“El uso más colectivo” y un plan de desarrollo nacional

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Áreas el Canal de Panamá convertidas en centro de la codicia de las multinacionales.

“El uso más colectivo” y un plan de desarrollo nacional

Por Marco A. Gandásegui, (hijo)
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)

La política neoliberal –“primero los negocios”– asomó su cabeza en la entidad que administra la vía interoceánica: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Siguiendo el patrón sentado por la corrupción en las políticas de seguridad, salud, obras públicas y las demás, salió a relucir un contrato de la junta directiva de la ACP que beneficia a un grupo de empresarios y pone en peligro el futuro de la vía acuática.

En 1977, el general Omar Torrijos, jefe de Gobierno panameños, manifestó que la transferencia del Canal y la desaparición de la antigua Zona del Canal, tenía que beneficiar al país para lo cual había que darle “el uso más colectivo posible”. Es decir, todos los sectores sociales tenían que beneficiarse de esta conquista producto de las luchas libradas por varias generaciones panameñas.

En 1996. los gobernantes de turno, que se decían herederos de Torrijos, transformaron radicalmente el objetivo señalado dos décadas antes. La nueva concepción desplazó a un segundo plano el rol de la Nación panameña como guía de los procesos de recuperación de las áreas revertidas y de la política relacionada con el Canal. El objetivo que se impuso a partir de la década de 1990, que recoge el Plan general de uso de las áreas revertidas, de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), estableció “el mercado como la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos”.

Según este enunciado, el mercado y no la Nación panameña determinaría el futuro curso de las áreas revertidas y del Canal de Panamá. Las dificultades que enfrenta esta propuesta, la inestabilidad política que provoca esta noción ideológica y los obstáculos que representa para rescatar los objetivos históricamente identificados con las luchas nacionales son obvios.

Desde la creación de la ACP fue blindada para evitar que la política partidista penetrara la estructura de sus decisiones. Incluso, se incorporó un Capítulo en la Constitución de la República para proteger la administradora del Canal. El objetivo que perseguía el blindaje, sin embargo, no era para evitar la “politiquería”. Más bien era para promover los negocios de los rentistas y especuladores que se apoderaron de la directiva de la ACP.

Hasta la fecha, hay un divorcio entre las actividades del Canal y el desarrollo de Panamá. Mientras que el primero prospera para un pequeño grupo de empresarios, el resto del país pareciera retroceder: El agro colapsó, la industria desapareció, la pesca se ahogó y la minería pretende acabar con el ambiente. Las cifras son elocuentes. El sector marítimo y sus diversas actividades (especialmente el Canal), han crecido a una tasa promedio anual de dos dígitos en los últimos 15 años. En cambio, el resto de la economía está estancada y crece a un promedio del cero por ciento al año.

Los rentistas que controlan el gobierno panameño desde la invasión militar norteamericana de 1989, siempre han visto el Tratado del Canal firmado en 1977 como una oportunidad para apropiarse de los excedentes que genera la posición geográfica del Istmo. Durante el siglo XX estas ganancias eran exclusivamente para la industria marítima norteamericana que aprovechó la construcción del Canal (1904-1914) y su administración por el Ejército de EEUU (1906-1999). A pesar de que Washington traspasó las operaciones del Canal (y las enormes ganancias que genera) a Panamá, todavía mantiene una estrecha vigilancia sobre sus actividades.

La preocupación de Washington está –en gran parte– en asegurar que el régimen de agua para el funcionamiento del Canal no corra riesgos. Desde hace 20 años, creó varias organizaciones que vigilan la cuenca del Canal y coordinan con la ACP. Precisamente, estas ONG han denunciado el contrato de la directiva de la ACP con empresarios rentistas para explotar la ribera del Canal. La ACP admite que le cedió o vendió (hay que aclarar este asunto) a North Properties más de 5 hectáreas. La empresa –creada para adquirir el polígono– parece haberse apropiado de 8,3 hectáreas.

La destrucción del área colindante con el curso del Canal pone en duda si los objetivos de los ideólogos neoliberales que se apoderaron del país hace 25 años son cónsonos con sus propósitos: convertir el mercado en la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos. Hay que recuperar la noción de Torrijos y darle el uso más colectivo a nuestra posición geográfica: El país necesita un plan de desarrollo nacional.

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