El buen padre de familia.

Maneja los asuntos del Estado con la eficiencia de sus propios negocios

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El buen padre de familia.

Los funcionarios negligentes, poco prudentes, que no manejan los asuntos del Estado con el cuidado que suelen emplear en sus propios negocios, cometen un delito equivalente al dolo. Es decir la negligencia, pereza, la incompetencia y la complicidad son contrarias al principio del buen padre de familia.

Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital

Quienes de niño no jugaron con candela ni recibieron el pescozón de la abuela, son incapaces de entender que los fósforos encendidos queman .

Seguramente, una abuela previsora nos habrá dicho: “niño no juegues con candela que te quemas”. Pero como la luz del fuego era más alucinante que la experiencia acumulada, a escondidas sucumbimos a la tentación. En el mejor de los casos, una insignificante quemadura en los dedos de ambas manos, el grito de dolor y el pescozón. En casos más dramáticos, prendimos fuego a la casa y la abuela, con la mano colocada sobre la cabeza, gritaba: ¡chiquillo de porra, te dije que esto iba a suceder!

La corrupción es un animal de tres patas: las empresas que sobornan, funcionarios públicos corruptos o con la intensión de serlo, Órganos del Estado que encubren y no actúan como un buen padre de familia.

En Administración Pública enseñamos que todos los funcionarios deben realizar con diligencia y prudencia las funciones que le son propias al cargo para el que fueron electos o nombrados y, de administrar los bienes del Estado como un buen padre de familia. Los funcionarios negligentes, poco prudentes, que no manejan los asuntos del Estado con el cuidado que suelen emplear en sus propios negocios, cometen un delito equivalente al dolo. Es decir la negligencia, pereza, la incompetencia y la complicidad son contrarias al principio del buen padre de familia.

La triada de la corrupción está presente en el escándalo de los sobornos de Odebrecht y pone de manifiesto la incompetencia de la administración Varela en el manejo de los asuntos del Estado. De hecho, va en sentido contrario a su exitoso desempeño en sus propios negocios y se aleja del principio del buen padre de familia.

Reduccionismo de las autoridades panameñas.

Es un escándalo la confesión de la constructora, la sindicación ante las autoridades norteamericanas de funcionarios del período 2009 -2014 y el reduccionismo de las autoridades panameñas, que apelan a la cooperación de Odebrecht en las investigaciones, que supone eximirla de responsabilidades y la devolución de 59 millones de dólares del soborno.

¿Cómo no calificar como imprudente que no se hayan anulado los contratos en ejecución concedida en la pasada administración, como ya lo hizo Ecuador y Colombia?

Al parecer, la única solución es la Ley “salva ladrones”.

¿Cómo calificar la incompetencia de las autoridades, que no abrieron oportunamente las investigaciones y solicitaron la asistencia legal a las autoridades de Brasil? ¿Por qué no se han producido detenciones en Panamá, como las que se dan en Colombia? ¿Por qué? Al parecer, la única solución es la Ley “salva ladrones”, como la que se dio en la Italia de Berlusconi.

¿Cómo no calificar como negligente e incompetente la contratación de la Constructora Odebrecht, por más de 2.300 millones de dólares, durante la presente administración, en momentos en que se juzgaba y condenaba a su presidente Marcelo Odebrecht? La decisión del Citigroup, de retirar el financiamiento, podrá producir sobrecostos e incluso poner en riesgo la culminación de la Línea 2 del Metro.

Lo que corresponde al Ministerio Público es activar la Asistencia Legal Mutua

A confesión de parte relevo de prueba. No hay nada que negociar, Odebrecht confesó y no entregarán más información a Panamá de la que ya han proporcionado. De lo contrario su acuerdo con las autoridades judiciales de los Estados Unidos caería en perjurio y sería sancionado con la cárcel. Lo que corresponde al Ministerio Público es activar la Asistencia Legal Mutua para recabar información de los implicados y aplicar una multa a la constructora por corrupta de al menos 1,000 millones de dólares correspondientes a los presuntos sobornos (no la devolución 59 millones como pretenden los abogados de Odebrecht)  e inhabilitarla para realizar contrataciones con el Estado panameño. El Ejecutivo debe rescindir los contratos y ejecutar la fianza por las prácticas corruptas y la falta de financiamiento. En este contexto el proyecto de Ley 245 es innecesario, por tanto la Asamblea Nacional debe abstenerse de aprobarla, porque con ello se legitimarían las tres patas de la corrupción.

Quienes de niño no jugaron con candela ni recibieron el pescozón de la abuela, son incapaces de entender que los fósforos encendidos queman y que su incompetencia y débil formación en Administración Pública puede prender el país. Ellos, como funcionarios, aún no aprenden que deben manejar los asuntos del Estado con la eficiencia de sus propios negocios ¡Como un buen padre de familia!

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