Política exterior de Panamá sin rumbo fijo

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Política exterior de Panamá sin rumbo fijo

Para definir la política exterior de un país, se requiere tener claro el interés nacional y disponer de un proyecto con metas y objetivos claros. De allí, es posible partir para identificar las prioridades en distintos campos de la gestión pública, como la seguridad y la defensa, la economía y el desarrollo, la formación de recursos humanos, y las relaciones internacionales.

Luego, es necesario distinguir lo esencial y lo estratégico, y ordenar y privilegiar las tareas necesarias de una agenda país. Los elementos esenciales son los más importantes para asegurar el éxito del mandato gubernamental, pero los estratégicos son aquellos que hay que resolver para alcanzar otros objetivos.

Tras obtener un éxito relativo en la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en 2015, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela pareciera haber entrado en un confuso accionar de política internacional, que ni sus allegados más cercanos entienden.

La más reciente y sonada de todas: la publicitada participación de Panamá en la Coalición Internacional bélica contra el Estado Islámico, que a raíz de los sucesos en París, Francia, vino a recibir las críticas más contundentes de la opinión pública nacional, al no comprender lo esencial de esa decisión.

Pero no ha sido el único traspié. En materia de política exterior, hay otras decisiones cuestionables. Nunca fue clara la posición, ni la explicación oficial, en la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto al diferendo colombo-venezolano, surgido en la zona fronteriza entre ambos países. Hubo una pretendida posición de mediación que deseaba jugar este país y que nunca se ejecutó.

Panamá evaluaba recibir a refugiados sirios en su suelo, sin medir las consecuencias de tal decisión. Los hechos recientes de terrorismo en Francia sugieren prudencia y un exhaustivo análisis.

Parece que el gobierno panameño no logra definir una clara posición sobre el conflicto en el Cercano Oriente, incluido el tema palestino, así como las relaciones diplomáticas con el pueblo saharaui, abandonadas por la administración Martinelli. El problema persiste, porque el gobierno abriría relaciones con el Reino de Marruecos.

Por otro lado, no ha sido encontrada una solución definitiva al diferendo comercial con Colombia, pese al fallo reciente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a favor de Panamá, y Venezuela (deuda que mantienen vigente empresarios venezolanos con la Zona Libre de Colón).

Otro asunto que despierta recelos, es el manejo de la migración de cubanos en la caribeña población de Puerto Obaldía. Ello revela las debilidades de Panamá para disponer de una política migratoria a favor de los intereses nacionales. Es reconocido el hecho de que este país comparte con Colombia una frontera porosa, utilizada en el tráfico ilegal de personas, armas y drogas.

Todos los hechos mencionados confirman que es impostergable reorientar la política exterior del país, que debe abandonar, en forma inmediata, la Coalición Internacional contra Estado Islámico. Así lo hizo Canadá, al desmarcarse de pactos bélicos que comprometían el envío de tropas canadienses a otros territorios.

La capacidad negociadora de Panamá, en función del Canal de Panamá, es irrepetible por las circunstancia de aquella época. Pero, la experiencia de haber potencializado el territorio, al darle un alto valor estratégico, es algo que no tiene precio. La existencia de una vía interoceánica, codiciada por grandes potencias, exige desplegar una política exterior de fortalecimiento del Derecho Internacional.

Panamá debe apelar a la integración, a los foros de búsqueda de diálogo y negociación en el ámbito latinoamericano, y de solidaridad con aquellas causas que dan prioridad al entendimiento entre las partes. Ello significa, que no hay que encasillarse en bloques, ni caer en el aislamiento político voluntario, sino privilegiar la defensa de los principios de autodeterminación, soberanía y neutralidad.

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