Educación sexual en la mira en Panamá

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La educación sexual es un tema pendiente en la agenda pública.

Educación sexual en la mira en Panamá

Por Marco A. Gandásegui, hijo
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA “Justo Arosemena”.

En Panamá se ha desatado –a buena hora– un debate sobre la educación sexual en las escuelas del país. La discusión gira en torno al proyecto de ley que está en la Asamblea de Diputados y a las guías sobre educación sexual que prepara el Ministerio de Educación.

Los defensores de la iniciativa legal y de la educación sexual presentan sus alegatos, sustentados en las nociones de la ‘modernidad’ que se introdujeron en el mundo en el siglo XIX. (Cualquiera diría que en Panamá estamos un poco atrasados. Pero bienvenido el debate). La modernidad sostiene que las relaciones sociales deben basarse en nuestra capacidad de razonar. Esto criterios deben superar las supersticiones que predominan en las llamadas sociedades “tradicionales”. Para justificar este concepto de “modernidad” se hace alusión a los avances de la ciencia y de la tecnología.

Hay otros que defienden la educación sexual sobre la base de las grandes transformaciones que caracterizan la sociedad panameña. Se destaca entre estos cambios, el hecho que Panamá ya no es una sociedad rural y se ha convertido en un país urbano. La economía agrícola, se ha convertido en una economía de “servicios” con todos los males de la flexibilización y la desregulación asociados con ese modelo de crecimiento.

Hasta hace poco se pensaba que, en la medida que desaparecía la familia campesina, con sus valores muy definidos y consolidados, sería reemplazada por la familia obrera, conservadora de valores asociados con la educación, el trabajo y el control en el hogar. La expansión de la familia obrera (clase media consumidora) se truncó a fines del siglo XX resultado de las políticas económicas de una clase dominante devoradora e irresponsable. Como consecuencia, en Panamá tenemos una familia desintegrada. Mientras había una familia campesina o una familia obrera, con sus diversas instituciones sociales, existía una estructura dentro de la cual la educación sexual de los adolescentes y jóvenes se desenvolvía. En la actualidad, sin embargo, con una mayoría de familias desintegradas, la educación sexual se limita a sectores muy limitados.

La elite conforma el uno por ciento de la población. Las llamadas capas medias otro 20 por ciento. Los sectores vulnerables –familias sin empleo formal, sin seguridad social, hijos “ni-ni” (ni educación ni trabajo)– representan casi el 80 por ciento de la población.

La legislación sobre educación sexual tiene que prever este contexto desfavorable. Hay que reorientar la política económica vigente en el país, para que contribuya a la consolidación de la familia. Incluso, algunos economistas neoliberales que diseñan las políticas públicas reconocen sus errores y declaran su disposición a introducir reformas.

Quienes se oponen al proyecto de ley que reposa en la Asamblea de Diputados, no son muy coherentes. A pesar de ello, tienen un fuerte apoyo de fuerzas conservadoras que se refugian en antiguas posiciones de la Iglesia Católica y en los intereses de muchas congregaciones evangélicas.

Quienes atacan la ley, señalan dos puntos importantes que deben ser considerados. Por un lado, se preguntan con razón ¿quiénes son los responsables en materia sexual en las escuelas y colegios? ¿Son educadores formados en la materia o serán improvisados? En la actualidad, hay muchos maestros en “escuelas ranchos” (en ciudades y en el campo) que dan múltiples materias a un número plural de grupos. Además, las tasas de deserción crecen anualmente. ¿Quién atiende las necesidades de estos jóvenes que no tienen orientación en sus hogares y no asisten a la escuela?

Por el otro, hay grupos que dicen que el proyecto de ley está promoviendo un “negociado” entre funcionarios y empresas norteamericanas que se dedican a los programas de “control de la natalidad” a escala mundial. Sin duda, es un negocio multimillonario del cual Panamá no debe ser víctima. Si existe esa percepción, es porque en algún momento se produjo un incidente que lo justifique. Lastimosamente, todos los gobiernos recientes han sido y son acusados de corrupción, aceptando propuestas ilícitas de empresas nacionales y extranjeras.

El gobierno y los legisladores tienen que enfocar el problema de la educación sexual, teniendo en cuenta la realidad del país. También tienen que borrar cualquier percepción de negociados o de improvisaciones. Hay sectores –minoritarios– que se oponen a que la juventud tenga todas las oportunidades que le ofrece el enorme potencial de Panamá. El colapso del sistema educativo, en general, y la falta de educación sexual, en particular, son parte de un mismo problema.

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