Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
• Transparencia, fiscalización y protección de los recursos de la seguridad social.
• Paraguay y Panamá: la administración de los fondos de la seguridad social.
Lo ocurrido en Paraguay, en torno a las investigaciones relacionadas con la utilización y colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, plantea importantes cuestionamientos sobre la transparencia, los posibles conflictos de intereses y la responsabilidad de quienes administran fondos destinados a garantizar la protección social de los ciudadanos.
Los allanamientos, las imputaciones y la documentación recopilada por las autoridades constituyen elementos que deben examinarse rigurosamente mediante investigaciones financieras, documentales y administrativas. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer las operaciones, determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse, respetando las garantías del debido proceso.
En Panamá, el debate sobre la situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) también exige una mirada histórica, financiera e institucional. La información divulgada por la institución, correspondiente al 30 de septiembre de 2026, reporta 15.254,2 millones de dólares en inversiones financieras y depósitos bancarios.
Esa cifra obliga a examinar no solamente cuánto dinero administra la CSS, sino también dónde se encuentran colocados sus recursos, qué rendimiento producen, cuáles son los riesgos y qué mecanismos garantizan su recuperación y disponibilidad.
La CSS no solamente administra servicios de salud. Además, gestiona importantes recursos financieros destinados a respaldar las pensiones y jubilaciones. Por consiguiente, la rentabilidad de las inversiones, la seguridad de los depósitos, la recuperación de los préstamos y la transparencia de las operaciones constituyen asuntos de interés público.
Tres posiciones que merecen atención:
A partir de las intervenciones públicas de Saúl Méndez, Rodolfo Rodríguez y Crispiano Adames, surgen diferentes planteamientos que merecen ser examinados sin prejuicios ni posiciones partidistas.
Saúl Méndez sostuvo que: «La reforma no es para salvar el sistema financiero, sino para privatizar las pensiones y eliminar el concepto de solidaridad». Su planteamiento introduce el debate sobre el papel del Estado en la garantía de la seguridad social, el principio de solidaridad y las posibles consecuencias de las reformas sobre las pensiones y los derechos de los asegurados. Se trata de una posición política que debe contrastarse con el contenido concreto de las disposiciones legales y sus efectos.
Por su parte, Rodolfo Rodríguez defendió la función social y la rentabilidad de los centros de préstamos de la CSS. En su exposición, señaló que la cartera de préstamos personales manejaba aproximadamente 140 millones de dólares, mientras que el centro hipotecario administraba otros 62,3 millones de dólares.
Esas cifras, atribuidas a su intervención, deben contrastarse con los estados financieros, los niveles de morosidad, los intereses percibidos y los resultados efectivos de dichas carteras.
Crispiano Adames, por otro lado, recordó antecedentes históricos relacionados con la utilización de recursos de la CSS para financiar proyectos de infraestructura, actividades empresariales, inversiones inmobiliarias y programas de vivienda. Entre los casos mencionados figuran el Hotel El Panamá, instituciones educativas, Cemento Panamá y otros proyectos cuya relación financiera con la Caja debe examinarse individualmente.
Algunos antecedentes cuentan con referencias documentales, mientras que otros requieren localizar los contratos, registros contables y documentos originales que permitan confirmar su participación.
Sus señalamientos abren una interrogante histórica: ¿hasta qué punto los recursos aportados por los asegurados fueron utilizados para financiar actividades y proyectos distintos de las prestaciones directas de la seguridad social, bajo qué condiciones se realizaron esas operaciones y cuáles fueron sus resultados?
Una investigación histórica y financiera necesaria
Considero necesario elaborar un expediente histórico-financiero de las inversiones de la CSS desde 1941 hasta 1989, comprendiendo los gobiernos civiles y militares. Asimismo, debe desarrollarse una segunda etapa que examine las operaciones realizadas entre 1990 y 2026.
La investigación debe identificar cuánto dinero prestó o invirtió la institución, quiénes recibieron esos recursos, qué condiciones se establecieron, cuáles fueron las garantías, cuánto se recuperó y qué obligaciones permanecen pendientes.
Asimismo, corresponde determinar si existieron deficiencias en los estudios de crédito, problemas de planificación, inversiones de baja rentabilidad o decisiones administrativas que pudieron afectar el patrimonio institucional.
Es importante distinguir entre las inversiones legalmente autorizadas, los proyectos de desarrollo nacional, los préstamos a particulares y las operaciones que eventualmente pudieron ocasionar perjuicios económicos. Cada caso debe analizarse con documentación y criterios financieros verificables.
Esa diferencia permitirá conocer qué proporción de los recursos de los asegurados se destinó al sector público, al sector privado, al desarrollo habitacional y a otras actividades económicas, así como los beneficios o pérdidas que generaron esas decisiones.
Reflexión integradora: Paraguay y Panamá
La experiencia paraguaya debe servir como referencia para fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. La administración de los recursos de la seguridad social no puede depender exclusivamente de la confianza depositada en quienes ocupan temporalmente los cargos directivos. Debe sustentarse en controles institucionales, documentación accesible, fiscalización y responsabilidades claramente establecidas.
En Panamá, los 15.254,2 millones de dólares reportados por la CSS al 30 de septiembre de 2026 hacen indispensable que los asegurados, jubilados, pensionados y ciudadanos puedan conocer cómo se administran sus recursos, qué instituciones los reciben, qué rendimientos producen y cuáles son las garantías que respaldan cada operación.
La pregunta no debe limitarse a cuánto dinero tiene la Caja de Seguro Social. También debemos conocer quién administra esos recursos, dónde están colocados, qué riesgos representan y qué mecanismos existen para garantizar que estarán disponibles cuando los asegurados necesiten sus prestaciones.
La transparencia no debe tener banderas políticas. Debe constituir un compromiso institucional y ciudadano con la protección de los asegurados y el futuro de Panamá.
Una reflexión final
«Los recursos de la seguridad social no pertenecen a quienes temporalmente los administran; pertenecen a una sociedad que deposita en ellos su confianza y su futuro. Cuando la transparencia se debilita, la vigilancia ciudadana debe fortalecerse.
Panamá no necesita permanecer en la oscuridad de las dudas: necesita una antorcha que ilumine los hechos, identifique los riesgos y contribuya a impedir que los recursos de todos terminen beneficiando intereses particulares».
¡Juntos trabajemos a favor de la paz, la justicia social y la convivencia pacífica!
