Dos trampas de rebote

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La balanza de la Justicia es oscilante.

Aunque en principio ha sido criticado el estilo lento del gobierno y su falta de ejecución, ahora una serie de problemas sin respuestas se van tejiendo en su entorno, y por lo menos dos parecen trampas de rebote.

El primero de ellos es el caso del Ministerio de Vivienda y del Programa de Ayuda Nacional (PAN), ahora DAS, en el que son señalados delitos como la división de materia y la selección previa de empresas que fueron favorecidas en la compra de equipos. Y es una trampa que rebota porque se sabe que por la aplicación de sistemas como ese, la administración Varela mantiene bajo proceso al ex ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, pese a haber pagado una fianza de excarcelación.

Habría que examinar cuán cierta es la acusación que pesa sobre De Lima y ahora sobre Mario Etchelecu y Roberto Stanziola, ministro de Vivienda y director del DAS respectivamente, considerando que, preocupados por los retrasos que genera la burocracia del Estado, algunos gobiernos apelan a mecanismos que aceleren la ejecución de sus programas, sin que ello signifique infringir la ley. Claro que en ambos casos falta esclarecer lo de las empresas favorecidas tras selección previa.

Pero, el que DAS y Miviot hayan aplicado las mismas medidas que la administración Martinelli con objetivos similares, coloca al gobierno ante un dilema: O De Lima es culpable y merece prisión, en cuyo caso la misma medida merecerían los involucrados en el caso Miviot-Pan, o, por el contrario, todo el mundo es inocente y De Lima debe estar libre. El segundo caso toca al asesor Ramón Fonseca Mora, conocido abogado de la localidad, panameñista de vieja data y por demás, escritor laureado.

La administración Varela, en su primer año de ejercicio y más recientemente con advertencias sobre narcopolítica, no ha dejado espacio para la duda, en cuanto a su lucha contra el crimen organizado, que incluye el “lavado” de las ganancias provenientes de las actividades ilícitas. Las acusaciones formuladas contra la filial en Brasil de la firma de abogados que encabeza Ramón Fonseca Mora, es una incómoda situación que reclama al gobierno decisiones al respecto, porque no se puede nadar en dos aguas. O se lucha contra el crimen organizado y todas sus manifestaciones, o no se hace, y es necesario omitir manifestaciones al respecto.

Una tercera opción sería explicar por qué el caso de Mossac y Fonseca en Brasil no afecta a la firma en su conjunto. Mientras no se haga, las acusaciones lanzadas en contra de Mossac y Fonseca, podrían estar dejando un estrecho camino al presidente Juan Carlos Varela.

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