, el Estado le ofrece un nuevo permiso de explotación como condición para que cumpla una obligación que ya tenía. Es como permitirle a un inquilino que inundó el apartamento seguir viviendo allí para que, con el alquiler, pague la reparación del daño que causó.
Remance debería enseñarnos lo contrario. El Estado panameño gastó 780.000 dólares en sistemas de tratamiento de agua de emergencia para comunidades afectadas por un pasivo que llevaba casi tres décadas abandonado.
Cuando la empresa se fue, el costo lo asumió el presupuesto público. Con Cobre Panamá, la escala es incomparablemente mayor: la Comisión estima que el cierre y el mantenimiento posterior podrían extenderse entre 17 y 19 años, y algunos análisis hablan de 20, 30 años o más. Si el mecanismo para financiar ese cierre es “volver a producir”, entonces el cierre no tiene fecha, la producción no tiene techo y la responsabilidad de First Quantum se diluye en una operación que nadie sabe cuándo termina.
La posición coherente no es “no cerrar”. Es cerrar sin abrir. Exigir que First Quantum ejecute el plan de cierre ya aprobado, que constituya garantías financieras reales —no promesas de flujo de caja futuro— y que responda con sus activos por los pasivos que generó. El Estado puede y debe fiscalizar, sancionar y, si es necesario, litigar. Lo que no debe es convertir el cierre de una mina en el argumento publicitario para reabrirla.
Remance no fue un accidente. Fue el resultado de un modelo que permite que una empresa explote, se retire y deje el veneno atrás. Si Panamá acepta “abrir para cerrar”, estará firmando el permiso para que ese modelo se repita, esta vez a una escala que ningún presupuesto de emergencia podrá remediar.
El Estado debe presentar un plan específico para Remance, Santa Rosa/Cañazas, Petaquilla y el sitio de Cobre Panamá, con metas verificables, auditoría independiente y asignación presupuestaria. Ese plan no requiere una nueva ley de minería ni un nuevo contrato; requiere voluntad política y cumplimiento de la normativa existente.
Las comunidades de Remance, Donoso y las comarcas deben tener voz y voto en el diseño, monitoreo y verificación del cierre. No se trata de «socializar» decisiones ya tomadas, sino de co-gestión del territorio y de los recursos hídricos.
La narrativa de ”abrir para cerrar” es criticable porque convierte una obligación (cerrar) en un permiso (abrir), invierte la carga de la prueba y desconoce el mandato popular y judicial. Pero rechazarla no significa abandonar los pasivos ambientales. Al contrario: exigir el cierre ordenado sin contrapartida extractiva es la posición más coherente con la justicia ambiental y con la soberanía popular. Panamá puede y debe cerrar sus minas abandonadas; lo que no debe es utilizar ese cierre como moneda de cambio para reabrir la minería que la población ha rechazado
